Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la empresa Petróleos del Perú (Petroperú) detectó un millonario perjuicio económico equivalente a S/ 1115 millones por la demora en la contratación oportuna del componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, lo que originó gastos y pagos a adicionales a contratistas y proveedores.
Según el informe del organismo fiscalizador, los hechos detectados provocaron un perjuicio económico de US$ 269 142 874.5 y otro de S/ 25 921 565.5 por pagos realizados a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2020.
En ese sentido, los resultados de la auditoría de cumplimiento advirtieron que ambos perjuicios económicos seguirán incrementándose hasta la entrada en operación de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios -cuya función es proveer servicios a los procesos de las unidades para la refinación de petróleo crudo- que fueron adjudicados a un consorcio de empresas privadas.
En entrevista con RPP Noticias, el contralor general de la República, Nelson Shack, comentó que se trata de la primera de tres auditorías que se van a llevar a cabo sobre el proyecto de la Refinería de Talara, al que calificó como «el más grande que se viene ejecutando» en todo el país y que empezó con un presupuesto mayor a los mil millones de dólares frente a un gasto final mayor a 5 mil millones.
«Lo que ha hecho la Contraloría es estructurar una estrategia de control integral y por tanto esa es la primera de tres auditorías que van a salir. Lo que se ha analizado en esta oportunidad son los resultados del proceso de selección y contratación de las unidades auxiliares y trabajos complementarios y ahí lo que ha ocasionado es un conjunto de decisiones que se han tomado con deficiencias, muchas veces sin tener la motivación técnica y financiera», señaló.
Las irregularidades detectadas en la auditoría
Según una auditoría de cumplimiento, cuyo período de evaluación fue de enero de 2014 a diciembre de 2018, funcionarios de Petroperú aprobaron que, a través de un «Acuerdo Complementario», se encargue a un contratista la selección para la tercerización de los Servicios Auxiliares de la Refinería de Talara, sin analizar las condiciones de contratación ni la conveniencia de su modalidad y evitando la aplicación de su Reglamento de Contrataciones.
Sin embargo, este encargo no culminó y tuvo que ser retomado por Petroperú, lo que ocasionó un desfase en el cronograma de ejecución del proyecto de seis meses y un perjuicio por US$ 56 086 754.73 y S/ 5 415 121.57 debido a pagos realizados por los servicios de tercerización a favor de la empresa encargada de las unidades del proceso y pagos posteriores al contratista y otros proveedores, derivados de la demora en contratar las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios.
Posteriormente, según la auditoría, la petrolera estatal decidió no continuar con el proceso de tercerización de las Unidades Auxiliares, encargado en el marco del “Acuerdo Complementario”, y en su lugar desarrolló un proceso de contratación directa pero sin realizar un análisis que considere, entre otros, factibilidad técnica, plazos, valoración de riesgos y sin prever las adecuaciones normativas necesarias, lo que conllevó a que no se logre adjudicar ningún paquete e incrementando el desfase en el cronograma de ejecución del proyecto en 11 meses, ocasionando un perjuicio por US$ 99 437 107.49 y otros S/ 9 942 518.29 por gastos diversos a favor de empresas tercerizadas y pagos reconocidos a la empresa encargada de las unidades de proceso.
Tras esto, se convocó a un nuevo proceso de invitación para la contratación directa de los servicios auxiliares bajo «Lineamientos Específicos» aprobados, pero sin haber subsanado parte de los requerimientos del proceso anterior, por lo que se dispuso suspender el proceso y requerir a la empresa encargada de las unidades de proceso formular su propuesta de conversión para las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios.
Funcionarios involucrados
La auditoría de la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa y civil en 44 funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal quienes participaron en los hechos detectados y entre los cuales figuran tres expresidentes de Petroperú entre los años 2013 y 2018, así como diversos miembros de sus respectivos directorios.
También se estableció presunta responsabilidad en las personas que ocuparon altos cargos de la empresa pública tales como Gerente General, Gerente Corporativo de Finanzas, Gerente (e) del Departamento Legal, Gerente de Refinación, Gerente Corporativo de Administración y Mejoramiento, Gerente del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, entre muchos otros.
El informe recomienda poner los hechos en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales contra los funcionarios, servidores y exservidores comprendidos en los hechos detectados.
También se recomienda al presidente de Petroperú disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, servidores y exservidores de la empresa comprendidos en la auditoría, además que las áreas involucradas en contrataciones dispongan la revisión y adecuación de sus lineamientos internos relacionados con las contrataciones. (RPP).
