Especiales
El golpista Pedro Castillo y Odebrecht

Por: José Antonio Torres Iriarte.
Pedro Castillo no pudo consumar su acción golpista hace un año, luego de que en su condición de jefe de Estado dirigió un Mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y el inicio de un gobierno de facto. Pedro Castillo desde las primeras semanas de gobierno, se propusó violentar el orden constitucional, cuando convirtió la «casa de Sarratea» en un virtual despacho presidencial.
El ex dirigente magisterial nunca deslindó con Sendero Luminoso, alentando la formación de un sindicato alterno al SUTEP, alejándose del partido Perú Libre que lo postuló a la presidencia y organizando su propio grupo parlamentario integrado por maestros con escasa formación académica y manifiestamente no aptos para lograr un nombramiento docente, a pesar de haber postulado repetidas veces o en su defecto haberse negado a postular en los concursos públicos, dentro del marco de la Carrera Pública Magisterial.
Pedro Castillo nunca pretendió ser un estadista, por el contrario se victimizó en todo momento, buscando consuelo político por parte del presidente López Obrador de México, del presidente Gustavo Petro de Colombia y por cierto busco siempre el respaldo incondicional del Secretario General de la O.E.A. Luis Almagro, que visitó repetidas veces el Perú. Por su parte el ex presidente de Bolivia Evo Morales se convirtió en un «viajero frecuente» de nuestro país, llegando incluso a desarrollar acciones de proselitismo y organización política en el sur del Perú. Héctor Béjar como Canciller de la República, no sólo ofendió a la Marina de Guerra, se alineó con los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia; sino que tuvo el claro propósito de convertir a la Cancilleria en un instrumento de propaganda política en el exterior.
El Perú no puede olvidar el penoso papel cumplido especialmente por los Embajadores Harold Forsyth, Manuel Rodríguez Cuadros y Oscar Maúrtua de Romaña durante el gobierno de Pedro Castillo. La vicepresidenta Dina Boluarte aparentemente formaba un binomio político indestructible con Pedro Castillo, habiendo integrado los gabinetes presididos por Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres.
Con la designación de Betsy Chávez en la P.C.M., se produce el alejamiento de la señora Boluarte del gabinete. La sucesión de ministros de Estado, la presencia de jefes de cartera sin el perfil adecuado e incluso con vínculos con Sendero Luminoso y grupos extremistas, como fue el caso de Iber Maraví, el accionar del Estado estuvo marcado por la improvisación y la corrupción. En pocos meses de gobierno, el Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco sería señalado como responsable de la comisión de graves ilícitos penales. A la par la formación de un «gabinete en la sombra» en torno al presidente Castillo, así como la participación de familiares de la pareja presidencial en acciones delictivas, fueron definiendo el perfil de un gobierno signado por la corrupcción y la ineptitud.
Pedro Castillo en diversos foros internacionales demostró con creces su incapacidad para disertar o desarrollar algún concepto o idea en materia de relaciones internacionales. Pedro Castillo creyó que utilizando un sombrero marcaría la diferencia; de alguna manera quiso emular a Evo Morales, el lider cocalero boliviano que intento ser reelegido en 2019. Pedro Castillo tuvo el apoyo en el Congreso, de Juntos por el Perú, el respaldo de los llamados «niños de Acción Popular» y de César Acuña de A.P.P. Cuando estaba en trámite la tercera moción de vacancia presidencial y ante un cúmulo de denuncias procedentes de personas de su entorno, como Salatiel Marruffo, el entonces presidente Castillo opta por la ruptura del orden constitucional. La vacancia presidencial fue aprobada por más de cien votos, incluyendo el concurso de congresistas integrantes de Perú Libre. Las imágenes transmitidas en directo, la tarde del miércoles 7 de diciembre, forma parte sin lugar a dudas de la historia nacional más reciente. Pedro Castillo no es un preso político, su detención preventiva no es arbitraria y forma parte de un proceso garantista.
