El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), ha sido señalado por intentar amordazar y amedrentar al Colegio de Abogados de Lima (CAL). El conflicto surge tras una reunión virtual sostenida el pasado 26 de diciembre de 2024 entre la directiva del CAL y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se cuestionaron normas inconstitucionales impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso.

Durante el encuentro, el decano y los directivos del CAL expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Crimen Organizado (Ley N.º 32108, modificada por la Ley N.º 32138), que redefine el concepto de organización criminal y ha beneficiado a procesados en casos emblemáticos como el Caso Orellana y Cuellos Blancos. Asimismo, se pronunciaron contra propuestas legislativas que buscan retirar al Perú de la CIDH, normas que comprometen la autonomía del Ministerio Público, y proyectos que tratan a adolescentes como adultos en el sistema penal, medidas ya cuestionadas por UNICEF. Además, condenaron las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, por minimizar casos de abuso sexual contra menores.

DEMANDA Y RESPUESTA DEL CAL

Tras la reunión, la Dirección General de Derechos Humanos presentó una denuncia contra el Decano y los directivos del CAL ante el Consejo de Ética, argumentando que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General. Sin embargo, el CAL sostiene que esta acusación es infundada, recordando que el artículo 25 de su Estatuto establece que el Decano personifica y representa al CAL, con plena atribución para emitir comunicaciones oficiales.

La directiva del CAL ha calificado esta acción como un atentado contra la libertad de expresión y los derechos constitucionales. En un pronunciamiento, destacaron que este intento de silenciar su voz es una ofensa no solo contra sus directivos, sino también contra todos los abogados del país, independientemente de sus posturas.

RESPALDO Y RECHAZO AL GOBIERNO

En medio de la polémica, la Junta Directiva del CAL reafirmó su respaldo a las decisiones del Decano y rechazó categóricamente la demanda del MINJUS, que consideran un intento de intimidar a quienes cuestionan el accionar del Ejecutivo y el Congreso. Además, lamentaron que la presidenta Dina Boluarte, quien es abogada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias de la institución.

“Este acto vulnera principios fundamentales de la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a la difusión del pensamiento, y afecta la dignidad de los abogados que ejercen su derecho de opinión”, enfatizó la directiva del CAL, reafirmando su compromiso con la defensa de los principios democráticos y los derechos de la sociedad civil.

La situación deja entrever una creciente tensión entre el Gobierno y el gremio de abogados, abriendo un debate sobre la independencia de los colegios profesionales y la libertad de expresión en el contexto político actual.