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bancada presenta proyectos que afectarían al SPP

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Perú Libre impulsa iniciativas que proponen la libre desafiliación de los aportantes a las AFP y el retiro de hasta el 70% de los fondos de las CIC.

La bancada parlamentaria de Perú Libre presentó el último viernes dos proyectos de ley que afectarían considerablemente al Sistema Privado de Pensiones (SPP): uno relacionado a un nuevo retiro de fondos de pensiones de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), y otro a la desafiliación a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La primera de estas iniciativas establece la posibilidad de que los afiliados a las AFP puedan retirar hasta el 70% de los fondos de sus CIC a fin de “mitigar la actual crisis económica por la que atraviesa el país”.

Cabe señalar que actualmente en el Congreso hay hasta 5 proyectos de ley (4 de ellos presentados por actuales y exmiembros de la bancada de Perú Libre) que tienen como objetivo autorizar nuevos retiros anticipados de los fondos de los afiliados a las AFP.

El segundo proyecto propone que las personas puedan desafiliarse libremente de la AFP en la que están inscritas actualmente, y que, además, puedan disponer del 70% del total de sus aportes, quedando el 30% de estos en calidad de intangible y que serán transferidos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ambas iniciativas son de autoría del congresista de Perú Libre Américo Gonza Castillo, quien también ha presentado un proyecto de reforma constitucional cuyo propósito es modificar el régimen económico del Perú a través del cambio de los artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 65 de la Constitución.

Al respecto, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Juan José Marthans manifestó a Perú21 que medidas de este tipo carecen de sentido en un momento en el que ya se han anunciado reformas al SPP.

Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, anunció durante una breve conferencia de prensa que su cartera presentará este mes un proyecto de reforma al SPP.

 

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Ministro Alcántara: “No vamos a tomar ninguna decisión que vaya en contra de la población de Huacho”

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En reunión con la congresista Vivian Olivos, titular del MINJUSDH reafirmó que se priorizará el diálogo técnico y la atención a las preocupaciones de las autoridades de la zona

8 de julio de 2025 – 2:38 p. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano, presidió una reunión de trabajo con la congresista Vivian Olivos y alcaldes de Lima Provincias, para abordar las inquietudes relacionadas con el proyecto del nuevo penal de Huacho, que aún está en fase de preinversión.

Durante el encuentro, el titular del MINJUSDH reafirmó el compromiso del sector con el diálogo abierto y la búsqueda de consensos. “No vamos a tomar ninguna decisión que vaya en contra de la población de Huacho”, expresó de manera enfática el ministro Alcántara, en respuesta a las preocupaciones trasladadas por la parlamentaria y los alcaldes de Huaura, Santiago Cano; Caleta de Carquín, Hugo Bedón y Sayán, Alejandro Torres, presentes en la reunión.

El ministro Alcántara aseguró que todas las propuestas serán evaluadas con seriedad y transparencia. Indicó además que el MINJUSDH está abierto a construir espacios de diálogo institucional, a fin de fortalecer la comunicación y la toma de decisiones informadas.

“El desarrollo de infraestructura penitenciaria es parte de una política nacional de derechos humanos y seguridad ciudadana, pero debe estar en sintonía con el desarrollo urbano y el sentir de la población local”, sostuvo.

El proyecto penal de Huacho, está en fase de preinversión y forma parte del plan integral para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y mejorar las condiciones de reclusión en el país. Sin embargo, el MINJUSDH ha remarcado que ningún proyecto se impondrá sin antes dialogar, informar y concertar con los actores del territorio.

“Escuchar a la población es una obligación del Estado y es también la mejor vía para construir justicia con legitimidad”, finalizó el ministro Alcántara.

En esta reunión también participaron el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, y los funcionarios del MINJUSDH como Tiberio Robles, jefe de la oficina de Administración; Jaime Gómez director de Pronapres, y Sheyla Morales, jefa de la oficina de inversiones.

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Fijan en 150 mil toneladas el límite de captura de anchoveta para consumo humano directo en 2025

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció en 150 mil toneladas el Límite Máximo Total de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2025. La medida, oficializada mediante Resolución Ministerial Nº 000235-2025-PRODUCE, se aplica a toda la actividad extractiva artesanal y de menor escala en el litoral peruano.

La decisión se basa en un análisis técnico del comportamiento del recurso durante los últimos años y responde a la necesidad de fortalecer el abastecimiento de anchoveta para la industria de consumo humano directo, sin comprometer la sostenibilidad del ecosistema marino. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) respaldó esta medida con base en información científica actualizada.

“Esta medida refleja nuestro compromiso con una pesca responsable, que no solo protege el ecosistema marino, sino que además promueve el consumo humano directo como eje de desarrollo para las familias pesqueras del país”, afirmó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

El nuevo límite también busca impulsar el desarrollo de la pesca artesanal y consolidar la estrategia del sector orientada a diversificar el consumo de productos hidrobiológicos en la población. Esta política se alinea con los objetivos de seguridad alimentaria nacional y con el compromiso de PRODUCE por dinamizar las economías locales costeras.

“Estamos impulsando una política de ordenamiento pesquero que prioriza el bienestar de nuestros pescadores y el acceso de la población a alimentos de alto valor nutricional”, agregó Barrientos.

El monitoreo y fiscalización del cumplimiento de esta medida estará a cargo del PRODUCE, a fin de garantizar la trazabilidad y sostenibilidad del recurso durante todo el 2025.

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