Minería ilegal, narcotráfico y otras economías criminales buscan influir en las elecciones de este año a través del financiamiento de campañas, alertan gremios empresariales, analistas y organizaciones civiles.

Las economías ilegales en el Perú ya no solo alimentan la violencia y la inseguridad, sino que avanzan sobre un terreno aún más sensible: la política. A pocos meses de las elecciones generales de abril de 2026, especialistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que el financiamiento ilícito de campañas se perfila como una de las principales amenazas para la democracia y la institucionalidad del país.

El peso económico de estas actividades resulta determinante. Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el enorme poder económico de la minería ilegal podría influir decisivamente en el proceso electoral. “Pensar que este gran poder económico no va a influir en las elecciones sería ingenuo”, señaló. Según explicó, mientras un proceso electoral nacional cuesta alrededor de S/1,500 millones, la minería ilegal mueve cerca de US$10,000 millones al año, una brecha que puede distorsionar la competencia política si no existe una respuesta firme del Estado.

En la misma línea, Jorge Zapata, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), alertó que estas redes buscan control político directo. “Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso”, afirmó. Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que este 2026 “resulta una oportunidad crítica para cambiar de trayectoria mediante un voto consciente y responsable”, y subrayó la necesidad de una vigilancia ciudadana activa frente a candidaturas vinculadas a economías ilegales.

Fuente: Perú21, Red de Comunicación Regional

El viaducto elevado de 983 metros busca eliminar el cuello de botella en La Molina; sin embargo, expertos advierten que la obra podría no ser una solución integral.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunció que este lunes 26 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, previa a la construcción del proyecto Vía Rápida Javier Prado Frutales–El Golf. La obra principal consiste en un viaducto elevado de 983 metros de longitud con dos carriles por sentido, diseñado para aliviar uno de los principales cuellos de botella en Lima Este. El inicio formal de las restricciones de tránsito y la ejecución de la obra están programados para el jueves 29 de enero.

El proyecto ha generado opiniones divididas entre las autoridades y especialistas. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la iniciativa afirmando: “Tengo que respaldar a mis funcionarios”, destacando que el diseño del viaducto responde a un análisis exhaustivo para mejorar la transitabilidad. Por el contrario, Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, señaló que “el proyecto no va a solucionar el problema, solo va a trasladarlo de un lugar a otro”, mientras que el Colegio de Arquitectos advirtió que la obra no aparece en los planes oficiales de desarrollo urbano como el Plan Lima 2040.

Para mitigar el impacto, se han establecido rutas alternativas específicas según el tipo de transporte. El flujo privado podrá utilizar vías como la Av. Raúl Ferrero y la Av. La Fontana, mientras que el transporte pesado será desviado hacia la Panamericana Sur y la Av. Separadora Industrial. Durante la marcha blanca, se contará con la presencia de banderilleros y efectivos de la Policía Nacional para evaluar el flujo vehicular en los puntos críticos. El objetivo final es fortalecer la movilidad urbana en una zona estratégica que conecta Lima Este con el resto de la metrópoli.

Fuente: El Comercio