Informe final recomienda acusar a Vizcarra constitucionalmente

La Comisión de Fiscalización aprobó, por mayoría, el informe final sobre presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia por el COVID-19, acusa al expresidente Martín Vizcarra de poner en riesgo la vida de millones de peruanos por realizar un descarte a través de pruebas rápidas.

“Se ha corroborado, según análisis de los hechos, en el caso de la línea de investigación referente a la adquisición de pruebas de diagnitisico para la prevención y control del Covid 19, que se ha vulnerado (la Constitución)  al poner en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos al exponer al descarte de Covid-19 mediante pruebas rápidas; que evidencia una violación a sus funciones, competencias y política nacional de salud”, señaló Héctor Ventura, titular de Fiscalización.

De acuerdo al informe expuesto por Ventura, se indica que se “ha corroborado” que la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, ha incurrido en infracción constitucional al permtir la adquisición de pruebas rápidas sin que exista ningún cuestionamiento durante el periodo que fue titular del Minsa, “poniendo en riesgo la vida e integridad” de peruanos.

“María Elizabeth Hinostroza, María Antonieta Alva, Víctor Zamora son solidariamente responsables por la omisión de compras de  pruebas moleculares suficientes para la detención del virus;  optando por la adquisición de pruebas serológicas”, se acota.

El informe será enviado a la Fiscalía de la Nación, que dirige Patricia Benavides, para que se promueva una investigación preliminar contra las personas involucradas en las presuntas irregularidades durante la pandemia en la adquisición de pruebas rápidas.

APUNTE: Compra

Informe recomienda denunciar a Martín Vizcarra por el delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas el 2020.

Leer también: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra 4 oficiales PNP

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder presentó requerimiento de prisión preventiva contra cuatro oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el caso ‘Ascensos ilegales’.

El Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, que para Javier Gallardo (excomandante general PNP), Jorge Tarrillo (suboficial), Luis Tuesta (mayor PNP (r)) y Luis Legua (general) se solicitan 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal y otros.

«Estos oficiales de la PNP, para quienes el EFICCOP solicita 36 meses de prisión preventiva, son parte de los 14 investigados en el caso ‘Ascensos Ilegales’», publicó la institución.

Al menos nueve generales PNP en actividad pagaron durante el Gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo hasta US$40 mil por ascender a ese grado.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, el general Gallardo, cuando era comandante general de la PNP, encabezó los irregulares cobros.