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Fiscal amedrenta a funcionario del MTPE

Fiscal amedrenta a funcionario del MTPE con irregular investigación a pesar de no ser competente para tramitar el caso.
Un nuevo escándalo remece el Ministerio Público de Chiclayo. Esta vez la fiscal Gloria Samillan Vallejos es acusada de amedrentar al funcionario del Ministerio de Trabajo Anderson Silva Córdova. Presunta finalidad sería la de favorecer al cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez en un caso relacionado a la azucarera Agropucalá.
Los hechos están referidos al trámite de formalización de los representantes de los acreedores laborales de Agropucalá que se viene tramitando ante las dependencias del Ministerio de Trabajo con sede en Lima desde el año 2021.
En dicho procedimiento, cuestionados funcionarios del MTPE favorecieron al abogado Edmundo Gálvez Rodríguez con irregulares resoluciones que lo reconocieron como supuesto representante de los acreedores laborales de Agropucalá.
Disposición de fiscal beneficiaría a lavador de dinero
Dicho reconocimiento tenía como finalidad que Gálvez que pudiera asumir la presidencia de las Juntas de Acreedores de las empresas Agropucalá e Industrial Pucalá SAC, y así pudiera tomar el control de dichas compañías avalado por las empresas off shore Caicos Equities Holdings, y Krestel Venture Group de propiedad del condenado por lavado de dinero Carlos Roncal Miñano, y del acusado por este mismo delito Ernesto Flores Vílchez.
El proceso ante el Ministerio de Trabajo se mantuvo paralizado indebidamente durante más de ocho meses, sin que se tramitaran más de 40 apelaciones presentadas por los acreedores laborales perjudicados.
Sin embargo, el 07 de febrero último, el funcionario Anderson Silva Córdova, decidió continuar con el procedimiento. Y resolviendo las decenas de apelaciones paralizadas, anuló el irregular reconocimiento otorgado a Gálvez Rodríguez.
Esta resolución desató una serie de ataques anónimos por redes sociales contra dicho funcionario. E incluso una denuncia penal interpuesta sospechosamente por Gálvez Rodríguez ante el despacho de la fiscal Gloria Samillan Vallejos. Quien velozmente decidió abrir investigación contra el funcionario Anderson Silva Córdova.
Lo sospechoso del caso es que la fiscal Samillán accediera a admitir y tramitar la denuncia presentada por Gálvez, en la ciudad de Chiclayo. A pesar de los hechos denunciados se habrían producido en la ciudad de Lima, y que todas las investigaciones relacionadas a este caso se vienen tramitando en la capital.
Fiscal habría cometido falta muy grave
Según la versión del abogado de los trabajadores afectados, Wilfredo Chero Villegas, la fiscal Gloria Samillán Vallejos se habría abocado indebidamente a tramitar la denuncia de Gálvez Rodríguez.
Sostuvo que habría invadido la competencia de los fiscales de la ciudad de Lima. Lo que sería una falta muy grave según la Ley de la Carrera Fiscal.
Asimismo, señaló que los hechos denunciados carecen de toda veracidad por lo que la denuncia debió ser rechazada de plano. Por lo que calificó de «sospechoso» que una fiscal con la experiencia de la Dra. Gloria Samillán Vallejos haya admitido una denuncia sin ningún sustento y sin ser competente para conocer el caso.
Wilfredo Chero, señaló que ha solicitado la inmediata nulidad de la disposición de emitida por la fiscal cuestionada. Advirtió que si no son atendidos en el plazo de ley, interpondrá las acciones legales pertinentes.
Sostuvo que ningún fiscal puede tramitar casos que no son de su competencia, y menos aún sin pruebas mínimas para iniciar una investigación.
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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.
Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.
En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.
El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.
Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Fuente: Rumbo Minero
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PwC advierte incertidumbre sobre continuidad de Petro-Perú tras pérdidas por US$774 millones en 2024

Auditoría revela que la estatal enfrenta riesgos como empresa en marcha por fallas recurrentes en su planta de Flexicoking y competencia en el mercado de combustibles.
Petro-Perú registró una pérdida neta de US$774 millones en 2024, según sus Estados Financieros auditados por PwC, que cuestionan su viabilidad como «empresa en marcha». La auditoría atribuyó el resultado a la baja producción de la Refinería de Talara (NRT) y a la venta de residuales por fallas en la planta de Flexicoking (FCK), clave para procesar crudos pesados. «La FCK ha estado paralizada 8 de los últimos 16 meses», detalló el informe.
Expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, anticipan otro año negativo: «Podrían perder US$230 millones en 2025». Fernando de la Torre, exgerente financiero, destacó que el rescate del MEF evitó la insolvencia, pero criticó que no se ajustara el valor contable de la NRT pese a sobrecostos documentados por la Contraloría.
PwC sugirió evaluar unidades como el Oleoducto Norperuano (ONP), afectado por atentados, y priorizar la reestructuración corporativa. «Sin cambios, la dependencia del Estado seguirá», advirtió Erick García, experto en hidrocarburos.
Fuente: El Comercio
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