De una muestra nacional de 856 instituciones estatales de los tres niveles de gobierno. Preocupante situación ante inminente ocurrencia de Fenómeno El Niño Global
Como resultado del Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023”, la Contraloría General identificó que más del 70 % de entidades públicas de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local no cuentan con planes específicos aprobados y actualizados para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de desastre orientados a proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.
El control gubernamental se realizó a una muestra de 856 entidades públicas en las 25 regiones del país con el mismo número de intervenciones (visitas de control) en un período que comprendió del 1 de junio al 11 de agosto de 2023.
Las intervenciones de control por nivel de gobierno comprendieron, en el caso del gobierno nacional la supervisión de 207 entidades del Poder Ejecutivo, universidades, empresas del Estado, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Poder Legislativo y Judicial.
A nivel regional se supervisaron 59 entidades, de las cuales 24 corresponden a gobiernos regionales y 35 a entidades como direcciones regionales, proyectos y otros; mientras que a nivel de los gobiernos locales se visitaron 590 entidades entre municipalidades distritales, provinciales y empresas municipales.
Uno de los principales resultados del operativo es que el 72 % (618) de entidades públicas no cuentan con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD), relacionado a operaciones planificadas y articuladas para evitar la generación de nuevos riesgos y reducir las vulnerabilidades existentes.
Este incumplimiento se evidenció en 130 entidades del gobierno nacional (63 %), 12 gobiernos regionales (50 %), 22 entidades del ámbito regional (63%) y 454 entidades de los gobiernos locales (77 %).
Cabe precisar que el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales como los ocurridos con el Ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño Costero, las heladas y friajes, entre otros. Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.
Dicha Ley establece que la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), en su calidad de ente rector del SINAGERD, es el responsable de conducir y fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema.
Otros resultados
Durante el Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023” se supervisaron otros 6 planes específicos con los siguientes resultados:
Planes de preparación (PP)
Se evidenció que 140 entidades públicas del gobierno nacional (67 %), 21 gobiernos regionales (88 %), 24 entidades del ámbito regional (68 %) y 532 entidades a nivel gobierno local (90 %) no cuentan con el Plan de Preparación (PP) para la respuesta y rehabilitación, debidamente aprobado y actualizado.
En suma, un total de 717 entidades públicas (84 %) carecen de este instrumento de gestión que permite articular acciones para preparar a la población ante una situación de desastre y atender eficazmente las consecuencias de una emergencia.
Plan de Operaciones de Emergencia (POE)
Asimismo, se identificó que 142 entidades públicas a nivel del gobierno nacional (69 %), 18 gobiernos regionales (75 %), 21 entidades del ámbito regional (60 %) y 501 entidades de los gobiernos locales (85 %) carecen del Plan de Operaciones de Emergencia (POE).
Es decir, en total 682 entidades (80 %) no tienen este documento que describe las acciones destinadas a responder de manera efectiva y oportuna ante situaciones de peligro inminente, así como, ante el impacto de las emergencias o desastres.
Plan de Continuidad Operativa (PCO)
Con respecto al Plan de Continuidad Operativa, a través del cual se implementan las medidas orientadas a mantener ininterrumpidas las actividades críticas identificadas en las entidades, a fin de proveer los servicios a la población ante la ocurrencia de una emergencia o desastre; se halló que 150 entidades del gobierno nacional (72 %), 21 gobiernos regionales (88 %), 32 entidades del ámbito regional (91 %) y 576 entidades de los gobiernos locales (98 %) no cuentan con este documento de gestión, es decir, un total de 779 entidades públicas (91 %).
En el operativo, también se identificó que la mayor parte de las entidades no cuentan con Planes de Educación Comunitaria (83 % – 708 entidades), Planes de Rehabilitación (84 % – 723 entidades) y Planes de Contingencia (58 % – 499 entidades).
Actuación del CENEPRED y el INDECI
La labor de control comprendió, además, la intervención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), así como al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de determinar si vienen efectuando el seguimiento a la aprobación y actualización de los planes conforme a la norma establecida.
Como resultado, se identificó que el CENEPRED, no acredita haber implementado medidas para remediar la falta de cumplimiento de las entidades públicas para la elaboración de los Planes de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, lo que afecta el logro de objetivos de gestión relacionados a la operaciones planificadas y articuladas para reducir la vulnerabilidad existente a fin de proteger la vida de la población
Asimismo, con relación al proceso de estimación de riesgo de desastres, se advierte que el CENEPRED no viene ejecutando procedimientos de monitoreo y evaluación para asegurar la implementación de las recomendaciones de los informes de escenarios de riesgo en las entidades públicas, lo que pondría en riesgo la aplicación de medidas adecuadas y toma de decisiones.
Por otro lado, el INDECI no acredita acciones ante la falta de actualización de los planes específicos aprobados, ni medidas para revertir esta situación; afectando el logro de los objetivos de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación a nivel nacional
Recomendación a la PCM
Frente a los resultados del operativo Nacional, la Contraloría recomendó a la PCM revisar la normativa del SINAGERD para actualizar y aclarar su implementación, de manera que las entidades de los tres niveles de gobierno mejoren la formulación, implementación y seguimiento de los planes específicos de la gestión de riesgo de desastres.
Asimismo, se recomendó formular un documento técnico normativo que sirva de orientación para identificar a las entidades obligadas a formular, aprobar y ejecutar los planes específicos, incluyendo el Plan de Continuidad Operativa; el cual deberá ser publicado y notificado a los organismos técnicos (INDECI y CENEPRED) para elevar la implementación de los planes en las entidades.
Finalmente, impulsar acciones que conlleven a que ambas instituciones realicen acciones de supervisión y evaluación del cumplimiento de los planes mencionados por parte de las instituciones públicas.
El informe de control consolidado fue notificado oportunamente al titular de la Presidencia del Consejo de ministros, para que se adopten las acciones correctivas correspondientes, a fin de proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.
Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.
Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.
Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.
Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.
Con el firme compromiso de seguir promoviendo la participación activa de la mujer en la vida política y democrática del país, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, bajo la dirección de la Dra. Milagros Salazar, organiza el Plenario Regional de Lima Metropolitana del Parlamento Mujer 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo.
Durante dos jornadas, decenas de mujeres representantes de diversos distritos de Lima asumirán simbólicamente el rol de congresistas, debatiendo, proponiendo y aprobando iniciativas legislativas en un ejercicio democrático que fortalece su liderazgo y su presencia en el espacio público.
Esta experiencia única no solo visibiliza el potencial transformador de las mujeres, sino que también reafirma el compromiso del Congreso con la construcción de una ciudadanía activa, inclusiva y comprometida con el futuro del país.
“Con este programa, el Congreso abre sus puertas a las voces femeninas que, desde sus comunidades, lideran cambios reales y proponen soluciones concretas”, destacó la Oficina de Participación Ciudadana.
El evento incluirá espacios de formación, diálogo directo y reflexión colectiva, con el objetivo de inspirar a más mujeres a involucrarse activamente en los asuntos públicos.
