Un año ha pasado desde aquel 14 de noviembre en el que el país no durmió. Un grupo protestaba frente al Congreso y el resto golpeaba sus ollas desde sus casas por las muertes de Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22). El pedido era único: que Merino renuncie. A los seis días de su gobierno ilegítimo, fue obligado a dejar el poder.

Sin embargo, Merino, su premier (Ántero Flores-Aráoz) y su ministro del Interior (Gastón Rodríguez) aún caminan sin sanción. Por ahora solo se ha presentado una denuncia constitucional contra ellos. El informe de 148 páginas de la Fiscalía contiene testimonios (de los denunciados y de testigos de primera mano) y un sinfín de documentos de Estado. En este post resumiremos las claves más importantes de esa denuncia.

1. Violación de los derechos humanos

A Merino, Ántero y Rodríguez los denuncian constitucionalmente ante el Congreso por las muertes de Inti y Bryan, así como por las lesiones (graves y leves) de más de 70 personas. Se les acusa de «omisión impropia». O sea, por haber renunciado a cumplir sus funciones constitucionales de garantizar y proteger los derechos humanos de los manifestantes.

La Fiscalía no teme en concluir que esos delitos «se produjeron en un contexto de violación de derechos humanos, en tanto que dichos resultados se produjeron como directa consecuencia de la intervenci6n de agentes policiales quienes habrían actuado en evidente uso desproporcionado de la fuerza publica».

Imagen: La República

2. Intención de ‘controlar desmanes’

Un día después de que se mudó a Palacio, Merino llamó al ministro del Interior de Vizcarra, César Gentille. Según este, el excongresista le dijo que estaba «preocupado por los desmanes que había en las calles» y le preguntó qué era lo que estaba haciendo para controlarlo. Gentille le aclaró que él ya no era ministro y, antes de cortarle la llamada, Merino le respondió: «Eso quería saber».

Otro momento en el que Merino quiso «controlar los desmanes» fue el 14 de noviembre, en una reunión con miembros de la DINI. En esa cita —cuenta el exdirector de Contrainteligencia de la DINI, Christian Schambaher— Merino dijo que «debía ser necesario declarar el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas intervengan para el tema de conflicto social». Para entonces ya se reportaban 19 lesionados por presuntos ataques policiales.

El 14 de noviembre, un tanque de La Marina fue visto en San Miguel «como parte de su lucha contra la pandemia». Imagen: Twitter

3. El intento de censura en Tv Perú

Otra forma en la que Merino mostró su respeto por la democracia fue cuando intentó ponerle la pauta a Tv Perú. El gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Renzo Mazzei, contó que José Rocha, jefe de comunicaciones de Merino, lo llamó el mismo día que Merino tomó Palacio para reclamarle por la cobertura:

«[Me dijo]: «Me indica acá que le bajes a la transmisi6n de las marchas». A lo que yo le pregunté: «¿Me estás diciendo que no transmita las marchas?». Y José me respondió: «Sí, eso te estoy diciendo»».

Rocha aceptó que llamó a Mazzei, pero negó que hubiera querido censurar la transmisión de las protestas. Aseguró que lo hizo porque se estaba transmitiendo «mucha violencia de las marchas».

Ántero también estaba molesto con la cobertura de las marchas, según Eduardo Guzmán. Por eso pidió una entrevista en TV Perú.

Pero el gobierno merinista sí estaba descontento con Tv Perú. El presidente Ejecutivo de IRTP, Eduardo Guzmán, contó que el 11 de noviembre conversó con Ántero y le expresó que «era inaceptable que desde Palacio se pretenda censurar la transmisión de las marchas», a lo que Ántero le repuso: «Se da demasiado protagonismo a las marchas».

4. Un asesor en la sombra (que aún cobra del Estado)

Jhon Saba Guerra fue el Rasputín de Merino. Era el puente entre Merino y sus ministros, a pesar de que no fue nombrado formalmente. Él convocaba a los ministros para los consejos (según el exministro de Producción, Mario Miranda). Hasta creó un grupo de WhatsApp en el que coordinaba con ellos todo lo que Merino le ordenaba.

