La Defensoría del Pueblo recordó a las nuevas autoridades municipales de los distritos del sur de la capital la obligación que les compete en la gestión de los residuos sólidos municipales y otras acciones dirigidas a garantizar la limpieza y mantenimiento constante de las playas ubicadas a lo largo de la zona costera que une a las provincias de Lima y Cañete, especialmente ante el arribo masivo de bañistas con motivo de la temporada de verano.
Cabe indicar que, de acuerdo a información de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), más de 20 playas ubicadas en el litoral de los distritos del sur de Lima y de Cañete se encuentran actualmente catalogadas como no saludables. Entre ellas figuran algunas de concurrencia masiva como Venecia, en Villa El Salvador; Punta Hermosa Norte; en el distrito de Punta Hermosa; y Naplo y Pucusana, en el distrito de Pucusana. Entre las playas ubicadas en Cañete figuran Puerto Viejo, Bujama Norte, Asia, Puerto Fiel, Cerro Azul y Puerto Viejo, entre otras de afluencia masiva.
Es ante esta situación que, mediante un documento dirigido a las autoridades de los 15 distritos costeros del sur de Lima y de la provincia de Cañete, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur precisó la función que les corresponde en asegurar la limpieza constante de las playas, así como la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos y baños de uso público en estos espacios.
En el documento, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia, remarcó que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de adoptar acciones para mantener las playas en condición de espacios saludables, a través de la limpieza regular de las mismas, la instalación de recipientes para residuos sólidos y de servicios higiénicos, así como de avisos para sensibilizar a la población sobre la importancia de no arrojar desperdicios en la arena o en el mar. También precisó que, en caso que una determinada playa se encuentre catalogada como no saludable, es deber de la autoridad edil la señalización correspondiente en la que se advierta al público sobre el estado de la misma.
Tapia precisó que estas acciones deben ir enmarcadas en planes de trabajo a cargo de cada municipio, en los que se incluyan labores de fiscalización permanentes, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, dirigidas a garantizar la seguridad del público que asiste a las playas.
El representante de la Defensoría del Pueblo también recordó algunas obligaciones que rigen en torno al uso de las playas, como la importancia de garantizar el libre acceso a las mismas libre de cualquier acto de discriminación, así como la prohibición que rige para el cobro por estacionamiento o ingreso a ningún balneario. De otro lado, Tapia se refirió también al deber que tienen las autoridades en dotar al personal que desarrolla labores de limpieza pública de la indumentaria especial para la protección de la exposición solar.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invoca a la población a reducir la generación de residuos sólidos; a reutilizar los residuos generados cuando sea posible; a disponer sus residuos en lugares autorizados como los contenedores situados en la playas; a no emplear plástico de un solo uso para alimentos y bebidas y denunciar su entrega y comercialización. Con estas buenas prácticas, se contribuirá a la conservación del ambiente y se evitará poner en riesgo la salud de las personas.
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