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Gobierno responde a crisis en Pataz con suspensión minera y presencia militar

Medidas excepcionales buscan frenar la violencia vinculada a la minería ilegal, aunque expertos advierten sobre impactos económicos y contradicciones en la estrategia de formalización.
Tras el hallazgo de 13 mineros asesinados en Pataz, el Gobierno decretó el estado de emergencia, ordenó un toque de queda y suspendió la actividad minera por 30 días. La medida, que contempla la instalación de una base militar en la zona, busca restablecer el orden en una provincia afectada por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
Al respecto, Paola Bustamante, directora de Videnza señaló: “Lo que está pasando en Pataz no es distinto a lo que ocurre en otras partes del país”. Agregó que, pese a los 15 meses bajo emergencia, no se han visto resultados concretos. También alertó sobre el impacto económico de paralizar la minería formal, afectando ingresos, empleo y recaudación fiscal.
Finalmente, Bustamante consideró acertada la exclusión de los 761 Reinfo suspendidos del proceso de formalización minera. No obstante, señaló una contradicción en el discurso oficial: mientras se rechaza la subcontratación de mineros artesanales, el Ministerio de Energía y Minas promueve contratos con estos actores como vía para su formalización.
Fuente: RPP
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Puno registra la tasa más alta de victimización del país

Además, enfrenta brechas graves en capacidad de respuesta policial y coordinación municipal.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), Puno registra la tasa de victimización más alta del país, con un 37.8% de personas mayores de 15 años afectadas por algún delito entre marzo y agosto de 2024, muy por encima del promedio nacional del 27.4%. Las denuncias casi se duplicaron entre 2019 y 2024, pasando de 573 a 1,035 por cada 100,000 habitantes, y el hurto se consolidó como el delito más común, representando el 34% del total a febrero de 2025.
Según el SINADEF, en los primeros cuatro meses de 2025 se reportaron 19 homicidios en la región, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. “Siete de cada diez puneños se sienten inseguros al caminar por las calles”, reporta el INEI, mientras que la confianza en la Policía Nacional solo alcanza el 8%. Asimismo, la región enfrenta limitaciones estructurales para enfrentar el delito: apenas cuenta con 177 policías por cada 100,000 habitantes y solo 13 de sus 64 comisarías tienen equipamiento básico.
Para hacer frente a la inseguridad ciudadana en Puno, se necesitan políticas integrales y sostenibles. “Esas deben asegurar una ejecución eficiente del presupuesto en seguridad y priorizando inversiones en equipamiento policial, tecnología e infraestructura. Además, es clave reforzar la articulación entre la PNP y las municipalidades para garantizar una respuesta más coordinada y efectiva frente al delito”, señala el IPE.
Fuente: IPE
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Informalidad en Perú domina el 70% del mercado gracias a su eficiencia y adaptación

Estudio del CAMP 2025 revela que comercio informal supera al formal en rapidez y flexibilidad. Expertos piden aprender de sus estrategias para competir.
El 70-90% de la economía peruana opera en informalidad, según datos del MinPro presentados en el CAMP 2025. Rolando Arellano, experto en mercados, explicó su éxito: «Usan espacios intensivamente, ajustan precios diariamente y reponen stock en horas». Ejemplo: vendedores de Gamarra renuevan catálogos semanalmente, mientras tiendas formales tardan meses.
Pese a ventajas como menor carga tributaria, el sector informal paga costos ocultos: tasas de interés del 20% por créditos y extorsiones. «Movilizan S/180,000 millones anuales; son un mercado que no podemos ignorar», dijo Hugo Ante, coautor del estudio. El MinPro impulsa programas de formalización, pero Arellano sugiere alianzas: «Ellos distribuyen el 40% de alimentos en zonas rurales».
La conclusión del evento fue clara: «La inteligencia artificial y el e-commerce son herramientas clave para que lo formal compita en agilidad», remarcó Ante.
Fuente: Revista Economía
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