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Carlos Rivera, abogado de IDL, aseguró que Dina Boluarte negó violación a derechos humanos como “acto de defensa”

Carlos Rivera, abogado de IDL, aseguró que Dina Boluarte negó violación a derechos humanos como “acto de defensa”
El Estado peruano tiene una denuncia internacional de parte de la CIDH por violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales durante el régimen de Dina Boluarte. Desde que iniciaron las primeras acusaciones de uso excesivo de la fuerza letal, la presidenta lo negó. Hoy, cinco meses después, el discurso continúa siendo el mismo.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”, respondió Dina Boluarte a las acusaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se revelan los presuntos casos de violación a derechos humanos durante su gobierno. Existe material audiovisual, testimonial y documental que indicaría que las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes. Sin embargo, la jefa de Estado lo negó en su momento y, hasta la fecha, lo continúa negando.
Julissa Mantilla se enteró por redes sociales que el gobierno de Dina Boluarte había retirado su candidatura a la CIDH
No es información nueva. Amnistía Internacional, New York Times y Human Rights Watch luego de su visita a Perú hicieron la misma afirmación: durante las movilizaciones sociales en contra de la crisis política y el gobierno de Dina Boluarte se violaron derechos humanos. En el reciente informe difundido por la CIDH denominado “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales” detalla que uno de los factores que explican el origen de este conflicto es la discriminación social.
El documento también detalla que en Ayacucho, una de las regiones con mayor número de muertos en menos de 24 horas, se comertieron ejecuciones extrajudiciales y que podría tratarse de una “masacre”. “Es un término que se suele utilizar en el derecho internacional y se da cuenta de la extrema gravedad de las circunstancias en las que se han cometido los crímenes”, explicó a Infobae el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“En el caso de Perú se ha utilizado este término no para agracar falsamente los hechos, sino para dar cuenta de que algo ha ocurrido que ahora es responsabilidad, como lo dice la propia Constitución, de los órganos del Sistema de Justicia. Principalmente, del Ministerio Público y el desarrollo de sus investigaciones célebres, objetivas y concretas que respondan a una dinámica de respeto de los derechos de las personas”, agregó.
Una postura “esperable”
Desde diciembre que iniciaron las movilizaciones sociales, la presidenta Dina Boluarte enfatizó que estaba en contra de los actos de violencia registrados en estos escenarios. Mientras por un lado se veía a la jefa de Estado continuaba negando que este uso excesivo de la fuerza viniera de los agentes del Estado, en los medios de comunicación se difundían las denuncias de la represión policial y militar en contra de los manifestantes.
Hoy, con más de tres organizaciones internacionales que aseguran que en Perú se vulneró los derechos humanos durante su gestión, Boluarte mantiene el discurso de negación de estos lamentables hechos. Luego de la publicación del informe de la CIDH donde enfatizan la preocupación por estas denuncias, la mandataria volvió a negar las acusaciones en contra de su gobierno.
“De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, afirmó la presidenta de la República junto a sus ministros de Estado.
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Encuesta CPI: Allison, Bruce y Reggiardo lideran; Arón Espinoza da la sorpresa

