“La ética en este Congreso es un accesorio molesto, que impide lograr objetivos personales, pero, al mismo tiempo, esas faltas terminan siendo una buena pieza para negociar votos”.
Bajo el mando de la Mesa Directiva de los “Amigos y Rivales” se van negociando las presidencias de las comisiones y sus miembros. Si bien no es una repartija, pues corresponde a la dinámica natural del Legislativo, lo que preocupa es qué es lo que se está negociando, sobre todo cuando existe una gruesa cantidad de congresistas que buscan impunidad, empezando por el presidente del Congreso, Alejandro Soto.
Como este Diario lo ha demostrado con documentos, Soto se benefició con la Ley de Prescripción por la que había votado a favor cuando aún estaba siendo procesado por el delito de estafa. Este tremendo conflicto de intereses se agrava con las falsedades dichas en televisión nacional al afirmar que su caso había sido archivado cuatro años atrás. Esta denuncia se suma a una previa que lo acusa de haber contratado a la tía de su hijo; en buena cuenta, su cuñada.
Cuestionado por la prensa, el titular del Parlamento ha dicho que esos hechos “no son trascendentales para el país”; es decir, los principios éticos de un representante no son relevantes. Sin querer, Soto ha revelado la línea de pensamiento de algunos de sus colegas; por ejemplo, Digna Calle.
El caso de la congresista de Podemos Perú ya era un escándalo público desde hace meses para todos, menos para el Congreso. ¿Cómo era posible que, desde enero de este año, una legisladora se ausentara del país para instalarse con su familia en los Estados Unidos apañada por su bancada? Digna Calle no ve en absoluto la incompatibilidad entre vivir el sueño americano y legislar a distancia; total, ha indicado que renunció a su sueldo y a los gastos de representación, como si la supuesta donación de sus ingresos parlamentarios menguara la falta. La congresista, sin rubor en el rostro y quizá las manos vacías para negociar, pidió 60 días más de licencia personal. La respuesta ha sido una denuncia por infracción constitucional.
Otro congresista con efecto teflón es Darwin Espinoza, investigado por el Caso ‘Los Niños’ y recientemente señalado por el expresidente de Sedapal –Francisco Dumler– como gestor de la empresaria Sada Goray, sumando una arista más al escandaloso caso de corrupción. Sin embargo, Espinoza no conoce de vergüenza y luce bastante cómodo en su nuevo rol de vocero de la bancada de Acción Popular, al igual que los que lo eligieron para ocupar ese cargo. Luego de las renuncias al grupo parlamentario –ocho al cierre de esta columna– ha quedado claro quiénes son lo que empuñan la lampa.
Pero eso no es todo, existe una larga lista de aproximadamente 70 congresistas relacionados a faltas éticas o indicios delictivos (“Correo”, 16/7/2023), muchos de ellos salvados por la Comisión de Ética en el anterior período legislativo. Según el Centro Liber, para abril de este año el 80% de casos fue archivado. No podía ser diferente puesto que la mayoría de los integrantes de esta comisión también estaban involucrados en escándalos o investigaciones fiscales (El Comercio, 7 de abril del 2023). ¿Qué se puede esperar de los nuevos miembros seleccionados en esta tómbola?
La ética en este Congreso es un accesorio molesto, que impide lograr objetivos personales, pero, al mismo tiempo, esas faltas terminan siendo una buena pieza para negociar votos. De aquí al 2026 todo irá en caída libre, porque –como decían las abuelas– entre gitanos no se leen las manos.
Fuente: El Comercio – Mabel Huertas / periodista
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