De acuerdo con una investigación presentada por la plataforma digital peruana Salud con Lupa, más de 370 mil mujeres abortan cada año en el Perú, es decir alrededor de mil cada día, situación que la penalización del aborto no ha evitado que ocurra.

El estudio “Perseguidas por abortar: de la sala de emergencias al juzgado por un aborto”, fue comentado por la presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, jueza suprema Janet Tello Gilardi, durante el Segundo Evento de Alto nivel: “Diálogos para el fortalecimiento de la Justicia Sexual y la Justicia Reproductiva”.

“Los números son muy altos y si se toma en cuenta pobreza, clandestinidad, violencia sexual y embarazo forzado, la mayoría de casos sería resultado de cruce de esas variables que, interseccionadas, hacen que las mujeres, niñas y adolescentes están en situación de vulnerabilidad”, señaló la magistrada.

El certamen académico de alto nivel fue organizado por el Poder Judicial junto con la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y el Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

PERSECUCIÓN A MUJERES

Según el referido estudio, que fue presentado en el evento académico por la directora de Salud con Lupa, Fabiola Torres, del 2016 al 2021, fueron denunciadas 908 mujeres por aborto de las cuales 77 recibieron condena.

Para realizar la investigación periodística, 41 mujeres fueron investigadas por abortar o intentar abortar entre el mencionado periodo de tiempo en once juzgados de las cortes de Arequipa, Puno, Tacna, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Callao.

Torres explicó que Salud con Lupa encontró esas historias durante una revisión de 131 sentencias sobre procesos de aborto que fueron obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública que respondieron once cortes de justicia del país.

Señaló que, en las resoluciones revisadas, estas por lo general incluían el pago de la reparación civil (de las que encontraron no hay un criterio específico), la presentación periódica de la sentenciada ante el juzgado y la prohibición de variar su lugar de residencia sin autorización.

DOS JORNADAS

El evento de alto nivel, que fue realizado en dos jornadas con cuatro mesas de trabajo, contó con destacadas personalidades jurídicas nacionales e internacionales como las especialistas colombianas Isabel Jaramillo y Cristina Rosero.

También con la jueza Carola Rivas Vargas, presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, los investigadores argentinos Mariano Fernández y Agustina Ramón Michel, así como la venezolana Fanny Cata Gómez Lugo, entre otros.

Asimismo participaron activistas de la Red Lésbica Cattrachas de Honduras y las especialistas peruanas Amire Ortiz, especialista de Acción por la Igualdad, Karen Anaya Cortez y Mayra Sánchez Hinojosa, así como las juezas Elvira Álvarez y Antonia Saquicuray.

Durante el primer día fue tratado “El rol de las constitucionales  latinoamericanas en la construcción de la justicia reproductiva”, con las experiencias de Colombia, México y Chile; así como los avances jurisprudenciales recogidos por las cortes latinoamericanas los últimos años.

En la segunda jornada, la mesa “Desafíos  en el acceso a la justicia reproductiva”, trató temas sobre interculturalidad, tratamiento de la objeción de conciencia y protección de los derechos reproductivos de personas trans masculinas, según los estándares internacionales de derechos humanos.

También la mesa “Avances y desafíos en el acceso a la justicia sexual”, entre ellos los avances en la protección de derechos de las personas trans en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los retrocesos y amenazas a los derechos de personas LGTBI en la región.

Además, durante el certamen académico fue presentado un estudio situacional sobre los derechos de las personas trans trabajadoras sexuales en el distrito limeño de Lince.