El 4 de octubre, la fiscal de la Nación presentó una acusación constitucional contra tres exgobernantes por ser autores del asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, el 14 de noviembre del 2020, durante una de las manifestaciones contra el régimen designado por el Congreso. Serían homicidas por “omisión impropia”. Incurre en esta figura delictiva quien, teniendo la obligación de garantizar la vida de alguien, no lo hace, causándole la muerte. Si una madre abandona a su bebé gravemente enfermo, si una anciana perece en las llamas porque el bombero prefirió atender una llamada, si un salvavidas dejó de rescatar a alguien porque se venció su turno, puede haber una acusación así. En estos casos el sujeto está obligado por ley a proteger la vida de las víctimas. Tiene la condición de garante, base jurídica de la imputación. La omisión no es una imprudencia: conlleva dolo, claro conocimiento de las consecuencias.

Dos defectos

Un mandatario no es garante de la integridad de quienes participan en una manifestación. La denuncia funda su base legal en el deber del Estado de proteger la vida, más la norma constitucional es demasiado genérica para acusar a cualquiera por asesinato. Es el principal defecto del recurso. Distinto fuera si Merino y sus coimputados conocieron que los policías estaba yendo a matar, como presume una Fiscalía Penal Supraprovincial que los investiga. Entonces cabría reclamarles una falta de reacción a los gobernantes.

Al respecto salta un segundo defecto: no hubo diligencias que buscaran demostrar que Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez –presidente, premier y ministro del Interior del gobierno encabezado por el primero– conocían que la policía estuviera empleando municiones prohibidas. Había alertas sobre un uso desproporcionado de la fuerza, algo creíble por los daños de casi un centenar de heridos, pero se requería un trabajo más profesional del Ministerio Público para acreditar omisión homicida. Los mensajes emitidos en su momento por los imputados no apoyan la acusación. Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos. Hay memorándums de Rodríguez, por escrito, en la misma línea.

Lo que se cayó

La investigación para acusarlos comenzó con la búsqueda de otros delitos. El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente, un mito bastante extendido. Todo eso se cayó. Por eso no se los acusa de ser autores mediatos: no tenían dominio sobre los hechos. Ni siquiera conocían los planes operativos, cuya hechura y administración es de responsabilidad exclusiva de la policía. De modo que los acusaron no por hacer algo sino por dejar de hacerlo, luego de una disforzada construcción teórica para justificar la tipificación.

La Fiscalía Supraprovincial atribuye al ex comandante general de la PNP Alejandro Lam la autoría mediata del asesinato con alevosía de las víctimas, por haber dirigido una estrategia represiva letal. A cinco jefes más los considera coautores. En el documento que formaliza la investigación preparatoria figuran testimonios de los numerosos lesionados con fotografías de sus heridas y fracturas. La imputación también se apoya en un informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, suscrito por Luis Naldos, cuya conclusión es que hubo uso excesivo e indiscriminado de armamento no letal –perdigones de goma– por parte de la policía.

Puntos controversiales

Este dictamen, sin embargo, no es conclusivo. En su manifestación Naldos declaró que a su oficina no le correspondía establecer responsabilidades penales ni administrativas. Su análisis servía de orientación, dijo. Inspectoría de la PNP, en un informe oficial que no figura en el expediente, libró de responsabilidad a los jefes policiales. Aún no ha habido debate público sobre las pruebas que aportará el Ministerio Público, aunque ya es posible advertir algunos puntos en controversia.

Es clave el concerniente a la viabilidad de que las escopetas policiales para lanzar perdigones de goma pudieran haber disparado la munición de plomo que se encontró en los cuerpos de Sotelo y Pintado. Una pericia del Ministerio Público afirma que sí. Existen otras, de parte, que lo niegan. No viene al caso dilucidarlo en este minuto. Este tipo de interrogantes pueden ser despreciadas por un amplio sector de ciudadanos indignados por la cruenta represión, por activistas que desean ver colgado a alguien. Por otro lado, habría que tener en cuenta que este puede ser un caso más de impunidad de los tantos que hay en el Perú. Y probablemente por una mala investigación.

Acusación política

El Ministerio Público aún no ha identificado a los autores materiales de los disparos ni encontró las armas que contenían balines de plomo. Es posible que nunca lo determine. El 16 de noviembre del 2020, dos días después de las muertes, el fiscal Yony Soto retiró del caso a la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dinincri), cometiendo el error que puede explicar vacíos que son evidentes a estas alturas. No existe una pericia de la escena del crimen. No se sabe exactamente en qué lugar murieron las víctimas, ni desde dónde dispararon los homicidas las municiones prohibidas.

El fiscal actuó basado en el prejuicio de que Homicidios de la PNP, por espíritu de cuerpo, favorecería a los culpables. Pero este departamento es altamente calificado. Fue decisivo para demostrar los asesinatos del llamado Escuadrón de la Muerte, integrado por policías, en la investigación que lleva a cabo el fiscal Álvaro Rodas. Permitió la identificación de los miembros de la PNP responsables de las muertes durante las protestas agrarias en el norte, en diciembre del 2020. A propósito de aquellos episodios, ¿el expresidente Francisco Sagasti debió haber presumido que la PNP emplearía armas letales? Hubo disparos de bala. Desde luego que no y, en todo caso, no figuraba como objetivo en la agenda política de la fiscal de la Nación. Manuel Merino sí. Para imputarlo, Zoraida Ávalos pudo haber esperado los resultados de la investigación contra los jefes policiales. Quizá se adelantó, precisamente, porque no aseguraban resultados.

Por: Ricardo Uceda

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