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Partidos políticos deberán rendir cuentas al Estado por financiamiento

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Esto, en el contexto de una denuncia periodística del programa Punto Final, el cual dio a conocer que Avanza País remitió casi medio millón de soles de financiamiento público para un servicio de capacitación que no se habría concretado.

Las diligencias comenzaron el pasado lunes 6 y seguirán durante la semana que viene en locales de 9 partidos que obtuvieron representación en el Legislativo para el periodo 2021-2026.

La ONPE comprobó la existencia de documentos que justifiquen las actividades de formación y capacitación declaradas en la rendición de cuentas del financiamiento estatal de los partidos. Una vez concluida la investigación, se remitirá un informe para dar cuenta de lo encontrado.

Dentro de la documentación solicitada se encuentra la información financiera de cada agrupación política, esto incluye movimientos bancarios.

También realizaron diligencias en las sedes del Partido Morado (PM), Juntos por el Perú (JPP), Somos Perú(SP) y Alianza para el Progreso (APP). Por su parte, Fuerza Popular (FP), Podemos Perú, Perú Libre(PL) y Renovación Popular (RP) fueron agendados para los siguientes días.

Un caso que llama la atención es el de Acción Popular (AP), que entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2022, fecha auditada, no utilizaron los fondos públicos directos.

“Se busca verificar que los gastos ejecutados por los partidos políticos se encuentren enmarcados en lo que dispone la Ley de Organizaciones Políticas”, detalló Luis Camino, subgerente de verificación y control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

¿Mal uso?

De acuerdo a la plataforma del órgano electoral, las organizaciones políticas que obtuvieron una curul en el Parlamento por el periodo 2021-2026 recibirán un total de S/77′980,016.40, monto que debe declararse de forma anual según se gaste. Sin embargo, los hechos demuestran que las organizaciones aún no siguen el proceso correspondiente.

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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

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Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.

Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.

En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.

El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.

Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Fuente: Rumbo Minero

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PwC advierte incertidumbre sobre continuidad de Petro-Perú tras pérdidas por US$774 millones en 2024

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Auditoría revela que la estatal enfrenta riesgos como empresa en marcha por fallas recurrentes en su planta de Flexicoking y competencia en el mercado de combustibles.

Petro-Perú registró una pérdida neta de US$774 millones en 2024, según sus Estados Financieros auditados por PwC, que cuestionan su viabilidad como «empresa en marcha». La auditoría atribuyó el resultado a la baja producción de la Refinería de Talara (NRT) y a la venta de residuales por fallas en la planta de Flexicoking (FCK), clave para procesar crudos pesados. «La FCK ha estado paralizada 8 de los últimos 16 meses», detalló el informe.

Expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, anticipan otro año negativo: «Podrían perder US$230 millones en 2025». Fernando de la Torre, exgerente financiero, destacó que el rescate del MEF evitó la insolvencia, pero criticó que no se ajustara el valor contable de la NRT pese a sobrecostos documentados por la Contraloría.

PwC sugirió evaluar unidades como el Oleoducto Norperuano (ONP), afectado por atentados, y priorizar la reestructuración corporativa. «Sin cambios, la dependencia del Estado seguirá», advirtió Erick García, experto en hidrocarburos.

Fuente: El Comercio

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