Alcaldesas de Surquillo y Pueblo Libre opinan que implementación de nueva norma requiere mayor presupuesto y modificar Ley Orgánica de Municipalidades

El reciente Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, aprobado por el Ministerio del Interior (Mininter), ha abierto un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana: por primera vez, los agentes de los servicios de serenazgo municipal podrán portar pistolas eléctricas o de electrochoque, además de cámaras corporales, grilletes y aerosoles de pimienta.

Si bien la norma pretende “la modernización y profesionalización del serenazgo municipal” y la necesidad de fortalecer su coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el avance de la delincuencia, también plantea tantas interrogantes como promesas.

La norma exige dotar de armas eléctricas a un cuerpo cuya función tradicional ha sido preventiva, que porten cámaras corporales activas que registren sus intervenciones con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ¿están los municipios preparados para asumir la supervisión, el entrenamiento y su implementación?

Para la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, el decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. «Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal», indicó.

Reconoció que la intención de la norma es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.

Falta de presupuesto
En cuanto al presupuesto, la alcaldesa surquillana subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.

Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. «Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos», dijo.

Un sereno no es un policía
En la misma línea, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la intención de la norma, pero advirtió que su aplicación debe ser gradual y acompañada de un presupuesto específico para las municipalidades.

Dijo que los municipios, con el nuevo dispositivo, enfrentará un reto para el cual no están plenamente preparados ni financiados. Mencionó que muchas municipalidades dependen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos mediante arbitrios.

«Algunas municipalidades podrán comprar estos implementos, pero muchas otras no. No todas tienen los mismos recursos. La ley está bien, pero debe venir con presupuesto», enfatizó.
“Estamos asumiendo una función que no nos corresponde directamente. Un sereno no es un policía y no está preparado para eso”, añadió.

Por : Marco Cáceres A.