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Impulsan sostenibilidad pesquera con reforma en el marco normativo para invertebrados marinos

Con el objetivo de ordenar y hacer más sostenible la actividad pesquera de invertebrados marinos bentónicos (RIMB), el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el Decreto Supremo N° 008-2025-PRODUCE, que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de estos recursos. La norma busca destrabar la implementación de planes de extracción que, pese a estar contemplados desde 2021, no habían podido concretarse.
El nuevo reglamento introduce cambios importantes como la ampliación del plazo de vigencia de los planes de extracción de tres a cinco años, la autorización para considerar varias áreas geográficas dentro de un mismo plan y la eliminación del requisito de consenso absoluto entre los pescadores para su implementación (ahora bastará con la mayoría simple de los pescadores involucrados).
“Esta modificación permite que los propios pescadores participen activamente en el ordenamiento de su actividad. Estamos hablando de una pesca más planificada, más responsable y con mayor proyección a futuro”, afirmó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos. “Durante cuatro años no se pudo aprobar ni un solo plan participativo por trabas normativas. Hoy cambiamos eso”, subrayó.
La norma también refuerza el rol de la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) como ente técnico que evaluará las propuestas de los pescadores y define con claridad a las autoridades competentes para cada etapa del proceso. Además, permite por primera vez el desembarque de estos recursos en infraestructuras pesqueras formales, lo que facilitará el control y trazabilidad.
El viceministro Barrientos destacó que estas medidas apuntan a un uso sostenible de los recursos marinos. “La pesca artesanal es una fuente vital de ingresos y seguridad alimentaria. Este nuevo marco normativo mejora su gobernanza, reduce conflictos y permite conservar los recursos para las futuras generaciones”, señaló.
El Decreto Supremo también incluye disposiciones para que SANIPES establezca condiciones sanitarias mínimas en ecosistemas sensibles como los manglares, y encarga a IMARPE la actualización de los lineamientos técnicos para los estudios de línea base.
Con esta modificación, PRODUCE reafirma su compromiso con una pesca más ordenada, inclusiva y responsable, alineada a los objetivos de conservación y desarrollo económico del país.
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Ausencia del Estado alimenta la expansión de la minería ilegal y frena el desarrollo en el Perú

Economista de Redes advierte que, sin servicios públicos de calidad ni presencia sostenida del Estado, las economías ilegales seguirán ganando legitimidad en zonas vulnerables.
La minería ilegal ya representa el 2.8 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y, de seguir a ese ritmo, podría superar los US$12 mil millones en exportaciones de oro en 2025, alertó Mónica Muñoz Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). Esta expansión, explicó, no ocurre solo por su rentabilidad, sino porque el Estado ha estado ausente en zonas del país, dejando espacio para que actores ilegales ocupen su lugar. “No lo hicieron por generosidad, sino porque esa ayuda les abría espacio”, señaló la especialista, al recordar el caso de Pagata (Amazonas), una comunidad que terminó colaborando con mineros ilegales ante la total inacción de las autoridades.
El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD advierte que más de 100 distritos del país presentan muy bajo desarrollo humano, con alta conflictividad, economías ilegales y débil institucionalidad. En ese contexto, la minería ilegal ocupa el vacío estatal ofreciendo lo que este no garantiza. Para la economista, la desconfianza acumulada también es un factor determinante: “Apenas el 20 % de la población confía en los gobiernos regionales, una cifra aún menor en zonas rurales y amazónicas”.
“Lo que se ha construido durante años de abandono no se desmonta con decretos. Se necesita un Estado que llegue, se quede y responda”, subrayó. Como salida, propuso una estrategia sostenida de inversión pública en servicios esenciales —escuelas, postas médicas, vías de acceso— y el fortalecimiento de la gestión local como base para recuperar la legitimidad institucional y frenar el avance de las economías ilegales.
Fuente: La República
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ComexPerú advierte que trabas en la formalización frenan el crecimiento económico

Diferencias de hasta 300 % en costos y plazos de licencias municipales afectan la competitividad de las mypes.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advierte que las trabas burocráticas siguen frenando la formalización, sobre todo para las micro y pequeñas empresas (mypes). Los costos y plazos de licencias municipales varían hasta en 300 %, lo que desalienta la formalidad. «Para una mype con ventas mensuales promedio de S/2,120, donde el 47.1 % corresponde a ganancias (S/999), el costo de formalización representa una parte significativa de su capital de trabajo», advierte el documento.
Mientras que en Huancavelica una licencia de riesgo medio cuesta S/58.9, en ciudades como Cusco y Piura puede llegar a S/223 y S/214, respectivamente. A esto se suman gastos por inspecciones, tasas administrativas y otros cobros específicos de cada municipio. En tiempos, la brecha también es preocupante: 12.4 días hábiles de espera en Madre de Dios y 8.9 en Huánuco, frente a solo 4 en el Callao y 4.9 en Tacna. «Cada día adicional supone menor venta formal, mayor riesgo de fiscalización y, en muchos casos, un desincentivo para completar el proceso», señala el informe.
Ante este panorama, ComexPerú plantea modernizar los procedimientos: “Se deben implementar canales digitales integrados para atender trámites y capacitar constantemente al personal municipal”, recomienda como medida para fortalecer la competitividad regional.
Fuente: Comex Perú
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