Se presentó informe de investigación, que concluye que debe también modificarse marco normativo que permita una mayor transparencia y control en las concesiones.

Con la asistencia de diversas autoridades locales y representantes de la sociedad civil organizada, la Defensoría del Pueblo presentó, este miércoles, en el Hemiciclo Porras Barrenechea del Congreso de la República, el informe sobre la concesión Vías Nuevas de Lima, otorgada a la empresa Rutas de Lima S.A.C. hace once años y en el que se remarca, entre otros temas, la necesidad de abordar modificaciones al contrato suscrito con dicha empresa.

Como se recordará, la concesión de Rutas de Lima involucra el mantenimiento, mejoras y desarrollo de infraestructura vial en 114 kilómetros de vías en la Panamericana Norte (31,50 Km), Panamericana Sur (54,10 Km) y Ramiro Prialé (29 Km, 9,70 de los cuales es la vía existente y el resto es una vía aún pendiente de construcción).

Como sostuvo el Defensor del Pueblo, José Gutiérrez Cóndor, en esta concesión se han detectado un conjunto de situaciones irregulares que habrían generado indebidos beneficios en favor de la empresa concesionaria, a costa del incremento programado del peaje, la reducción de obligaciones a su cargo y la adjudicación de ingresos municipales.

En efecto, debido a las sucesivas modificaciones contractuales se pone en evidencia que se desnaturalizó los alcances de la concesión, prescindiendo del necesario equilibrio que debió preservarse entre el interés público, los intereses y expectativas económicas del concesionario y los derechos de la población.

A la fecha, para mencionar un dato relevante, existe una compensación acordada entre las partes que excede en S/ 6,297’009.000.00 (seis mil doscientos noventa y siete y 09/100 millones de soles) en relación a la deuda reconocida; a su vez, se han vulnerado y reducido el ejercicio de los derechos fundamentales, pues al no desarrollarse la infraestructura vial de la manera prevista, se ha impedido el pleno goce de la libertad de tránsito en condiciones óptimas y de seguridad para la población.

Para la Defensoría del Pueblo, en el caso de la concesión Vías Nuevas de Lima es necesario que se aborde un proceso de modificación del contrato, reactivando el proceso de evaluación conjunta, con el objetivo de establecer medidas más justas y equilibradas para ambas partes, que redunden en el bienestar de los ciudadanos que diariamente transitan por las vías en concesión y que permitan devolver la confianza en el Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Del mismo modo, es importante que se hagan modificaciones al marco normativo que permitan transparentar las condiciones de los contratos de asociaciones público privadas en general, de tal manera que se pueda ejercer un verdadero control y monitoreo ciudadano de las concesiones a fin de minimizar los riesgos de corrupción.