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Colección de fracasos – Señal Alternativa

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“El gobierno de Dina Boluarte se colgó de la narrativa de la inseguridad ciudadana para lanzar fuegos artificiales en su gris administración, pero resultó ser sebo de culebra”.

Como si coleccionar fracasos fuera un ‘hobby’, el gobierno de Dina Boluarte acaba de lograr uno nuevo. El lunes, la Comisión de Defensa del Congreso mandó al archivo –casi de manera unánime– el proyecto de ley promovido por el Ejecutivo para la creación de la policía de orden y seguridad.

Como recordamos, esta iniciativa fue anunciada por la presidenta en su mensaje de 28 de julio y representaba uno de los pilares del llamado plan Boluarte para luchar contra la inseguridad ciudadana, un plan que –queda claro– carecía de sustancia y estrategia.

Los miembros de dicha comisión legislativa han tildado de populista y peligroso el proyecto y no se equivocan. En ese sentido fueron las primeras críticas apenas se dio a conocer detalles de este. Captar un amplio número de miembros para esta nueva categoría, paralela a la institución policial, sin mayor formación profesional y denigrando la carrera, no era una buena idea.

Pero la historia reciente de medidas para menguar la delincuencia está llena de ideas que parecen ser brillantes e inequívocas solo en las mentes de sus creadores. La lista de autoridades que, sin mayor análisis del marco constitucional, sueltan a boca de jarro soluciones disparatadas para acabar con la delincuencia es bastante larga.

Hace cinco años, el excongresista de APP Edwin Donayre –hoy preso por corrupción– proponía, ante la risa de los periodistas, un toque de queda para menores de edad. Por entonces, el fujimorista Clayton Galván propuso prohibir que dos personas vayan en motos lineales. El año pasado el Consejo de ministros, liderado por Aníbal Torres, envió un proyecto de ley en el mismo sentido. Torres, además de vapulear públicamente a la policía, también intentó armar a los serenos como mágica solución para el delito común. Vale precisar que esas propuestas quedaron congeladas en el tiempo.

Una de las últimas ideas que pretenden ocupar nuestra atención es la colocación de detectores de armas en restaurantes y otros lugares públicos. La iniciativa propuesta por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, surgió como respuesta a las lamentables muertes que aún se investigan en un restaurante del distrito. Sin embargo, se trata de otra medida que carga la responsabilidad al privado cuando la incapacidad es del Estado (¿quién colocará esos arcos detectores de armas?). Además, es un debate inocuo que distrae de lo que sucede en ese y otros distritos: los imparables robos al paso con arma en mano.

Probablemente sigamos escuchando más propuestas en los próximos días que concitarán la discusión pública por algunas semanas, pero luego quedarán dormidas en el olvido de las “grandes ideas que no se ejecutaron porque no tenían sentido”. O, peor aún, se ejecutarán sin resultado alguno como el dichoso estado de emergencia. Convengamos que, por más popular que fue en su momento y por más demandado que fue por algunos alcaldes, una vez más, este ha sido inútil. Las páginas policiales diarias dan cuenta de ello.

El gobierno de Dina Boluarte se colgó de la narrativa de la inseguridad ciudadana para lanzar fuegos artificiales en su gris administración, pero resultó ser sebo de culebra. Veremos si la presentación del ministro del Interior, Vicente Romero, ayer en el Congreso convenció a la representación nacional que en la víspera había hablado de una posible censura. Un nuevo flanco débil en el tembleque gobierno de la dupla Boluarte-Otárola.

Fuente: El Comercio – Mabel Huertas periodista



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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