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Gobierno prioriza pesca artesanal y amplía plazos para la instalación del Sistema de Seguimiento Satelital

El Ministerio de la Producción flexibiliza los plazos para la instalación del SISESAT en embarcaciones artesanales, atendiendo el impacto económico del sector y promoviendo su formalización.
En un paso importante para la pesca artesanal en el Perú, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha decidido ampliar los plazos para la instalación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en embarcaciones pesqueras artesanales formalizadas, diferenciándolas por su capacidad de bodega. Esta medida, oficializada mediante la modificación del Decreto Supremo N° 010-2023-PRODUCE, responde principalmente a la necesidad de brindar un respiro económico a los pescadores artesanales, quienes han enfrentado severas dificultades debido a fenómenos oceanográficos y a las condiciones adversas del sector.
El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, resaltó la importancia de esta decisión, asegurando que se trata de un enfoque equilibrado entre sostenibilidad y formalidad. “Con este Decreto Supremo buscamos ordenar progresivamente la implementación del seguimiento satelital, que es una importante herramienta que permite identificar el esfuerzo pesquero de nuestra flota y combatir la pesca ilegal, avanzando hacia un sistema más eficiente y estructurado. Al agrupar las embarcaciones por tamaños, garantizamos un monitoreo más idóneo, preciso y efectivo, fortaleciendo el control pesquero de nuestra flota artesanal, menor escala e industrial”, afirmó.
La modificación establece un cronograma escalonado para la implementación del sistema de monitoreo:
– Embarcaciones de hasta 10 m³ de capacidad de bodega: deberán instalar el SISESAT antes del 31 de diciembre de 2026.
– Embarcaciones entre 10 m³ y 20 m³ de capacidad de bodega: plazo hasta el 31 de julio de 2026.
– Embarcaciones entre 20 m³ y 32.6 m³ de capacidad de bodega: plazo hasta el 1 de enero de 2026.
La implementación del SISESAT forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de la Producción para fortalecer la formalización del sector y garantizar una pesca ordenada y sostenible.
“La implementación ordenada del SISESAT no solo mejora la fiscalización, sino que abre oportunidades para los pescadores. Quienes cumplan con esta normativa podrán acceder a beneficios, incentivos y mejores condiciones concretas que facilitarán el desarrollo de su actividad. Estamos construyendo un sistema donde la formalización no sea una carga, sino una puerta a nuevas oportunidades”, enfatizó Barrientos
Como parte del compromiso con los pescadores artesanales, el Ministerio de la Producción continuará brindando asistencia técnica y facilitando incentivos para la instalación del SISESAT. Se prevé la implementación de medidas complementarias para asegurar que los armadores de embarcaciones puedan acceder a financiamiento y apoyo logístico que les permita cumplir con la normativa sin comprometer su estabilidad económica.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector pesquero artesanal, garantizando la conservación de los recursos hidrobiológicos sin descuidar la realidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad.
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Participación electoral en el Perú cae a mínimos históricos: urgen medidas para una democracia más inclusiva

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revela que la asistencia a las urnas ha disminuido del 88 % al 70 % en las últimas dos décadas. Además, advierte que el sistema electoral actual excluye a poblaciones vulnerables y plantea la necesidad de impulsar reformas estructurales.
El informe «La democracia en el Perú desde sus indicadores electorales», elaborado por la Escuela de Gobierno PUCP, evidencia una alarmante caída en participación electoral: mientras en 2006 el 88.7 % de la ciudadanía votó en comicios congresales, en 2021 se redujo al 70.1 %. «El sistema electoral actual reproduce exclusiones históricas al no garantizar accesibilidad para personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones rurales», advierte el reporte. Esta brecha se acentúa en las segundas vueltas regionales, donde la participación no supera el 66 %.
La investigación identifica tres factores clave detrás de la baja participación: la desconfianza institucional —con un 88 % de desaprobación al Congreso—, la falta de representatividad de los candidatos y las barreras logísticas. Además, las brechas territoriales también son evidentes: los distritos rurales registran tasas de participación hasta 25 % menores que los urbanos. «En las últimas elecciones, 3 de cada 10 peruanos habilitados no votaron no por desinterés, sino por dificultades para llegar a centros de votación o falta de documentos», detalla el documento.
Para revertir esta crisis, el estudio propone tres alternativas: implementar el voto electrónico asistido para zonas remotas, establecer cuotas obligatorias para candidatos indígenas y de personas con discapacidad, y reformar el sistema de multas por inasistencia. «Sin una inclusión real de los grupos marginados, la democracia peruana seguirá siendo una promesa incumplida», concluye el informe, que resalta la urgencia de aplicar estas medidas antes de los próximos comicios regionales.
Fuente: InfoActiva
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Más de 2,500 obras públicas están detenidas en el país

Entre los departamentos más afectados se encuentran Arequipa (146 obras), La Libertad (86), Lima (186) y Piura (127). Ello perjudica la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.
Un reciente informe del Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras) y el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en marzo de 2025, revela que “en el Perú existen 2,572 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado total de 43,163 millones de soles. De dicho monto, aún queda un saldo de inversión por ejecutar de 22,512 millones de soles”. De acuerdo con la Contraloría, si se reactivan estas inversiones, permitiría restablecer servicios y obras esenciales para más de ocho millones de personas.
De esta manera, algunos de los departamentos más afectados son: Arequipa que tiene 146 obras paralizadas con más de S/ 7,731 millones comprometidos; destacan proyectos penitenciarios, viales y policiales. La Libertad con 86 obras detenidas por más de S/ 5,595 millones; resaltan tramos viales estratégicos y puentes clave. Asimismo, Lima registra 186 obras paralizadas por S/ 4,564 millones; incluyen proyectos de agua, saneamiento y carreteras interregionales. Finalmente, en Piura hay 127 obras sin ejecutar por más de S/ 2,547 millones; entre ellas, obras de saneamiento, conectividad digital y riego agrícola.
Así, estas regiones no solo concentran un volumen importante de proyectos detenidos, sino también millonarios recursos públicos que permanecen inmovilizados, afectando la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.Fuente: Perú 21 y Rumbo Minero
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