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Lima Norte

Obras públicas paralizadas suman 2,055 a nivel nacional y más del 50 % se concentran en seis regiones – Señal Alternativa

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A julio del 2023 se registró un saldo de inversión de S/ 12 681 millones para culminar estas obras.

Según un reporte elaborado por la Contraloría General de la República, al 31 de julio de 2023 se registraron 2,055 obras públicas paralizadas a nivel nacional, pertenecientes a los tres niveles de gobierno, las cuales no se han concluido y no reportan ningún avance en su ejecución física durante más de seis meses, y de las cuales, el 53.2 % se concentran en seis departamentos: Cusco, Puno, Lima, Áncash, Ayacucho y Cajamarca. 

Según el “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional al 31 de julio de 2023”, publicado en el portal web de la Contraloría General, los departamentos con mayor cantidad de obras paralizadas con Cusco con 313 obras públicas paralizadas, las cuales representan el 15.2 % del total, luego aparecen Puno con 251 (12.2 %), Lima con 156 (7.6 %), Áncash con 137 (6.7 %), Ayacucho con 128 (6.2 %) y Cajamarca con 109 (5.3 %).

De la información procesada por la propia Contraloría General y proveniente de fuentes tales como el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el sistema Monitor RCC, el total de obras públicas paralizadas tienen un monto de inversión de S/ 25 422 millones, de los cuales falta ejecutar un saldo de inversión de más de S/ 12 681 millones al cierre del mes de julio del presente año.

Obras paralizadas por nivel de gobierno

El reporte de Contraloría señala que, por nivel de gobierno, el mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1,503 obras paralizadas por 6 mil 488 millones de soles; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 315 obras, con un monto de inversión de 9,710 millones de soles. En tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 237 obras, cuyo monto de inversión asciende a 9 mil 222 millones de soles.

Para culminar dichas obras se requiere ejecutar un saldo de inversión de 2, 988 millones de soles, a nivel del Gobierno Local, 4,655 millones de soles, en el Gobierno Nacional y otros 5,039 millones en instancias del Gobierno Regional.

Obras paralizadas por sector

Considerando el sector de intervención (que incluye a los tres niveles de gobierno), la mayor cantidad de obras paralizadas se siguen concentrando en el sector de Transportes y Comunicaciones con 565 (27.5 % del total), con obras tales como el mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco (S/ 1,363 millones), la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba – Santiago de Chuco EMP. Ruta 10, Tramo Mollepata – Pallasca en La Libertad (S/ 759 millones), la ejecución del saldo de obra para mejorar la carretera Viscachani – Callalli – Sibayo – Caylloma en la región Arequipa (S/ 256 millones), entre otros.

Luego aparece el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 443 obras (21.6 %), donde figuran casos como la obra de ejecución de saldo de obra de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona en Ica (S/ 51 millones), la instalación del interceptor y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Huaral en Lima Provincias (S/ 105 millones), entre otros.

Mientras que el sector Educación tiene 288 obras paralizadas (14.0 %) tales como la recuperación de la infraestructura de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann” en Piura (S/ 20 millones), la ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la IE N° 222 del distrito de Aguas Verdes en Tumbes (S/ 2 millones) ; y el sector Agricultura con 266 (12.9 %) tiene obras detenidas como el mejoramiento de la irrigación en Marcahuasi – Mollepata en Cusco (S/ 27 millones), el mejoramiento del sistema de riego Naranjos – Canal El Tigre – Utcubamba – Amazonas en el departamento de Amazonas (S/ 9 millones), entre otros.

Con menor participación en el total de obras públicas paralizadas aparece el sector Salud con 67 obras paralizadas (3.3 %), donde figuran casos como la obra de fortalecimiento de la atención de los servicios de salud del nuevo Hospital de Andahuaylas en Apurímac (S/ 160 millones) y el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Tingo María en Huánuco (S/ 221 millones); en el sector de Energía y Minas hay 48 obras paralizadas (2.3 %) como el saldo de obra de electrificación rural para el Sistema Eléctrico Rural Nauta del departamento de Loreto; y en Otros Sectores hay 378 obras detenidas (18.4 %).

Motivos de paralización

Según la información declarada oficialmente por las entidades ejecutoras, el 18.1 % (372) del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación debido a la falta de recursos financieros y liquidez, mientras que el 13.5 % (277) se debe a incumplimientos contractuales.

