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Economía y Finanzas

Bono canon busca financiar viviendas de interés social

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El Bono canon es un subsidio otorgado por el Gobierno que permite a los gobiernos regionales y locales destinar parte del presupuesto que reciben por concepto del canon minero para otorgar el Bono Familiar Habitacional.

Con el objetivo de cerrar la brecha de acceso a la vivienda propia en los sectores más vulnerables del país, el Gobierno modificó la Ley del Canon autorizando a los gobiernos regionales y locales a utilizar parte de los recursos recaudados por la actividad minera para solventar la construcción de viviendas de interés social.

Con el Bono canon se busca solventar hasta 150,000 viviendas por año con recursos de la actividad minera. Este fondo tiene un potencial presupuesto de hasta 5,300 millones de soles que contribuirán a cerrar la brecha nacional de acceso a la vivienda. Este subsidio está destinado a las familias más vulnerables de todas las regiones del país que no cuentan con vivienda propia y tienen dificultades, por su misma condición económica, para acceder a un crédito hipotecario o a recursos para construir su predio familiar.

El presupuesto anual del Fondo Mivivienda asciende a 1,000 millones de soles, contar con recursos del canon permitirá quintuplicar la capacidad de acción del Fondo Mivivienda. Se espera beneficiar, anualmente, a más de 150,000 familias de las zonas más pobres del país para que puedan acceder a una vivienda de interés social.

Fuente: Andina

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 Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

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El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.

La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.

Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.

La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.

Fuente: Altavoz

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Actualidad

Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

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Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio

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