Lima Norte
El odioso mensajero – Señal Alternativa
César Acuña culpa a los medios de la crisis política generada en torno a la elección de Alejandro Soto.
Cuenta Plutarco en sus “Vidas paralelas” que el rey Tigranes de Armenia mandó cortar la cabeza del mensajero que le trajo la noticia de que el cónsul Lúculo y las fuerzas romanas habían llegado a sus territorios con el claro propósito de derrotarlo en batalla y someterlo (cosa que, en efecto, sucedió). El supuesto episodio se remonta al 69 a.C., pero desde entonces ha conocido infinitas réplicas y variantes, al punto de dar nombre a una práctica común entre los que son o se sienten poderosos. Con el paso de los siglos, claro, ya nadie mata literalmente al portador de malas nuevas, pero sí tiende a responsabilizarlo de ellas, a pesar de lo absurdo que tal comportamiento resulta. Acaso la explicación radique en lo que Sigmund Freud sugiere al respecto: que se trata de una forma de lidiar con lo insoportable.
De hecho, nuestra historia política remota y reciente está repleta de ejemplos que confirman lo dicho. Sin ir muy lejos, recordemos al expresidente del Congreso Luis Galarreta (Fuerza Popular), que en el 2018 amenazó a los “medios mermeleros” que acababan de denunciar gastos frívolos de su gestión con una ley para prohibir la publicidad estatal; o a la actual presidenta Dina Boluarte que, en el 2021, cuando era todavía vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se irritó con unas preguntas de los periodistas sobre las imágenes relacionadas con Sendero Luminoso que el entonces jefe del Gabinete Guido Bellido había divulgado en las redes y clamó: “¡Basta! A los señores de la prensa, seamos proactivos”. Para luego añadir: “La prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas, que no hacen bien a la sociedad”.
En esa misma línea, el gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha postulado esta semana la tesis de que el revuelo y la indignación que se ha levantado en la opinión pública por la elección del congresista de su partido Alejandro Soto como titular del Parlamento es culpa de la prensa. Como se sabe, el problema con Soto es que, un par de días antes de ser elegido, logró que se archivase un proceso en su contra por estafa, valiéndose de una ley por la que él mismo había votado sin siquiera declarar el conflicto de intereses en el que estaba. A eso, además, hay que agregarle la mentira en la que incurrió cuando esto último se hizo de dominio público: afirmar falsamente que el proceso en cuestión estaba archivado el día en que votó a favor de la ley.
Pues bien, si eso no constituye materia de cuestionamientos y críticas a quien acaba de acceder a un cargo tan importante en el Legislativo, ¿qué podría serlo? ¿Solo violaciones, robos o asesinatos en los que pudieran verse involucrados los miembros de la representación nacional? Eso, por lo menos, es lo que parece desprenderse de las mencionadas declaraciones de Acuña, quien este martes, a la salida de una reunión con los integrantes de la bancada de APP, aseveró: “Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, está generando una crisis política que afecta a todos los peruanos”. Y para que no quedaran dudas sobre el asunto al que se estaba refiriendo, agregó: “Desde el día 26 de julio hasta ahora, todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país, porque este tipo de comentarios no ayuda para que haya inversión”.
Es decir, una vez más, resulta que la responsabilidad de que una porción importante de la ciudadanía esté disconforme con la elección de un presidente del Legislativo que actúa en provecho propio y miente al respecto corresponde a la prensa, al odioso mensajero que transmite la mala noticia… La verdad es que lo último que necesitamos son excusas como cancha para justificar lo que a todas luces es un comportamiento que abona la repulsa que genera hoy un cimiento tan importante de la democracia como el Congreso. A ver si este mensaje le llega al gobernador regional de La Libertad.
Fuente: El Comercio – Editorial
Lima Norte
Municipio no ha ejecutado un sol de presupuesto 2025 asignado al vaso de leche. – Señal Alternativa
Informe de Contraloría advierte de riesgosa desatención a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en estado de desnutrición o afectados por tuberculosis.
Al día 26 de agosto del 2025, la gestión municipal de Ancón, reporta 0 % de ejecución presupuestal en la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche.
El presupuesto asignado según el portal de transparencia asciende a la suma de 860 mil 754 soles, el mismo que no ha sido ejecutado a la fecha.

En el año 2024, la gestión municipal tuvo un mejor desempeño ejecutó el 100% de su presupuesto asignado al vaso de leche. En tanto, en el 2023, la ejecución fue del 98.5%.
En Ate ejecución apenas llega al 18.1 %
El segundo distrito con más baja ejecución del presupuesto asignado al vaso de leche es la gestión del alcalde Franco Vidal Morales de Ate Vitarte. 7 millones 600 mil soles es el presupuesto asignado y solo reporta un 18.1 % de ejecución.
En los años previos 2023 y el 2024, la gestión municipal ejecutó el 97.9 % y 98.4 % del presupuesto del programa de vaso de leche, respectivamente.
Otras gestiones municipales alcaldes limeños con baja ejecución
Además de las comunas de Ancón y Ate, los distritos de Chorrillos, El Agustino, San Isidro, La Molina y Pueblo Libre, no llegan a la ejecución del 40 % del presupuesto asignado.

Fuera de juego:
La Contraloría en su informe de Orientación de Oficio Nº 006-2025-OCI/2149-SOO de fecha 16 de julio pasado, advirtió que la municipalidad no ha adoptado medidas oportunas y eficaces para garantizar la adquisición y provisión de suministros del Programa Vaso de Leche correspondiente al periodo 2025, situación que podría afectar el cumplimiento de la distribución diaria obligatoria de las raciones alimentarias a la población beneficiaria.
Lima Norte
Toman medidas ante tachas maliciosas contra inscripción de partidos y alianzas. – Señal Alternativa
Durante proceso electoral 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, frente a la denuncia de diversas organizaciones políticas sobre la presentación de presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales, ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en dichos procesos.
En reciente jurisprudencia, el Pleno del JNE ha precisado que, en aplicación del artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada —y obligada— a evaluar la improcedencia liminar de las tachas que evidencien prácticas dolosas, sin necesidad de convocar a audiencia.
Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas.
De manera especial, se tendrá en cuenta aquellos casos en los que la tacha se sustente en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos (SUNARP o INDECOPI), lo que contraviene el principio de buena fe procedimental.
En tales circunstancias, la DNROP podrá declarar su improcedencia de manera inmediata y, cuando corresponda, remitir copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al que pertenezca el profesional que haya autorizado el escrito, para que se determinen las responsabilidades del caso.
Asimismo, el JNE recuerda que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.
Se ha solicitado que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que se apliquen sanciones con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática.
Finalmente, el organismo electoral hace un llamado a todas las organizaciones políticas a denunciar estos hechos sin demora, a fin de interponer las acciones legales pertinentes y evitar que actos maliciosos e ilícitos entorpezcan el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
Fuente: Andina
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