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Por: GERMÁN LENCH CÁCERES / El costo beneficio de los proyectos de ley

La mayoría de Proyectos de Ley presentados por los congresistas de la República que según el artículo 75º del reglamento del Congreso que tiene fuerza de Ley, tienen la obligación incluir en cada propuesta, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser aprobada, lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiados y los perjudicados con la aprobación de un proyecto de Ley, cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.
Sin embargo del 100% de proyectos de ley presentados por los Congresistas, casi el 95% no tiene el análisis costo – beneficio cuantitativo principalmente y si lo tiene están deficientemente elaborados con datos estadísticos desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan fruto de la falta de investigación y desconocimiento de la realidad por los motivos siguientes :
1) Baja calidad y conocimiento actualizado de las materias especializadas de los asesores de los despachos de cada congresista, claro no en todos los casos.
2) En algunos casos falta de experiencia del equipo asesor de comisiones.
3) En los despachos congresales, hay un número de empleados por favor político, (muchos de ellos con sueldos recortados) que no conocen las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica especializada que deben brindar.
Si revisamos los Proyectos de Ley o iniciativas legislativas presentadas; encontramos que en su mayoría en el análisis costo beneficio dice: beneficios muchos y costos pocos que refleja desconocimiento en temas por legislar y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población; el Presupuesto del Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 879 millones a los contribuyentes, una cifra nada despreciable, teniendo cada congresista derecho en su despacho, aparte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que propongan normas técnicas consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un trabajo de investigación riguroso.
Es más, este Congreso ha convertido a las Comisiones Ordinarias que deben encargarse de estudiar y evaluar a profundidad los Proyectos de Ley presentados, en simples mesa de partes, ya que el equipo asesor de las Comisiones que debe ser experimentado y especializado técnicamente en cada materia; remite los proyectos de ley a los sectores o entes involucrados para que opinen y si esto no ocurre, simplemente en muchos casos no se dictaminan las iniciativas y si lo hacen es políticamente, o sea no solucionan nada cuando se puede dictaminar en algunos casos con el conocimiento del equipo asesor.
Ejemplos hay, tenemos proyectos que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua caliente al Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones – Invierte. Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto que trata que el dinero del Estado se gaste eficientemente.
Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos con experiencia y especializados para que colaboren eficazmente de lo contrario el prestigio del Congreso seguirá por los suelos con una desaprobación del 85% de la ciudadanía según la última encuesta IEP.
(*) Economista
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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.
Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.
En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.
El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.
Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Fuente: Rumbo Minero
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PwC advierte incertidumbre sobre continuidad de Petro-Perú tras pérdidas por US$774 millones en 2024

Auditoría revela que la estatal enfrenta riesgos como empresa en marcha por fallas recurrentes en su planta de Flexicoking y competencia en el mercado de combustibles.
Petro-Perú registró una pérdida neta de US$774 millones en 2024, según sus Estados Financieros auditados por PwC, que cuestionan su viabilidad como «empresa en marcha». La auditoría atribuyó el resultado a la baja producción de la Refinería de Talara (NRT) y a la venta de residuales por fallas en la planta de Flexicoking (FCK), clave para procesar crudos pesados. «La FCK ha estado paralizada 8 de los últimos 16 meses», detalló el informe.
Expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, anticipan otro año negativo: «Podrían perder US$230 millones en 2025». Fernando de la Torre, exgerente financiero, destacó que el rescate del MEF evitó la insolvencia, pero criticó que no se ajustara el valor contable de la NRT pese a sobrecostos documentados por la Contraloría.
PwC sugirió evaluar unidades como el Oleoducto Norperuano (ONP), afectado por atentados, y priorizar la reestructuración corporativa. «Sin cambios, la dependencia del Estado seguirá», advirtió Erick García, experto en hidrocarburos.
Fuente: El Comercio
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