Este man. Imagen: Réplica.pe

Su poder era tal que fue él quien llamó a Augusto Valqui para decirle que sí podía ser ministro de Transportes de Merino. «Me dijo que mi currículum había sido aprobado par la inteligencia de la Marina», contó Valqui. Hasta se comunicaba con el exsubcomandante de la Policía, Jorge Lam, para que le informe las novedades de las marchas y así actualizar a Merino.

El nombre de Saba no solo se repite en la denuncia sino también en la planilla del Congreso. Sudaca reveló que el exasesor de Merino ahora trabaja para Podemos en el Legislativo: en el Congreso anterior asesoró a la bancada y al legislador podemita Arón Espinoza; y en el actual, a otra congresista de esa misma bancada, Digna Calle. Podemos también votó a favor de la vacancia.

5. Los ministros que no quisieron quemarse

En los seis días de gobierno ilegítimo hubo tres consejos de ministros: el 12 de noviembre (en el que las protestas no fueron el tema principal a pesar de que ya se reportaban detenidos y lesionados), el 14 de noviembre (que se dio después de la muerte de Inti y Bryan, pero que, según Sheput, «no se realizó un análisis de la situación de los fallecidos»), y el 15 de noviembre.

El segundo consejo de ministros se dio en el Mininter, luego de que varios ministros abandonaran a Merino. Imagen: PCM

En el último consejo, Merino intentó que los jefes policiales informaran a lo que quedaba de su gabinete los detalles de las medidas que ejecutaron en la marcha del 14 de noviembre, pero dos de sus ministras (Delia Muñoz y María Seminario) se opusieron expresamente «porque podría entenderse que el Consejo de Ministros tuvo conocimiento de la estrategia». Es más, pidieron que se deje constancia que el Consejo no tenía conocimiento de las planes de la Policía. Sospechaban lo que se venía.

6. El intento de alertar a Merino

A Merino y a su gabinete intentaron alertarles de la gravedad de las protestas. La DINI envió a la PCM dos sobres (171-cv y 172-cv) consignados como «secretos» que contenían notas de inteligencia. Uno de ellos (171-cv) informaba sobre la conflictividad de las marchas y el riesgo de escalamiento de la violencia. Este sobre también fue entregado el 12 de noviembre a la presidencia, pero Merino —dice— no lo leyó:

«No recuerdo si hubo dos o un sobre (…) que era secreto (…) yo no los revisé. Según me dijo (el secretario de Palacio) (…) que esos documentos llegaban a diario a Palacio y eran reportes que llegaban de acontecimientos».

El sobre no fue la única alerta. La DINI expuso la información de las protestas ante el propio Merino y sus ministros. El 12 de noviembre lo hizo ante su ministro de Defensa, Walter Chávez, y el 14 de noviembre, ante Merino, Ántero y Rodríguez en Palacio. Pero ya era muy tarde: precisamente en esta última cita fue cuando se enteraron del fallecimiento de Inti.

7. Inti y Bryan murieron por perdigones de plomo

Inti y Bryan fueron asesinados el 14 de noviembre. Ese día, otros 59 manifestantes también quedaron lesionados. Se ha determinado científicamente que ambos murieron a causa de perdigones de plomo. Inti, por una herida penetrante en el tórax; Bryan por diez heridas iguales en distintas partes del cuerpo.

La Fiscalía concluye que en los dos casos, (por las zonas vitales del cuerpo, por el número de proyectiles y por la dirección del disparo) quienes dispararon podrían haber sabido que dicha acción ocasionaría la muerte. Y sin embargo, decidieron disparar.

Los últimos instantes con vida de Bryan Pintado registrados por el fotógrafo Juan Mandamiento. Fuente: Salud con lupa

Los perdigones que mataron a Inti y a Bryan fueron disparados a sus cuerpos a través de una escopeta o similar, «precisamente, el tipo de arma que emplearon las unidades policiales que estuvieron en las marchas del 14 de noviembre». Los otros agraviados también fueron heridos con lesiones relacionadas con el material con el que se abasteció a la Policía ese día.

