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Congreso de la República celebra su 201 aniversario de creación – Diario Nacional Realidad.PE

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El primer Congreso, inaugurado en 1822, fue el símbolo de una rebelión social frente al sistema de base aristocrático-estamental, dicen los historiadores. Hoy, dicho poder del Estado cumple 201 años de existencia y continúa siendo el recinto del debate político por excelencia y protagonista de muchos hechos que marcaron el país. Aquí su historia.

El 20 de setiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente, convocado por el libertador José de San Martín y realizado en la capilla de la universidad de San Marcos, ubicada en los terrenos donde hoy se sitúa el Palacio Legislativo.

Estuvo integrado por 79 diputados y 38 suplentes, pertenecientes a diferentes regiones del país. Las curules se distribuyeron a cada localidad teniendo en cuenta el censo poblacional publicado en 1797.

El primer presidente de dicho poder del Estado fue el parlamentario Francisco Javier de Luna Pizarro, quien se encargó de dar por instalado el Congreso Constituyente, siendo este un hito importante dentro del proceso emancipador.

Además, el Congreso Constituyente tuvo la misión de redactar la primera Constitución Política del Perú, la cual fue promulgada el 12 de noviembre de 1823. En total ha habido 12 constituciones, incluyendo la actual.

Por otro lado, en la Constitución de 1828 se instaura por primera vez la bicameralidad.

Los diputados, para asegurar el funcionamiento del Congreso, procedieron a nombrar a sus primeros servidores, encabezados por el oficial mayor Manuel Herrera y Oricaín, cuyo nombramiento fue aprobado en la sesión del 12 de octubre de 1822.

El oficial mayor ha sido, desde los primeros días de la existencia del Parlamento peruano, el funcionario técnico –no político– de mayor jerarquía.

Su gestión, a pesar de las múltiples variaciones de la actividad política, se ha efectuado en períodos prolongados, propiciándose así la continuidad institucional de las labores del Poder Legislativo. Algunos ejemplos los tenemos en Juan Martín Garro (1827-1849), Ricardo Ríos (1911-1945) e Ismael Echegaray (1950-1972).

Tradicionalmente, el Congreso de la República estuvo integrado por dos Cámaras: el Senado Nacional y la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas, las sesiones del Congreso se realizaban en el local que ocupaba la Cámara de Diputados, cuya secretaría actuaba a la vez como secretaría del Congreso. Igualmente, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados era, al mismo tiempo, la del Congreso de la República.

El sistema que establece una cámara de senadores y otra de diputados rigió hasta 1993 en el Congreso y estuvo presente en todas las constituciones anteriores a la actual, con excepción de la Carta Magna de 1967, que tuvo vigencia por pocos meses.

Las primeras congresistas mujeres llegaron al Poder Legislativo en 1956, tras aprobarse un año antes el voto femenino para las mujeres mayores de edad que supieran leer y escribir. Resultaron electas ocho diputadas y una senadora.

En la actualidad, el Congreso de la República está conformado por 130 legisladores, quienes son elegidos por los ciudadanos de las 26 circunscripciones electorales establecidas.

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Planillas en regiones y municipios casi se duplican en menos de una década

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La inversión pública creció en el primer semestre de 2025, pero persisten limitaciones en regiones y municipios, donde el gasto corriente —sobre todo en planillas— sigue en aumento.

La inversión pública registró un crecimiento real de 9.9 % en el primer semestre de 2025, la segunda mayor expansión en siete años, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este avance se dio en un contexto de mayor gasto corriente, especialmente en remuneraciones, lo que plantea dudas sobre la eficiencia del gasto. El Gobierno nacional lideró el crecimiento de la inversión (13.1 %), seguido de los gobiernos regionales (9.5 %) y locales (5.9 %). En enero, la inversión despegó —especialmente a nivel local— con un aumento de 112.8 %, aunque luego se moderó. A nivel regional, destacó el incremento en Amazonas (61.4 %) y La Libertad (37.9 %), mientras que Cusco (-28 %) y Ucayali (-26.5 %) registraron retrocesos.

Sin embargo, este repunte contrasta con una tendencia preocupante: el gasto en planillas de municipios y regiones continúa creciendo. En comparación con 2016, este componente casi se duplicó al primer trimestre de 2025. Solo en 2024, las remuneraciones aumentaron 29.6 % —el mayor incremento desde que se tiene registro— y en el primer semestre de este año, aumentó 5.5 % adicional, sin que ello se traduzca en una mejora proporcional en la calidad de los servicios públicos.

El IPE advierte que el reto no es solo cuánto se gasta, sino cómo y en qué se gasta. “Continuar mejorando la ejecución de la inversión pública requiere de un trabajo más articulado entre los gobiernos locales, por ejemplo, a través de las mancomunidades, de modo que se impulsen proyectos de mayor escala”, señala. Asimismo, propone ampliar el número de funcionarios capacitados bajo el régimen Servir y reforzar la recaudación municipal y la gestión del canon.

Fuente: Gestión

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Brechas territoriales y desigualdad limitan el desarrollo en el Perú

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Informe del PNUD alerta sobre desigualdades persistentes y la urgencia de políticas públicas diferenciadas.

El reciente Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que las brechas sociales y territoriales siguen frenando las oportunidades de millones de peruanos. Indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Densidad del Estado (IDE) evidencian desigualdades entre distritos y regiones, más allá de los promedios nacionales.

Según Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios peruanos, entender estas diferencias es clave para orientar políticas más efectivas. “Debemos dejar de pensar en políticas iguales para todo el Perú. Necesitamos políticas diferenciadas, que respondan a lo que pasa en cada lugar, a sus contextos y condiciones”, advierte. Además, resalta que “tenemos que dejar de pensar en intervenciones aisladas, llevar tal o cual servicio, o atender el problema del sector A o del sector B”.

El informe señala que el acceso desigual a servicios básicos, la fragmentación política y la desconfianza en las instituciones debilitan la gobernabilidad. Frente a ello, propone reforzar la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana para construir un círculo virtuoso entre efectividad estatal y legitimidad democrática.

Aunque la educación y la salud muestran indicadores positivos, la recuperación del ingreso aún es lenta y la pobreza monetaria continúa siete puntos por encima del nivel prepandemia. En ese contexto, Trivelli insiste en que fortalecer la gobernabilidad y reconstruir la conexión entre líderes y ciudadanos es clave para lograr políticas públicas que respondan a la realidad de cada territorio.

Fuente: InfoActiva

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