La Comisión Permanente del Congreso acordó que se acuse constitucionalmente al expresidente de este poder del Estado, Daniel Salaverry, por la presunción de irregularidades registradas durante su paso por el Parlamento.

El congresista José Luis Ancalle (FA) fue el encargo de exponer el informe final sobre las tres denuncias constitucionales interpuestas contra el exparlamentario. Precisó que a este se le atribuye la comisión de delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Estos se habrían dado entre los años 2017 y 2018 cuando, siendo congresista, Salaverry presentó informes y fotografías fraudulentas sobre las actividades que afirmaba haber realizado durante las semanas de representación parlamentaria.

Ancalle indicó que varias de las reuniones y visitas que el también excandidato presidencial reportó, no se dieron y que se fraguaron los elementos que incluyó en su rendición de cuentas.

La denuncia fue aprobada por 20 votos, ninguno en contra y dos abstenciones. Se encargó al mismo Ancalle sustentar y elaborar la acusación constitucional que se expondrá ante el pleno del Parlamento.

Renuncia frustrada a antejuicio

Daniel Salaverry no estuvo presente en la sesión para escuchar los cargos en su contra y presentar su alegato. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez (AP) señaló que se le había notificado a través de un edicto a fin de que se haga presente en la sesión en la que la Comisión Permanente vería su caso.

Sin embargo, el denunciado excongresista remitió, a través de su abogado, a la Comisión Permanente una carta en la que expresó su decisión de renunciar a la prerrogativa del antejuicio constitucional, lo que pondría punto final al proceso que se le sigue en el Poder Legislativo.

Para ello, Salaverry apeló a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 2012 que señala que los funcionarios comprendidos en los alcances de los artículos 99 y 100 de la Constitución, a los que alcanza el beneficio del antejuicio, pueden renunciar a este si es que ya no están ejerciendo funciones.

Sin embargo, mediante votación, la Comisión Permanente se pronunció a favor de que el proceso de acusación constitucional continuara procesando la denuncia.

Contra Vizcarra

Antes de ver la denuncia contra Salaverry, esta instancia del Parlamento revisó tres denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra. En dos de ellas –referidas a los casos de su vacunación irregular contra la covid-19 y de las contrataciones a Richard Cisneros- el denunciado dijo que renunciaba a su derecho al antejuicio, con argumentos similares a los enunciados por Salaverry.

Sin embargo, esta pretensión fue desestimada por la Comisión Permanente, que votó para que los procesos continuarán. Así, en cada una de estas denuncias, se dio 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore los informes finales correspondientes.

En el caso referido a Richard Cisneros, también aparecen como denunciadas las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por peculado doloso y negociación incompatible La tercera denuncia, planteada contra Vizcarra por congresistas de Acción Popular, regresó a la subcomisión a pedido de su presidente.