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Multas impuestas a las empresas operadoras por venta de chips de telefonía móvil en vía pública superan los S/ 25 millones

Montos corresponde a sanciones impuestas de 2020 al primer trimestre de 2023.
Uno de los peligros a los que se exponen los usuarios que adquieren chips en la calle es el posible uso no autorizado de los datos personales para fines delictivos.
Desde el 2020 a marzo de 2023, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impuso multas por más de 25 millones de soles a las empresas operadoras del servicio móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública.
De los S/ 25 353 518 con los que se sancionó a las empresas por incurrir en esta práctica, pese a estar prohibida, el mayor monto corresponde a Telefónica con S/ 7.59 millones (30 %); seguido de Claro, S/ 6.27 millones (25 %); Entel, S/ 6.09 millones (24 %) y Bitel con S/ 5.40 millones (21 %).

El director de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL, Luis Pacheco, señaló que la venta de chips móviles en la vía pública está prohibida por el ente regulador, pues de acuerdo con las normas vigentes, la contratación de servicios móviles a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al OSIPTEL.
“El OSIPTEL ha establecido reglas mínimas respecto de los canales de comercialización de las empresas operadoras, para que la contratación del servicio se lleve a cabo brindando información suficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titularidad de los servicios públicos de telecomunicaciones”, añadió.
Cinco peligros asociados a la venta de chips en la vía pública
La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios al no ofrecer ninguna garantía de lo adquirido, pues no hay manera de certificar que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil.
Además, los ciudadanos que contratan líneas móviles ambulatoriamente entregan información de su huella dactilar a un desconocido en la calle y corren el riesgo del robo de su identidad en transacciones que, al carecer de control y fiscalización oficial, pueden derivar en acciones delictivas y de organización criminal. A continuación, detallamos algunos de los peligros derivados de la venta de chips en la vía pública:
- Uso indebido de la huella dactilar. La información personal y la huella digital del usuario podrían ser usadas para fines distintos a los autorizados.
- Suplantación de identidad. Producido el robo de identidad a través del mal uso de la huella digital, desconocidos pueden suplantar a la víctima en trámites y hasta actos delictivos, como fraudes cibernéticos.
- Contratación de líneas móviles o portabilidades no autorizadas. También podrían realizar trámites no consentidos (contrataciones de líneas móviles, portaciones y migraciones), o compras no autorizadas de equipos de alta gama.
- Ingresos no autorizados a cuentas bancarias y retiros de dinero. Con los datos personales y la información de la huella dactilar capturada por desconocidos, la seguridad de diversos aplicativos móviles de la víctima queda vulnerada.
- Las líneas contratadas sin consentimiento podrían terminar en manos de delincuentes. Con la huella digital de la víctima un mal vendedor puede activar otras líneas y venderlas a personas que no quieren ser identificadas para cometer actos delictivos como extorsiones.
Cabe recordar que, las ventas irregulares de líneas móviles, en su mayoría realizadas en la calle de manera ambulatoria, motivaron que, en el 2022, las personas presenten más de 77 mil reclamos ante las cuatro principales empresas operadoras por la contratación no solicitada del servicio móvil pospago. En ese mismo año, las empresas operadoras registraron más de 10 mil cuestionamientos de titularidad de servicios móviles prepago.
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Ministro de Justicia dispone reforzamiento de medidas de seguridad del penal de Challapalca

Junto al presidente del Instituto Nacional Penitenciario y equipo técnico, constató in situ el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control.

3 de julio de 2025 – 2:34 p. m.
De manera inopinada y con el objetivo de fortalecer la seguridad del Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en la región Tacna, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, supervisó la infraestructura y tecnología con inteligencia artificial que se usa en este penal.
«Estamos en Challapalca constatando que todo funcione adecuadamente y, sobre todo, viendo las mejoras que podemos hacer para impulsar la labor que realizan los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)», dijo el ministro.
Junto al presidente (e) del INPE, Marlon Florentini, agregó que esta inspección in situ le ha permitido identificar algunas observaciones que, inmediatamente, deben ser levantadas. «Las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el penal están funcionando», precisó.
Añadió que se le exigirá a la empresa que pone en funcionamiento los equipos de Rayos X y Body Scan que cumpla con lo dispuesto en su contrato o que, de lo contrario, se procederá de acuerdo a ley.

Cumpliendo compromisos
En abril de 2025, el ministro Enrique Alcántara -en su calidad de viceministro de Justicia en ese entonces- dialogó con el personal del INPE que trabaja en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, quienes le expresaron algunas necesidades logísticas para el cumplimiento óptimo de sus funciones.
En ese sentido, a través del INPE, el titular del MINJUSDH entregó 2 lavadoras, 2 secadoras, 100 frazadas de micropolar y 20 calefactores, los que impactarán positivamente en el trabajo y la salud de los agentes, quienes laboran a 5050 m s. n. m.
Supervisión y requisas
Como parte de las acciones ejecutadas para fortalecer el principio de autoridad, el ministro y el presidente del INPE supervisaron tres pabellones del penal de Challapalca.
La noche previa, en el penal de Tacna, se ejecutó una requisa, donde agentes del Grupo de Operaciones Especiales incautaron diversos objetos prohibidos. Estas acciones demuestran el compromiso del MINJUSDH con el control total y el orden en los penales de todo el país, y la promoción de talleres que permitan la resocialización de los internos.

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Brindarán asistencia técnica para el proyecto del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucallpa

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), brindará acompañamiento técnico al Gobierno Regional de Ucayali en la formulación del proyecto de construcción del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Pucallpa.
El acuerdo se consolidó durante la instalación de la mesa técnica interinstitucional de alto nivel para el saneamiento ambiental y la viabilidad del futuro desembarcadero, realizada el 3 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ucayali, con la participación de la jefa del FONDEPES, Katia Novoa Sánchez. También estuvieron presentes el director regional de la Producción, Mariano Rebaza, y la congresista de la República, Jeny López Morales, entre otras autoridades.
En ese marco, Novoa Sánchez destacó el compromiso de las instituciones involucradas para impulsar un proyecto estratégico para la población ucayalina y las zonas aledañas. “FONDEPES es la entidad técnica más importante en el desarrollo de proyectos pesqueros, y este es el camino adecuado para sacar adelante esta iniciativa”, señaló.
El rol de FONDEPES como asesor técnico en las inversiones de desembarcaderos pesqueros artesanales impulsado por los gobiernos regionales, está contemplado en los lineamientos establecidos en el marco de la Ley N.º 32096. Según estos lineamientos, el proyecto debe contar con el saneamiento físico-legal del terreno, un estudio de preinversión y su resumen ejecutivo, así como los documentos que acrediten la posesión del predio. De ser necesario, también deberá incluirse un plan de contingencia con la opinión favorable del gobierno regional o local.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno Regional de Ucayali, el DPA de Pucallpa beneficiará a cerca de 4,000 pescadores artesanales, mejorando sus condiciones de trabajo, sanidad y comercialización. Asimismo, se estima que permitirá el desembarque de aproximadamente 5,000 toneladas de pescado al año, lo que dinamizará la economía local y fortalecerá la seguridad alimentaria en la región.
La mesa técnica está conformada por el director regional de la Producción de Ucayali, la jefa del FONDEPES, representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales de la región Ucayali (ASAPARU), entre otras entidades.
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