8. El Ministerio del Interior reconoce el abuso

La unidades policiales que estuvieron a cargo del control de las movilizaciones el 14 de noviembre usaron escopetas lanza gas y escopetas de caza; así como agentes químicos y munición no letal («perdigones de goma»). Coincidentemente, para el 12 y 14 de noviembre, se incrementó el abastecimiento de material lacrimógeno y municiones no letales a esas unidades policiales.

Lo más increíble de todo es que el propio Ministerio del Interior reconoce el uso abuso de la fuerza. El informe 000005-2021/IN/OGII del 29 de enero del 2021, elaborado por la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter, concluye que en las manifestaciones se registraron «actos de uso innecesario de la fuerza» por parte de los policías.

«La cantidad de cartuchos de perdigones y cartuchos de gas lacrimógenos usados el 12 y el 14 de noviembre revelan un uso intensivo e indiscriminado del armamento no letal contra los manifestantes».

Imagen: EPA para BBC

9. Las cabezas policiales

Si bien no se conoce los nombres de los agentes que presuntamente dispararon los perdigones contra Inti y Bryan, sí se sabe los nombres de los jefes policiales que debieron supervisarlos.

• La Región Policial Lima estuvo a cargo del plan operativo del 14 de noviembre. El plan fue formulado por el comandante Luis Alberto Zevallos, visado por el general Jorge Luis Cayas Medina, y aprobado por el subcomandante Jorge Alejandro Lam Almonte.
• Se ha logrado identificar a dos coroneles como los que estuvieron a cargo de dos áreas del Centro de Lima en la protesta: el sector de la Plaza San Martín estuvo a cargo del coronel Percy Tenorio Gamonal y el área del Congreso y Palacio, del coronel Carlos Villafuerte Salas.

La Fiscalía ha encontrado que el plan habría sido elaborado sin fijar las responsabilidades de forma clara. Cayas no habría cumplido con supervisar las operaciones y ni siquiera se había establecido a quiénes debían reportar o de quiénes recibían órdenes Villafuerte y Tenorio.

La Policía tenía el respaldo incondicional del gobierno. Imagen: Video difusión

10. Merino, Ántero y Rodríguez no cumplieron su deber

Por todo lo narrado, la Fiscalía afirma que quienes ejercieron como presidente, premier y ministro del Interior sabían de las protestas desde el primer día de su gobierno y, sobre todo, tenían la capacidad de corregir la actuación policial que produjo las muertes y lesiones. Pudieron controlarlos para evitar agresiones y muertes, pero no lo hicieron.

No solo se les cree presuntos responsables de omisión impropia, sino que también se les acusa de actuar con dolo eventual. Es decir, que si bien ellos no buscaron directamente las lesiones y las muertes, sí sabían que era altamente probable que estas ocurrieran y aún así persistieron en no hacer nada. 

La justificación de Merino para no hacer nada fue esta:

«Todas estas marchas para mí debían terminar en dos o tres días, pero continuaron. Hubo un partido de fútbol y pensé que después de eso ya deberían haber terminado las marchas. Fue apreciación mía».

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La denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por Rosío Torres (Alianza para el Progreso). Pacha Sotelo le dijo a #TroleaNomás que no cree que haya voluntad de que la denuncia avance. La preocupación no es gratis: APP fue de las bancadas que puso a Merino en el poder.

A un año del fallido intento de tomar el poder, la ultraderecha continúa levantando irresponsablemente las banderas de otra vacancia. Pacha reflexiona: «Siento frustración (cuando se habla a la ligera de la vacancia), porque la idea era marcar una pauta en nuestra propia historia y me doy cuenta que continúan con sus propios intereses. (…) Pueden volver a hacer (una vacancia). Y otra vez a las calles, ¿y qué? ¿otra vez familias incompletas? ¿De verdad?».