Municipalidad metropolitana, presentó proyecto de ley al Congreso para asumir función que hoy desarrolla Procuraduría General del Estado.

Un proyecto de ley cuya aprobación permitiría que los gobiernos regionales y locales designen a sus propios procuradores públicos, presentó ante el Congreso la municipalidad metropolitana de Lima.

La iniciativa, alcanzada en la víspera al Poder Legislativo, plantea establecer para ello modificaciones en el decreto legislativo 1326, mediante el que se creó la Procuraduría General del Estado (PGE), así como en las leyes orgánicas de municipalidades (Ley 27972) y de gobiernos regionales (Ley 27867).

Excepciones a la ley

Así, en el proyecto planteado por el municipio capitalino, se incluye a los gobiernos regionales y los gobiernos locales entre las entidades que están exceptuadas de tener a sus procuradores nombrados por el Consejo Directivo de la PGE.

Estas son, actualmente, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos. Junto a ellos, los gobiernos regionales y locales “mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección respecto de la Procuraduría General del Estado”, se propone en la iniciativa legislativa.

Solo excepcionalmente, y con previa comunicación del titular del correspondiente gobierno regional o local, será dicha entidad la que designe a los procuradores de los municipios y de los gobiernos regionales.

Leyes orgánicas

De igual manera, en el proyecto se plantea modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a las procuradurías públicas municipales. Se dispone que los gobiernos locales establecerán sus propios procesos de selección para la designación de los procuradores públicos municipales.

Asimismo, vía una modificación del artículo 78 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece esa misma situación para los procesos de selección de los procuradores públicos regionales.

El argumento de la municipalidad de Lima para presentar este proyecto es el de “restablecer la autonomía constitucional de los gobiernos regionales y locales”.

“No resulta congruente con la autonomía constitucional reconocida que la Procuraduría General del Estado dependiente del Poder Ejecutivo se encargue de convocar a un proceso de selección de procuradores públicos para los gobiernos regionales y gobiernos locales”, se indica.

Por ello se está planteando que dichas instancias de gobierno participen en estos procesos.

Fuente: Andina