Un nuevo estudio de opinión revela las preferencias iniciales para la alcaldía de Lima Metropolitana. Más de un 40% aún no decide su voto.
La última encuesta de CPI, publicada por El Comercio, traza un primer mapa de preferencias con miras a las elecciones municipales de 2026 en Lima Metropolitana. Si bien las cifras reflejan una competencia aún abierta, ya empiezan a perfilarse nombres, narrativas y contrastes que vale la pena analizar.
En el primer lugar aparece Francis Allison, actual alcalde de Magdalena del Mar y precandidato por Avanza País, con un 12.46%. Aunque lidera el sondeo, su falta de carisma, tono frío y aparente apatía frente a los grandes temas de ciudad le restan fuerza más allá de su base. Lima es más que Magdalena, y los retos metropolitanos exigen otra energía.
Le siguen Carlos “Techito” Bruce (10.86%), alcalde de Surco, figura experimentada pero sin mayor arrastre en sectores populares; y Renzo Reggiardo (también con 10.86%), actual teniente alcalde de Lima, quien intenta revitalizar su imagen a través del espacio televisivo Alto al Crimen y una narrativa de orden que remite inevitablemente a su pasado fujimorista. Reggiardo, sin embargo, ha sido el que más creció desde abril, lo que revela que aún conserva una base reactiva y atenta.
En cuarta posición aparece Sofía Franco (7.51%), figura televisiva que hoy es más recordada por los constantes escándalos y conflictos maritales con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, que por alguna propuesta política seria. Su alta recordación podría jugarle tanto a favor como en contra en los próximos meses.
Pero el dato más interesante lo ofrece el quinto lugar. Con un 5.11%, el excongresista Arón Espinoza se posiciona como la sorpresa del sondeo. Sin un apellido de alcurnia, ni pantalla propia, ni gestión distrital en su historial, Espinoza ha logrado conectar con sectores populares como Ate, Carabayllo, Chorrillos y Villa El Salvador. Su reciente designación como responsable político de Lima Metropolitana por parte de Podemos Perú confirma que su agrupación lo proyecta con ambición, y que la calle sigue siendo el mejor termómetro para captar el humor social.
Más abajo en la tabla aparecen otros aspirantes con menor tracción:
▪️ Ulises Villegas (4.95%), alcalde de Comas, con visibilidad distrital pero aún sin proyección metropolitana.
▪️ Alberto Tejada (2.88%), médico y alcalde de San Borja, cuya imagen técnica parece no despertar entusiasmo fuera de su nicho.
▪️ Jorge Quintana (0.80%), exalcalde de Jesús María, marcado por una gestión cuestionada.
▪️ Luis Gálvez y Yorry Warthon, ambos con apenas 0.32%, sin presencia reconocible para el gran electorado.
Pero la cifra más contundente sigue siendo la de los indecisos: 41.53% de los encuestados aún no sabe o no opina. Esto evidencia que, a pesar de las movidas y precandidaturas, Lima aún no encuentra una figura que capture la confianza ciudadana con claridad.
El reto no es solo ganar encuestas. Es construir liderazgo, representar a una ciudad desigual y exigente, y demostrar que se puede gobernar más allá del nombre, el cargo o el show.
Lima observa. Y aunque aún no decide, ya empieza a filtrar.
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Municipalidad de Chorrillos y ATU advierten sobre combis informales en el Morro Solar

El municipio advierte la existencia de ‘colectivos’ que trasladan pasajeros y bicicletas hasta la cima del morro. La ATU afirma que no cuentan con autorización para realizar el servicio de transporte ni tienen las condiciones adecuadas. El Comercio verificó que algunas combis arrastran papeletas y sus choferes han sido multados. Los ciclistas, por su parte, piden que se escuche su postura para encontrar una solución.
Más que un mirador natural con vistas privilegiadas de la costa del Pacífico, el Morro Solar de Chorrillos es un espacio emblemático declarado zona histórica intangible e integrante del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. También es uno de los destinos favoritos para la práctica del ciclismo de montaña y downhill. Hoy, sin embargo, es escenario de una controversia entre la municipalidad distrital y un grupo de deportistas, debido al ingreso de combis que ofrecen subir bicicletas y ciclistas hasta la cima del morro.

Transporte informal en zona protegida
De acuerdo a la Municipalidad de Chorrillos, estas combis operan como colectivos informales, cobrando entre S/7 y S/8 por viaje, sin tener permiso alguno de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Además, se ha alertado que circulan sin SOAT para pasajeros, sin revisión técnica vigente, y transportan hasta 12 personas con bicicletas en el interior.
El municipio recuerda que, según la Ordenanza Municipal N.º 332‑2018, la vía que sube al Morro Solar solo puede ser utilizada por vehículos autorizados con fines de mantenimiento. Ingresar sin autorización constituye una infracción grave que puede ser sancionada con una multa de S/5,350 y la retención del vehículo.

Operativos y antecedentes
Durante recientes intervenciones, la ATU y la Policía Nacional calificaron este tipo de traslado como un servicio informal y fuera de la normativa vigente. Según verificó El Comercio, algunas de las combis involucradas —como las de placas AUL‑338 y W2K‑065— tienen multas previas por circular en sentido contrario, no pasar la revisión técnica o brindar transporte sin autorización. Incluso figuran papeletas impagas.

Ciclistas: “Necesitamos una alternativa legal”
En medio de la polémica, los ciclistas han salido a defender su práctica. Jean Pierre Guzmán, deportista con 40 años de experiencia, explicó que no todos los aficionados tienen vehículo propio y que subir pedaleando es físicamente inviable para muchos. Por ello, pidió que las autoridades habiliten un sistema formal, regulado y seguro para acceder al punto de partida de las rutas de descenso.
“Después de la pandemia, este deporte ha ayudado mucho a la salud mental. No queremos conflictos, solo soluciones”, afirmó.
📝 Con información de El Comercio.
📍 Redacción Limaaldia.pe
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