“Lo ideal sería que se implementen reformas laborales y tributarias, pero el gobierno carece de capital político para impulsarlas”.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, anunció el jueves la última carta del gobierno para tratar de reanimar la economía. El plan Unidos lista 25 medidas organizadas por el MEF en dos ejes, uno de impulso sectorial y protección de la cadena de pagos, y otro de fomento de la inversión privada.
La pregunta que todos nos estamos haciendo, sin embargo, es si este ‘shock’ de inversiones tendrá el suficiente voltaje para reanimar las alicaídas expectativas de los agentes económicos y dinamizar la inversión privada.
A primera vista, aunque la lista de medidas es larga, solo un puñado de anuncios constituye realmente una novedad.
Para sostener la cadena de pagos se plantea ampliar una iniciativa ya existente, el Programa Impulso MyPerú, triplicando los recursos disponibles a 15 mil millones de soles, ampliando el monto de los créditos, flexibilizando pagos y mejorando las subastas. Esto puede incrementar el alcance de este programa de financiamiento con garantía estatal, pero si las Mypes no perciben que el consumo se va a recuperar, difícilmente se endeudarán.
En materia sectorial, se ha armado un paquete de incentivos temporales para el sector agroexportador, que buscan compensar hasta el 2025 los daños generados por la eliminación de los beneficios del régimen agrario. Lo que cabe preguntarse es si este horizonte de tiempo será suficiente para cambiar los ánimos en el sector.
En minería, se vuelve a anunciar lo de siempre: medidas para simplificar el vía crucis que deben atravesar las empresas mineras para construir los proyectos. Al menos en este sector se está planteando una meta que, de no cumplirse, podremos reclamarle al MEF: que hasta el 2025 se inicie la construcción de proyectos por US$ 4.646 millones.
Muchas de las otras iniciativas son parte del menú usual de este tipo de paquetes o se vienen anunciando desde hace años, como el impulso a la petroquímica, la promoción de las energías renovables, las compras a las Mypes, la ejecución de obras de mantenimiento o la generación de empleo temporal en infraestructura.
Mayor impacto en las expectativas podrían tener las acciones del eje de la inversión privada, que incluyen establecer plazos de tres meses para la entrega de licencias de construcción, optimizar la ley promulgada el año pasado para reactivar obras públicas y ampliar la aplicación del silencio administrativo positivo.
Sin embargo, como ya deberíamos haber aprendido, las modificaciones de los procedimientos rara vez cumplen sus objetivos debido a que la paralización de obras responde, más bien, a la parálisis de los funcionarios encargados de los procesos.
¿Qué más se puede hacer? Lo ideal sería que se implementen reformas laborales y tributarias, pero el gobierno carece de capital político para impulsarlas. Y esa es la razón por la que es difícil que se derribe el dique que impide que fluya la inversión privada en el país.
Sin un gobierno capaz de implementar reformas o proyectos ambiciosos por su casi nulo peso específico frente al Congreso, los gobiernos subnacionales o la ciudadanía, será difícil que un ‘shock’ tenga la fuerza necesaria para sacar a la economía peruana del estado catatónico en el que se encuentra.
Fuente: El Comercio – Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura.
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