Por: Dr. Tullio Bermeo Turchi

Según el DS № 001-2021-JUS, los bienes incautados y decomisados por delitos en agravio del Estado y que son administrados por el Pronabi son asignados en uso temporal a instituciones públicas, sobre todo a aquellas que luchan contra la delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, Ministerio del Interior, Procuraduría, Fuerzas Armadas y gobiernos locales.

El pasado 11 de abril, el Ministerio Público incautó en todo el país los bienes vinculados a la Universidad Alas Peruanas como parte de la investigación por lavado de activos que se le sigue al imputado Joaquín Ramírez (propietario) y a personas de su entorno.

En Ucayali, la Universidad Alas Peruanas cuenta con un amplio local, que tres instituciones públicas (Corte Superior de Justicia de Ucayali, Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia) solicitaron al Pronabi hacer uso de sus instalaciones.

Pese a que el DS № 001-2021-JUS señala que son las instituciones públicas que luchan contra la criminalidad las que tienen preferencia para hacer uso de los bienes incautados y confiscados, el Pronabi otorgó el local incautado a la Universidad Nacional de Ucayali.

Pese al profundo respeto por las autoridades y la comunidad universitaria, como profesional del Derecho me veo en la obligación de sentar mi posición al respecto.

Hasta el 2022, en el país existían 637 sedes judiciales, de los cuales el 24.6 % eran de propiedad del Poder Judicial, y el 75.4 % de los inmuebles estaban bajo una cesión temporal provenientes de otras instituciones públicas o con contratos de alquileres a particulares.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas revelan que los gastos del Poder Judicial por alquileres de locales, entre el 2010-2022, tuvieron un incremento sostenido promedio de 13 % en el presupuesto asignado. En el 2010 estos gastos ascendían a S/ 13 129 610, y en el 2022 llegaron a S/ 56 140 586.

Para que el Poder Judicial pueda contar con más recursos que le permita incrementar la capacidad de atención oportuna al justiciable y reducir la carga procesal existente, es necesario reducir los gastos de alquileres.

Por esta razón, la Corte Superior de Justicia de Ucayali tras tomar conocimiento que el local de la Universidad Alas Peruana de Pucallpa estaba incautado solicitó al Pronabi el uso de este bien, que también favorecería al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, a los defensores públicos, etc.

Las universidades son instituciones públicas que no luchan contra la criminalidad y pese a ello el Pronabi dispuso entregar el bien confiscado a la Universidad Nacional de Ucayali.

Esta decisión, que va contra la norma, constituiría un pésimo precedente, que podría traer serias consecuencias en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado en el país.