Política
El bloque conservador otorga superpoderes al Ejecutivo: la Comisión de Constitución aprueba veintisiete materias de facultades extraordinarias en una sesión marcada por la ausencia opositora
El grupo parlamentario liderado por Carlos Mesía saca adelante un paquete punitivo e institucional que militariza penales, amplía el control de inteligencia y acelera obras, mientras la izquierda abandona los hemiciclos y denuncia un pacto funcional al régimen.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de noventa días, respaldando inicialmente veinte materias remitidas por la Cámara de Diputados e incorporando siete puntos adicionales con siete votos a favor. Esta decisión profundizó la crisis institucional y provocó el rechazo frontal de las bancadas opositoras, cuyos integrantes decidieron abandonar los debates para denunciar un intento evidente de desnaturalizar las competencias del Congreso bicameral y blindar los intereses del bloque dominante.
El quórum ajustado y la ruptura del pacto democrático
La sesión parlamentaria comenzó con la presencia exclusiva de siete senadores vinculados al fujimorismo, a Renovación Popular y al bloque Obras. Los parlamentarios oficialistas aprovecharon la ausencia de los representantes de izquierda para consumar la votación sin contrapesos inmediatos.
Los legisladores de Juntos por el Perú y de Ahora Nación criticaron duramente la estrategia oficialista y tildaron a sus aliados circunstanciales de funcionales al régimen. Humberto Morales cuestionó con dureza la complicidad de las bancadas que facilitaron el quórum y afirmó que algunas agrupaciones prefieren hacerle el juego al fujimorismo.
Ruth Luque advirtió que el bloque mayoritario ya cerró acuerdos con la bancada Obras para asegurar los números necesarios. El senador Roger Astucuri permitió completar el número preciso de miembros necesarios para someter los temas a votación. Daniel Barragán justificó la postura de su bancada al declarar que «no somos oposición, somos solución» frente a la crisis nacional. Miguel Torres defendió la urgencia de estas medidas y señaló enfáticamente que «Es darle la espalda a la población» ante la negativa de discutir los temas prioritarios.
Las primeras tres medidas sobre control penitenciario y punitivismo estatal
La comisión redactora introdujo siete puntos complementarios que exceden el texto original enviado por la Cámara de Diputados. La primera medida establece la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad. El Estado busca trasladar la lógica militar al interior del sistema carcelario para disuadir motines y controlar a las mafias organizadas.
La segunda iniciativa regula el seguimiento y la supervisión pospenitenciaria mediante libertad vigilada para condenados por delitos graves cuando detectan un riesgo concreto de reincidencia. Los legisladores crearon un registro especial para monitorear los pasos de los excarcelados bajo la coartada de proteger el orden público. Desde una perspectiva materialista, estas normas refuerzan el aparato de control punitivo sobre las clases populares y garantizan la dominación social mediante el castigo constante.
La tercera disposición incorpora criterios específicos para calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante los estados de emergencia. Estas agrupaciones delictivas ejercen control territorial, emplean armamento de guerra y atacan directamente a las fuerzas del orden. El bloque gobernante necesita este marco punitivo para justificar la ampliación del aparato coercitivo estatal bajo la fachada de la lucha contra la inseguridad.
Las cuatro medidas restantes sobre inteligencia, defensa y gestión económica
La cuarta medida plantea acciones especiales contra organizaciones criminales con métodos violentos propios del terrorismo, sin modificar la tipificación penal tradicional. Los operadores políticos buscan equiparar la delincuencia común con la subversión histórica para endurecer las condenas sin debate constitucional profundo. La quinta propuesta introduce ajustes en las reglas de la legítima defensa para proteger a los ciudadanos frente a agresiones ilegítimas. Esta modificación blinda jurídicamente a sectores que abren fuego en situaciones de conflictividad social y política.
La sexta directiva fortalece el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia para anticipar riesgos estratégicos sin invadir funciones fiscales. El régimen prioriza la vigilancia política de los movimientos sociales críticos mediante un aparato de espionaje con mayores atribuciones operativas. La séptima materia apunta a facilitar proyectos prioritarios de infraestructura para mitigar los daños del Fenómeno El Niño en servicios básicos.
Los gremios empresariales presionaron intensamente para agilizar estas normas y garantizar la continuidad de sus inversiones frente a las emergencias climáticas. Esta transferencia temporal de competencias demuestra cómo las élites políticas subordinan el debate democrático formal a la urgencia de acumulación económica. La clase dominante utiliza la coartada de la crisis delictiva para blindar su modelo de dominación estatal y asegurar sus privilegios materiales.
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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