Hoy la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tuvo el coraje de denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo (ante el Congreso) y que con diligencia solicitó la detención del «vacado presidente Castillo»; enfrenta a un complot político urdido por operadores que responden a las directivas instrumentadas por la empresa Odebrecht. Brasil siempre ha pretendido marcar la agenda política latinoamericana, en los años recientes desde el Foro de Sao Paulo, con el auspicio del partido de los Trabajadores liderado por el presidente Lula; es claro que Odebrecht y las principales empresas constructoras brasileñas participaron dolosamente en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en la mayoría de países de América Latina.
La trama de Odebrecht no puede ser olvidada. El Perú hasta la fecha ignora los alcances del Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. En los últimos años, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba se convirtieron en protagonistas de la política nacional. Los directivos de Odebrecht no fueron incriminados penalmente, sus oficinas no fueron allanadas, ni sus bienes embargados; prácticamente se les exoneró del pago de una millonaria deuda tributaria e incluso se les impuso un exiguo monto por concepto de reparación civil, que será abonado a lo largo de 15 años. La venta de la hidroeléctrica Chaglla evidenció la puesta en práctica de grandes facilidades para una empresa sin escrúpulos. El «Club de la Construcción» liderado por «Graña y Montero» ha sido tratado con las mayores atenciones. Por ello su directivo José Graña Miroquesada y sus socios sólo estuvieron muy poco tiempo privados de su libertad. Por su parte Martín Vizcarra desde el gobierno pugnó por la impunidad para Odebrecht. Desde el grupo «El Comercio», «La República» y R.P.P. en especial, se han desarrollado campañas mediáticas de apoyo militante en favor de los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez. En el 2018 y 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, el objetivo político fue lograr la destitución del Fiscal de la Nación Pedro Chávarri, para designar en su lugar a la obsecuente Fiscal Supremo Zoraida Ávalos. Asimismo la campaña promovida por IDL y Gustavo Gorriti con la divulgación de una serie de «audios» facilitó la remoción de los integrantes del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (C.N.M.), la convocatoria a un referéndum y la posterior elección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia hace unos años. La J.N.J. es un logro de la llamada «coalición vizcarrista», por ello sus integrantes tienen claro que deben cumplir consignas políticas, como suspender temporalmente a la Fiscal de la Nación Patricia Benávides.
La empresa Odebrecht y las constructoras brasileñas son actores de la vida política nacional. Odebrecht incluso ha sido habilitada judicialmente para seguir contratando con el Estado. Nunca olvidemos que Gustavo Gorriti, Director del Instituto de Defensa Legal siempre ha sostenido que Odebrecht tenía derecho a «rehabilitarse» y seguir contratando con el Estado. La «coalición vizcarrista» sigue actuando, con el apoyo de ONGs que reciben financiamiento del exterior, las mismas que son dirigidas por un conjunto de caviares ávidos de poder, con pocos escrúpulos, que por momentos se mostraron suplicantes e invocaron el «debido proceso», para posteriormente actuar de manera irregular e inconstitucional, sin importarles el cumplimiento de las normas del debido proceso. Pedro Castillo no es un preso político, mientrás que contra la Fiscal de la NaciónPatricia Benávides está en marcha un «cargamontón» que pretende recuperar el control del Ministerio Público. El Congreso como primer poder del Estado debe actuar en defensa de la institucionalidad democrática. Los actuales miembros de la J.N.J. deben ser destituidos por el Congreso.
Odebrecht no puede pretender direccionar la política nacional.
Actualidad
Municipalidad de Chorrillos y ATU advierten sobre combis informales en el Morro Solar