Otro 3.5 % (72) del total de obras están paralizadas por discrepancias, controversias y arbitrajes, mientras que un 2.7 % (56) se debe a conflictos sociales, el 1.5 % (30) es por eventos climáticos y otro 1.5 % (30) se debe a problemas con el expediente técnico, entre otras causales.

Otros datos relevantes

El reporte de la Contraloría también advirtió que el número de obras públicas paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con Cambios, al 31 de julio de 2023, ascienden a 129 obras (5.6 % del total), cuyo costo actualizado es de S/ 1,428 millones, las cuales se ubican en departamentos como Piura, La Libertad, entre otros. Del total de estas obras, el 47.3 % corresponden al Gobierno Nacional, el 13.2 % son del nivel del Gobierno Regional y 39.5 % pertenecen al Gobierno Local (municipios provinciales y distritales)

Mientras que las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances de la Ley Nº 31589, que estableció el marco legal para garantizar la reactivación de las obras públicas paralizadas, ascienden a 937 obras paralizadas, por un monto de inversión de S/ 8618 millones, y pese a este marco normativo continúan paralizadas.

Asimismo, el 97.8 % (2009) de las 2,055 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. En este grupo, el costo actualizado asciende a S/ 21,869 millones.



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Municipio no ha ejecutado un sol de presupuesto 2025 asignado al vaso de leche. – Señal Alternativa

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Informe de Contraloría advierte de riesgosa desatención a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en estado de desnutrición o afectados por tuberculosis.

Al día 26 de agosto del 2025, la gestión municipal de Ancón, reporta 0 % de ejecución presupuestal en la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche.

El presupuesto asignado según el portal de transparencia asciende a la suma de 860 mil 754 soles, el mismo que no ha sido ejecutado a la fecha.

En el año 2024, la gestión municipal tuvo un mejor desempeño ejecutó el 100% de su presupuesto asignado al vaso de leche. En tanto, en el 2023, la ejecución fue del 98.5%.

En Ate ejecución apenas llega al 18.1 %

El segundo distrito con más baja ejecución del presupuesto asignado al vaso de leche es la gestión del alcalde Franco Vidal Morales de Ate Vitarte. 7 millones 600 mil soles es el presupuesto asignado y solo reporta un 18.1 % de ejecución.

En los años previos 2023 y el 2024, la gestión municipal ejecutó el 97.9 % y 98.4 % del presupuesto del programa de vaso de leche, respectivamente.

Otras gestiones municipales alcaldes limeños con baja ejecución

Además de las comunas de Ancón y Ate, los distritos de Chorrillos, El Agustino, San Isidro, La Molina y Pueblo Libre, no llegan a la ejecución del 40 % del presupuesto asignado.

Fuera de juego:

La Contraloría en su informe de Orientación de Oficio Nº 006-2025-OCI/2149-SOO de fecha 16 de julio pasado, advirtió que la municipalidad no ha adoptado medidas oportunas y eficaces para garantizar la adquisición y provisión de suministros del Programa Vaso de Leche correspondiente al periodo 2025, situación que podría afectar el cumplimiento de la distribución diaria obligatoria de las raciones alimentarias a la población beneficiaria.



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Toman medidas ante tachas maliciosas contra inscripción de partidos y alianzas. – Señal Alternativa

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Durante proceso electoral 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, frente a la denuncia de diversas organizaciones políticas sobre la presentación de presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales, ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en dichos procesos.

En reciente jurisprudencia, el Pleno del JNE ha precisado que, en aplicación del artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada —y obligada— a evaluar la improcedencia liminar de las tachas que evidencien prácticas dolosas, sin necesidad de convocar a audiencia.

Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas.

De manera especial, se tendrá en cuenta aquellos casos en los que la tacha se sustente en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos (SUNARP o INDECOPI), lo que contraviene el principio de buena fe procedimental.

En tales circunstancias, la DNROP podrá declarar su improcedencia de manera inmediata y, cuando corresponda, remitir copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al que pertenezca el profesional que haya autorizado el escrito, para que se determinen las responsabilidades del caso.

Asimismo, el JNE recuerda que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.

Se ha solicitado que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que se apliquen sanciones con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática.

Finalmente, el organismo electoral hace un llamado a todas las organizaciones políticas a denunciar estos hechos sin demora, a fin de interponer las acciones legales pertinentes y evitar que actos maliciosos e ilícitos entorpezcan el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Fuente: Andina



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