Mónica Muñoz-Nájar señala que las empresas sin RUC quedarían fuera del alivio tributario y pide supervisar el uso de los fondos para que lleguen a tiempo.

El paquete de bonos, obras y alivio tributario que anunció el Gobierno busca enfrentar tres amenazas para la economía peruana en los próximos meses: el Fenómeno El Niño, el aumento del precio del diésel, que ya encareció el transporte, y el alza de tasas de interés en el mundo. Así lo explicó Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en RPP. El paquete asciende a S/18 000 millones para 2027, se agrupa en cuatro frentes y llega pocos días después de que el Congreso aprobara un crédito suplementario de S/8 000 millones.

El paquete se agrupa en cuatro frentes. El primero contempla bonos para familias vulnerables afectadas por El Niño, la sequía y pensionistas; el segundo destina fondos para mantenimiento de infraestructura en colegios y comisarías, aunque Muñoz-Nájar advirtió que ambos requieren supervisión y rendición de cuentas. El tercero incluye el bono de arrendamiento de S/500 mensuales para familias que perdieron su vivienda —que ya tuvo problemas de ejecución anteriores— y el bono Mi Vivienda para dar previsibilidad a las constructoras. El cuarto comprende medidas tributarias para empresas de pesca y agricultura afectadas por El Niño.

Sin embargo, Muñoz-Nájar advirtió que el alcance del alivio tributario es limitado: “Muchas de las empresas a nivel nacional, hasta 86% se estiman, no tienen RUC”. Sobre si las medidas serán suficientes para evitar una desaceleración, indicó que dependerá de la ejecución, aunque valoró la iniciativa: “Es importante que el Gobierno haya salido adelantándose a una posible recesión o desaceleración económica con estas medidas”. Para ello, precisó que es necesario aplicar controles para que los bonos lleguen a tiempo y las obras se concluyan en los plazos previstos.

Fuente: RPP

El costo de estas normas pasó de S/3 mil millones en 2022 a S/50 mil millones proyectados para 2027, según el MEF, comprometiendo el presupuesto en gastos fijos de sueldos y pensiones que las regiones deben asumir antes de formular su presupuesto. 

La falta de dinero para obras en las regiones tiene su origen en decisiones del Congreso. Entre 2021 y 2025, los parlamentarios aprobaron 248 leyes que obligan al Estado a asumir gastos fijos y permanentes, principalmente en sueldos y pensiones, con un costo acumulado que alcanzará los S/50 mil millones para 2027. Como hoy se destina mucho más dinero a estos pagos obligatorios, los recursos para obras públicas cayeron del 28.5% del presupuesto en 2023 al 22.3% en 2026, dejando a las regiones sin fondos suficientes para construir carreteras, colegios y servicios básicos. Ese escenario se refleja en Lima Metropolitana: el pliego regional de la capital tiene asignados S/35 millones para 2027, una reducción de 68.5%, según se expuso ante el Congreso. Guillermo Valdiviezo Méndez, encargado de la alcaldía, calificó ese monto de insuficiente.

Al respecto, el propio MEF enfatizó que la gran mayoría de las medidas legislativas aprobadas se enfocaron en cargas laborales de carácter indefinido: “Resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”. Asimismo, el MEF alertó que la proliferación de esta normativa genera un “efecto acumulativo” que ahoga la capacidad del Ejecutivo para atender otras prioridades de inversión.

Desde las regiones, dirigentes y especialistas advierten el impacto. Víctor Calderón, presidente del Frente de Defensa de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, cuestionó la aprobación de normas sin respaldo presupuestal y demandó reorientar los fondos a proyectos de agua y saneamiento: “La población rechaza esta situación porque es un perjuicio a la ciudadanía que vivimos del día a día”. El economista ayacuchano Raúl Vegas advirtió sobre el poco margen que dejan estos compromisos: “El próximo gobernante no tendrá suficiente margen de maniobra para cumplir sus promesas de campaña”. El desafío para las regiones es garantizar que cada sol disponible para inversión se traduzca en obras terminadas y beneficios concretos para la población.

Fuente: El Comercio, Gestión, Ayacucho te Informa y Arequipa Hoy