Congresista Edgard Reymundo, esto se estaría ejecutando a fines del mes de enero o inicios de febrero para que el exmandatario responda por el caso de Anguía

Pedro Castillo tendrá que responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que buscará interrogarlo desde la cárcel en donde cumple prisión preventiva por 18 meses.

Según explicó el congresista Edgard Reymundo, esto se estaría ejecutando a fines del mes de enero o inicios de febrero para que el exmandatario responda por el caso de Anguía en donde también estaría involucrado el alcalde de ese lugar, José Medina Guerrero.

Por su parte, el parlamentario Héctor Ventura, quien preside esta comisión, indicó que existe la posibilidad de que Castillo Terrones brinde su declaración de manera virtual, tal como lo hizo el pasado 7 de diciembre por el caso de Salatiel Marrufo.

Sin embargo, esto no dependería del expresidente, ya que ahora es una persona civil, por lo que se debatirá si dicha sesión será virtual o presencial.

Son cinco los llamados a que testifiquen por este caso: Geiner Alvarado, exministro de Vivienda – investigado; Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo – testigo; Mirtha Vásquez, exprimera ministra – testigo; Hugo Espino, empresario – testigo; y Claudia del Pozo, exjefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia – testigo.

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La defensa legal del Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), David Medina, mano derecha del coronel Harvey Colchado, presentó un recurso de reconsideración a la resolución del Ministerio del Interior del 23 de diciembre del 2022 que resolvió pasarlo al retiro.

En el documento que accedió RPP Noticias, el Mayor PNP solicitó que se realice una adecuada evaluación de los oficiales «inmersos en el proceso de renovación de cuadros regular y se disponga mi reincorporación al servicio activo».

David Medina argumentó que no ha tenido procesos judiciales a lo largo de su carrera profesional en la institución policial.

En relación a la resolución ministerial, sostuvo que el argumento de renovación de cuadros «es una atribución exclusiva del poder Ejecutivo» en el marco de la función constitucional de la Policía, «sin vulnerar el proyecto de vida de un oficial PNP«.

Asimismo, señaló que la renovación de cuadros no procede ya que no cumple el requisito de límite de edad en el grado y que ello «no puede ser una autorización legal para vulnerar los proyectos de vida de los profesionales que conforman la institución policial y en función a las necesidades institucionales».