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Presentan PL para procesar por terrorismo a quienes atenten contra la propiedad pública y/o privada

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La parlamentaria Patricia Chirinos presentó una iniciativa legislativa para que quienes destruyan edificios públicos y privados sean denunciados por terrorismo.

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La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una propuesta legislativa que separa a protestantes de terroristas. Para la congresista, no se puede usar como excusa una manifestación para atentar contra la propiedad pública y/o privada. Por ello, considera que este accionar debe ser registrado como acto terrorista y tendría que tener una pena no menor a 20 años de pena privativa de libertad.

Este proyecto de Ley tiene como coautores a los congresistas Alejandro Cavero, Diana Gonzáles, Norma Yarrow, Diego Bazán y el presidente del Congreso, José Williams; todos pertenecientes a la bancada de Avanza País.

«No podemos permitir que acciones terroristas, como incendiar aeropuertos y comisarías, solo sean considerados como actos vandálicos. Por ello, he presentado el proyecto de ley que permitirá procesar por terrorismo a quien utilizando las protestas ciudadanas ataque la propiedad pública o privada», escribió en su cuenta de Twitter.

«La persona o grupo de personas que crean, o mantengan en estado de zozobra, alarma o temor en la población o a un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio privado, destrucción de la propiedad privada y/o pública, bienes muebles y/o inmuebles, contra la seguridad de los edificios públicos y/o privados, carreteras, vías de transporte, medios de comunicación o transmisión de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, o contra las infraestructuras que generan desabastecimiento de recursos de primera necesidad empleando armamentos, materias o artefactos explosivos u otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 20 años de cárcel», señala el oficio.

Asimismo, este proyecto de Ley N° 4168/2022-CR plantea que las personas que desmantelen, incendien o destruyan hospitales, comisarias, dependencias militares, puertos, instituciones públicas, campamento mineros, entre otros o si secuestran, golpean y matan a algún funcionario público, agente de las fuerzas del orden, autoridad o de los bomberos con fines políticos, la pena privativa de libertad no será menor a 30 años.

«El que durante manifestaciones, aprovechándose de éste, ataque, destruya, desmantele, incendie, o atente contra comisarías, hospitales, dependencias policiales o militares, aeropuertos, puertos, campamentos gasíferos, campamentos mineros, hidroeléctricas, edificios de las diferentes instituciones públicas, empresas privadas y construcciones consideradas como patrimonio cultural de la nación. Así como también, el que o los que atenten contra la integridad física, libertad, cuerpo y salud, secuestre, golpee, o producto de estos hechos cause la muerte de servidores públicos, autoridades, agentes de las fuerzas armadas, policía nacional, bomberos, con fines políticos será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 30 años de cárcel», indica el documento.

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Encuesta CPI: Allison, Bruce y Reggiardo lideran; Arón Espinoza da la sorpresa

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Un nuevo estudio de opinión revela las preferencias iniciales para la alcaldía de Lima Metropolitana. Más de un 40% aún no decide su voto.

La última encuesta de CPI, publicada por El Comercio, traza un primer mapa de preferencias con miras a las elecciones municipales de 2026 en Lima Metropolitana. Si bien las cifras reflejan una competencia aún abierta, ya empiezan a perfilarse nombres, narrativas y contrastes que vale la pena analizar.

En el primer lugar aparece Francis Allison, actual alcalde de Magdalena del Mar y precandidato por Avanza País, con un 12.46%. Aunque lidera el sondeo, su falta de carisma, tono frío y aparente apatía frente a los grandes temas de ciudad le restan fuerza más allá de su base. Lima es más que Magdalena, y los retos metropolitanos exigen otra energía.

Le siguen Carlos “Techito” Bruce (10.86%), alcalde de Surco, figura experimentada pero sin mayor arrastre en sectores populares; y Renzo Reggiardo (también con 10.86%), actual teniente alcalde de Lima, quien intenta revitalizar su imagen a través del espacio televisivo Alto al Crimen y una narrativa de orden que remite inevitablemente a su pasado fujimorista. Reggiardo, sin embargo, ha sido el que más creció desde abril, lo que revela que aún conserva una base reactiva y atenta.

En cuarta posición aparece Sofía Franco (7.51%), figura televisiva que hoy es más recordada por los constantes escándalos y conflictos maritales con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, que por alguna propuesta política seria. Su alta recordación podría jugarle tanto a favor como en contra en los próximos meses.

Pero el dato más interesante lo ofrece el quinto lugar. Con un 5.11%, el excongresista Arón Espinoza se posiciona como la sorpresa del sondeo. Sin un apellido de alcurnia, ni pantalla propia, ni gestión distrital en su historial, Espinoza ha logrado conectar con sectores populares como Ate, Carabayllo, Chorrillos y Villa El Salvador. Su reciente designación como responsable político de Lima Metropolitana por parte de Podemos Perú confirma que su agrupación lo proyecta con ambición, y que la calle sigue siendo el mejor termómetro para captar el humor social.

Más abajo en la tabla aparecen otros aspirantes con menor tracción:
▪️ Ulises Villegas (4.95%), alcalde de Comas, con visibilidad distrital pero aún sin proyección metropolitana.
▪️ Alberto Tejada (2.88%), médico y alcalde de San Borja, cuya imagen técnica parece no despertar entusiasmo fuera de su nicho.
▪️ Jorge Quintana (0.80%), exalcalde de Jesús María, marcado por una gestión cuestionada.
▪️ Luis Gálvez y Yorry Warthon, ambos con apenas 0.32%, sin presencia reconocible para el gran electorado.

Pero la cifra más contundente sigue siendo la de los indecisos: 41.53% de los encuestados aún no sabe o no opina. Esto evidencia que, a pesar de las movidas y precandidaturas, Lima aún no encuentra una figura que capture la confianza ciudadana con claridad.

El reto no es solo ganar encuestas. Es construir liderazgo, representar a una ciudad desigual y exigente, y demostrar que se puede gobernar más allá del nombre, el cargo o el show.

Lima observa. Y aunque aún no decide, ya empieza a filtrar.

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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

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Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.

Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.

En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.

El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.

Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Fuente: Rumbo Minero

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