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Aprobación de facultades fortalecerá regulación migratoria y lucha contra la criminalidad – Diario Nacional Realidad.PE
La reciente aprobación de facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana contribuye con la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado, precisó el Ministerio del Interior (Mininter).
Dicho paquete normativo se suma a las herramientas legales que le permitirán al Estado poner en marcha una batalla integral por la seguridad ciudadana, informó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien a la vez saludó la disposición de los congresistas en aprobar la delegación de facultades al Ejecutivo y contribuir en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
Precisó que seis ejes normativos del proyecto presentado por la presidenta Dina Ercilia Boluarte, el pasado 28 de julio, fueron aprobados sin ninguna modificación.
Entre ellos se encuentran el fortalecimiento de las medidas de atención frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como la agilización del proceso de búsqueda, atención y difusión frente a casos de desaparición de personas vulnerables.
A ello se suman las acciones referidas a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, en el marco de una lucha directa contra los mercados negros. Asimismo, se aprobó propuestas para fortalecer la disciplina policial mediante la aplicación oportuna y eficaz de sanciones al personal policial que haya vulnerado el Régimen Disciplinario PNP.
Cabe resaltar que otros ejes normativos también fueron aprobados por el Parlamento, pero con textos sustitutorios, mientras que hay cuatro que no fueron aprobados y serán retomadas mediante proyectos de ley (iniciativas legislativas).
Entre las propuestas con textos modificatorios figuran el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos, haciendo frente a la delincuencia, en irrestricto respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Otro punto clave fue la aprobación de la actualización del marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, incorporando delitos aduaneros, delitos relacionados con la pesca ilegal y delitos contra los derechos intelectuales.
En relación al control migratorio, se acordó potenciar el marco normativo para ampliar el plazo para la identificación de extranjeros hasta por 12 horas; fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia e incluir la tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios; así como fortalecer las funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
También se aprobó la autorización del uso de recursos del canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la renovación del parque automotor.
Se suma también la modificatoria del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho a reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.
El ministro Vicente Romero destacó que el Mininter también trabajará intensamente contra el crimen organizado, repotenciando la criminalística, mejorando la salud policial y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).
Finalmente, informó que las propuestas para establecer el marco normativo para la evaluación de la idoneidad del personal policial, y la iniciativa de “modificatoria de la Ley 30299 para el control de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, y evitar su desvío hacia el mercado ilegal”, serán retomados a través de iniciativas legislativas del Ejecutivo.
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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN EN EL TOP 3 DE UNIVERSIDADES CON MÁS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN EN EL PAÍS
La Universidad Señor de Sipán (USS) alcanzó el tercer lugar a nivel nacional en solicitudes de patentes de invención durante 2025, consolidándose como una de las instituciones líderes del país en innovación, investigación aplicada y gestión estratégica de la propiedad intelectual.
Durante el año, la USS registró 30 solicitudes de patentes, resultado de una política institucional orientada a proteger y valorizar el conocimiento generado en sus aulas y laboratorios, convirtiendo la investigación científica en soluciones concretas para la sociedad. Las tecnologías desarrolladas se enfocan principalmente en propuestas biotecnológicas y funcionales de origen natural, con aplicaciones en salud, bienestar, dermatología, control sanitario y prevención de enfermedades.
“Este logro refleja el compromiso de la USS con una investigación que trasciende lo académico y se convierte en innovación al servicio del desarrollo regional y nacional. Apostamos por una ciencia con impacto real en la vida de las personas”, destacó la Dra. Oriana Rivera Lozada de Bonilla, vicerrectora de Investigación.
El posicionamiento alcanzado por la USS también se proyectó internacionalmente con reconocimientos en los certámenes Kiwie 2025 e iCAN 2025, donde obtuvo nueve medallas y cuatro premios especiales a la innovación, fortaleciendo su prestigio como institución generadora de conocimiento competitivo a nivel global.
Asimismo, la USS fue beneficiaria de un fondo de ProCiencia, como entidad asociada, en el marco del Concurso de Desafíos de Innovación para el Desarrollo Regional 2025, mediante un proyecto orientado a la mejora de fibras para la industria textil.
Este resultado, obtenido desde su sede central, marca también la ruta que la universidad busca consolidar en su proceso de expansión nacional. Con la apertura de sus nuevas filiales en Lima, Trujillo y Piura, la USS proyecta fortalecer la misma línea de investigación, innovación y transferencia tecnológica en beneficio de más regiones del país.
De cara al 2026, la USS ha definido como prioridad fortalecer la captación de financiamiento externo para nuevos proyectos de I+D+i, reafirmando su compromiso con la ciencia, la innovación y la transformación del Perú.
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JEE LIMA OESTE 3 AFIANZA PACTOS SOCIALES EN SURCO, LA MOLINA, CHORRILLOS Y BARRANCO PARA FORTALECER VOTO INFORMADO
Rumbo a las Elecciones Generales 2026
- Organismo electoral de primera instancia intensifica acciones de orientación ciudadana y promoción del Pacto Social
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3, en el marco de las acciones de promoción del Pacto Social “Liga de la Democracia por un Voto Informado”, logró la suscripción de 11 pactos en los distritos de Santiago de Surco, La Molina, Chorrillos y Barranco, iniciativa destinada a ampliar la difusión de información electoral oficial y fortalecer la participación ciudadana de cara a las Elecciones Generales (EG) 2026.
Durante las jornadas informativas el Facilitador e Implementador de Voto Informado (FIVI) de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), brindó orientación a jóvenes, emprendedores, docentes, estudiantes y personal administrativo sobre los requisitos de las autoridades a elegir, el proceso electoral y la importancia del voto responsable.
Esto, mediante dinámicas lúdicas y material pedagógico, se reforzaron conocimientos electorales y se promovió una cultura cívica informada en distintos espacios académicos y comunitarios.
El JEE Lima Oeste 3 destacó que entre los nuevos espacios institucionales suscritos al Pacto Social figuran la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), en La Molina, y la Institución Educativa José María Eguren, en Barranco, cuyos aliados se comprometen a difundir información electoral verificada a través de sus plataformas y entornos institucionales, ampliando el alcance del Programa Voto Informado rumbo a las EG 2026.

El organismo electoral informó que continuará impulsando la suscripción de nuevos pactos sociales en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias, con el fin de fortalecer la red de aliados y asegurar que más ciudadanos accedan a información oficial, clara y oportuna para el proceso electoral.
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