El municipio advierte la existencia de ‘colectivos’ que trasladan pasajeros y bicicletas hasta la cima del morro. La ATU afirma que no cuentan con autorización para realizar el servicio de transporte ni tienen las condiciones adecuadas. El Comercio verificó que algunas combis arrastran papeletas y sus choferes han sido multados. Los ciclistas, por su parte, piden que se escuche su postura para encontrar una solución.
Más que un mirador natural con vistas privilegiadas de la costa del Pacífico, el Morro Solar de Chorrillos es un espacio emblemático declarado zona histórica intangible e integrante del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. También es uno de los destinos favoritos para la práctica del ciclismo de montaña y downhill. Hoy, sin embargo, es escenario de una controversia entre la municipalidad distrital y un grupo de deportistas, debido al ingreso de combis que ofrecen subir bicicletas y ciclistas hasta la cima del morro.

Transporte informal en zona protegida
De acuerdo a la Municipalidad de Chorrillos, estas combis operan como colectivos informales, cobrando entre S/7 y S/8 por viaje, sin tener permiso alguno de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Además, se ha alertado que circulan sin SOAT para pasajeros, sin revisión técnica vigente, y transportan hasta 12 personas con bicicletas en el interior.
El municipio recuerda que, según la Ordenanza Municipal N.º 332‑2018, la vía que sube al Morro Solar solo puede ser utilizada por vehículos autorizados con fines de mantenimiento. Ingresar sin autorización constituye una infracción grave que puede ser sancionada con una multa de S/5,350 y la retención del vehículo.

Operativos y antecedentes
Durante recientes intervenciones, la ATU y la Policía Nacional calificaron este tipo de traslado como un servicio informal y fuera de la normativa vigente. Según verificó El Comercio, algunas de las combis involucradas —como las de placas AUL‑338 y W2K‑065— tienen multas previas por circular en sentido contrario, no pasar la revisión técnica o brindar transporte sin autorización. Incluso figuran papeletas impagas.

Ciclistas: “Necesitamos una alternativa legal”
En medio de la polémica, los ciclistas han salido a defender su práctica. Jean Pierre Guzmán, deportista con 40 años de experiencia, explicó que no todos los aficionados tienen vehículo propio y que subir pedaleando es físicamente inviable para muchos. Por ello, pidió que las autoridades habiliten un sistema formal, regulado y seguro para acceder al punto de partida de las rutas de descenso.
“Después de la pandemia, este deporte ha ayudado mucho a la salud mental. No queremos conflictos, solo soluciones”, afirmó.
📝 Con información de El Comercio.
📍 Redacción Limaaldia.pe
Especiales
La autoestima es clave en la prevención de accidentes en la minería – Agencia de Noticias Órbita

“El trágico accidente ocurrido recientemente en la minera Antamina ha puesto de relieve la necesidad de abordar no solo los aspectos técnicos de la seguridad laboral, sino también los factores emocionales y psicológicos que influyen en el comportamiento de los trabajadores. Como experta en autoestima y su impacto en el entorno laboral, es imperativo destacar cómo la baja autoestima puede conducir a decisiones inconscientes que comprometen la seguridad en el sector minero”, afirmó Itala Ureta coach en Autoestima y Liderazgo.
Estadísticas de Accidentes en la Minería Peruana
En los últimos años, las cifras de accidentes en el sector minero han sido preocupantes:
2023: Se registraron 50 accidentes fatales, 1.076 accidentes que dejaron personas incapacitadas y 2.466 accidentes leves.
2022: Hubo una disminución significativa en las muertes por accidentes mineros en comparación con otros años.
2021: Se reportaron 50 muertes debido a accidentes mineros, cifra similar a la de 2023.
Fuente: Statista.
Raíces del Problema
La autoestima, prosiguió Itala Ureta quien también es autora del Libro: Autoestima; Del Sufrimiento e la Libertad, influye directamente en el nivel de conciencia y en la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones acertadas. Cuando esta es baja, las decisiones pueden estar motivadas por emociones negativas como el miedo, el resentimiento o la envidia, en lugar de una evaluación racional de las situaciones de riesgo. Esta dinámica puede llevar a comportamientos inseguros y, en consecuencia, a accidentes laborales.
“Recientes estudios respaldan esta perspectiva. La Cámara Minera del Perú ha señalado que colaboradores con altos niveles de autoestima muestran mayor autocuidado y automotivación, factores esenciales para la prevención de accidentes en minería. Asimismo, investigaciones indican que la mayoría de los comportamientos de riesgo en el trabajo son elecciones personales, incluso cuando los trabajadores poseen el conocimiento y las condiciones adecuadas para actuar de manera segura”, precisó la especialista.
Itala Ureta dijo que “es fundamental reconocer que el trabajo en minería no es únicamente una actividad mecánica; también es emocional y mental. Por ello, propongo que los programas de capacitación y entrenamiento en el sector minero incluyan módulos específicos sobre autoestima y autocuidado. Fomentar una cultura de seguridad basada en la autoestima no solo reducirá la incidencia de accidentes, sino que también mejorará el bienestar general de los trabajadores”
“La implementación de políticas que promuevan el desarrollo de la autoestima en el entorno laboral es una inversión en la seguridad y eficiencia de las operaciones mineras. Es momento de reconocer y actuar sobre la influencia de los factores psicológicos en la seguridad laboral”, finalizó.
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