Mi relato
EL POTAJITO DE VERDURAS
ha sido publicado en la Revista Literaria Aguaviva.
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REVISTA LITERARIA AGUAVIVA
Y, próximamente, será editado en formato fanzine.
Aunque el acceso a la justicia es un derecho humano al que todas las personas deberían acceder en iguales condiciones, en la práctica resulta diferente porque obtener justicia no es gratis.
Además de gastar en abogados y pasajes, hay que tener tiempo, paciencia y mucha fe porque en la población existe un grado de incertidumbre por la poca credibilidad que se tiene en la imparcialidad, efectividad y honestidad de los jueces.
Si a una mujer humilde -víctima de alguna violencia doméstica o abandono de hogar-, le resulta difícil acceder a la justicia en las mismas condiciones económicas y legales que el demandado peor les va a los ancianos en estado de indigencia que reclaman una pensión alimenticia a sus hijos.
Si bien el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a través de sus módulos de conciliación ubicados en diferentes distritos ofrece asesoría gratuita, son pocas las parejas que llegan a conciliar. Usualmente es el conviviente de la mujer o el hijo del anciano que se niega a aceptar la propuesta del demandante.
En ese momento empieza el vía crucis.
El siguiente paso es acudir a la abogada del módulo el MINJUSDH que elabora el expediente para remitirlo al Juzgado de Paz Letrado del sector y esperar la opinión de la jueza. Este paso toma de dos a cuatro meses. En ese lapso debe acudir mensualmente al despacho de la abogada para saber la respuesta de la jueza, hasta que finalmente le comunican que la demanda ha sido admitida.
Ahora debe esperar la citación a la audiencia que de acuerdo a Ley es sumaria. Cuando ya hay fecha para la audiencia la abogada del ministerio de Justicia les dice que venga un día antes para coordinar. Sin embargo, llegado el día, la abogada les informa que no puede acompañarle y que debe acudir solo. Cuando llegan a la audiencia su humilde rostro refleja temor y ansiedad, mientras el demandado llega acompañado de su abogado. Pese a estar en estado de indefensión y que la ley prohíbe iniciar una audiencia de este modo, la jueza decide iniciar el juicio.
La audiencia por estos casos es única y en promedio debería demorar seis meses para obtener una sentencia, pero la realidad es otra. Dos años después recién la jueza firma la sentencia. Pero hay más. Con la sentencia en la mano, la mujer o el anciano, deben solicitar una “conformidad de sentencia” de parte del demandado, que demora otros dos o tres meses. Luego debe enviar a la jueza una solicitud de “apertura de cuenta de pensiones” al banco de la Nación. Y trascurren dos o tres meses más. Mientras esperan la respuesta del demandado deberá presentar una “Liquidación de Devengados”. Hasta ese momento ya han transcurrido tres largos años. Pero la esperanza nunca se pierde y su rostro esboza una sonrisa porque supone que la espera valió la pena.
Pero justo en ese momento el Poder Judicial dispone la suspensión de las labores de todos los juzgados del país debido a la pandemia por el Covid-19.
2017.- María Q.R. (dos hijos) tenía 26 años cuando empezó la demanda, ahora tiene 30 años, pero parece que tuviera 45. Por su parte don José S.H. contaba con 74 años al iniciar la demanda por alimentos y ahora está próximo a cumplir 79 años. En el caso de la mujer, en esos cuatro años, con mucho esfuerzo y el apoyo del Comedor de Madres, Club de Vaso de Leche y venta de productos de limpieza y desinfectantes, pudo sobrevivir y poder alimentar, vestir y educar a sus hijos. Pero cuatro años son muchos años para un anciano y don José está casi ciego y sordo y sin esperanza de alcanzar justicia. “La demora es perversa porque da la impresión que esperan que los viejos mueran para no pagarles nada” dice con amargura porque se acaba de enterar que, de acuerdo a ley, una vez presentada la demanda, se podía solicitar la asignación anticipada, algo que la jueza nunca le informó.
A partir de febrero de este año el CEPJ dispuso que todas las audiencias deberán ser virtuales, según la normativa dada para el efecto y, en caso de no contar con las condiciones tecnológicas o de conectividad indispensables, así como ante casos de urgencia y emergencia, de forma excepcional podrán realizarse de modo presencial.
Pero para un litigante pobre solicitar una audiencia virtual y obtener el link de respuesta es otra odisea que comentaremos en otra ocasión
Por Octavio Huachani.
Mi relato
EL POTAJITO DE VERDURAS
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Y, próximamente, será editado en formato fanzine.
El municipio advierte la existencia de ‘colectivos’ que trasladan pasajeros y bicicletas hasta la cima del morro. La ATU afirma que no cuentan con autorización para realizar el servicio de transporte ni tienen las condiciones adecuadas. El Comercio verificó que algunas combis arrastran papeletas y sus choferes han sido multados. Los ciclistas, por su parte, piden que se escuche su postura para encontrar una solución.
Más que un mirador natural con vistas privilegiadas de la costa del Pacífico, el Morro Solar de Chorrillos es un espacio emblemático declarado zona histórica intangible e integrante del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. También es uno de los destinos favoritos para la práctica del ciclismo de montaña y downhill. Hoy, sin embargo, es escenario de una controversia entre la municipalidad distrital y un grupo de deportistas, debido al ingreso de combis que ofrecen subir bicicletas y ciclistas hasta la cima del morro.
De acuerdo a la Municipalidad de Chorrillos, estas combis operan como colectivos informales, cobrando entre S/7 y S/8 por viaje, sin tener permiso alguno de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Además, se ha alertado que circulan sin SOAT para pasajeros, sin revisión técnica vigente, y transportan hasta 12 personas con bicicletas en el interior.
El municipio recuerda que, según la Ordenanza Municipal N.º 332‑2018, la vía que sube al Morro Solar solo puede ser utilizada por vehículos autorizados con fines de mantenimiento. Ingresar sin autorización constituye una infracción grave que puede ser sancionada con una multa de S/5,350 y la retención del vehículo.
Durante recientes intervenciones, la ATU y la Policía Nacional calificaron este tipo de traslado como un servicio informal y fuera de la normativa vigente. Según verificó El Comercio, algunas de las combis involucradas —como las de placas AUL‑338 y W2K‑065— tienen multas previas por circular en sentido contrario, no pasar la revisión técnica o brindar transporte sin autorización. Incluso figuran papeletas impagas.
En medio de la polémica, los ciclistas han salido a defender su práctica. Jean Pierre Guzmán, deportista con 40 años de experiencia, explicó que no todos los aficionados tienen vehículo propio y que subir pedaleando es físicamente inviable para muchos. Por ello, pidió que las autoridades habiliten un sistema formal, regulado y seguro para acceder al punto de partida de las rutas de descenso.
“Después de la pandemia, este deporte ha ayudado mucho a la salud mental. No queremos conflictos, solo soluciones”, afirmó.
📝 Con información de El Comercio.
📍 Redacción Limaaldia.pe
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