Actualidad
Decano del CAL: ‘El Ejecutivo Busca Silenciar a Quienes Cuestionan su Accionar’
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), ha sido señalado por intentar amordazar y amedrentar al Colegio de Abogados de Lima (CAL). El conflicto surge tras una reunión virtual sostenida el pasado 26 de diciembre de 2024 entre la directiva del CAL y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se cuestionaron normas inconstitucionales impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso.
Durante el encuentro, el decano y los directivos del CAL expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Crimen Organizado (Ley N.º 32108, modificada por la Ley N.º 32138), que redefine el concepto de organización criminal y ha beneficiado a procesados en casos emblemáticos como el Caso Orellana y Cuellos Blancos. Asimismo, se pronunciaron contra propuestas legislativas que buscan retirar al Perú de la CIDH, normas que comprometen la autonomía del Ministerio Público, y proyectos que tratan a adolescentes como adultos en el sistema penal, medidas ya cuestionadas por UNICEF. Además, condenaron las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, por minimizar casos de abuso sexual contra menores.
DEMANDA Y RESPUESTA DEL CAL
Tras la reunión, la Dirección General de Derechos Humanos presentó una denuncia contra el Decano y los directivos del CAL ante el Consejo de Ética, argumentando que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General. Sin embargo, el CAL sostiene que esta acusación es infundada, recordando que el artículo 25 de su Estatuto establece que el Decano personifica y representa al CAL, con plena atribución para emitir comunicaciones oficiales.
La directiva del CAL ha calificado esta acción como un atentado contra la libertad de expresión y los derechos constitucionales. En un pronunciamiento, destacaron que este intento de silenciar su voz es una ofensa no solo contra sus directivos, sino también contra todos los abogados del país, independientemente de sus posturas.
RESPALDO Y RECHAZO AL GOBIERNO
En medio de la polémica, la Junta Directiva del CAL reafirmó su respaldo a las decisiones del Decano y rechazó categóricamente la demanda del MINJUS, que consideran un intento de intimidar a quienes cuestionan el accionar del Ejecutivo y el Congreso. Además, lamentaron que la presidenta Dina Boluarte, quien es abogada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias de la institución.
“Este acto vulnera principios fundamentales de la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a la difusión del pensamiento, y afecta la dignidad de los abogados que ejercen su derecho de opinión”, enfatizó la directiva del CAL, reafirmando su compromiso con la defensa de los principios democráticos y los derechos de la sociedad civil.
La situación deja entrever una creciente tensión entre el Gobierno y el gremio de abogados, abriendo un debate sobre la independencia de los colegios profesionales y la libertad de expresión en el contexto político actual.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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