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Dos internos fallecen durante escape de centro de rehabilitación

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Las muertes están bajo investigación, pero apuntan a agresiones. El alcalde del distrito confirma que el lugar operaba ilegalmente

Un centro de rehabilitación clandestino ubicado en San Juan de Lurigancho fue identificado y posteriormente cerrado tras la fuga masiva de los internos. Además, las autoridades están investigando dos muertes ocurridas en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Todo comenzó cuando un grupo de personas recluidas en el lugar conocido como Nueva Esperanza decidió abandonar las instalaciones, aparentemente debido a los maltratos a los que estaban siendo sometidas. Medios locales evidenciaron la presencia de barrotes y plásticos oscuros en las ventanas, así como un trozo de madera con clavos que se habría utilizado para agredirlos.

Las primeras informaciones sugirieron que, después de los ataques contra los dos pacientes que finalmente fallecieron, el resto de los internos, aproximadamente 20, optaron por planear una fuga masiva para evitar enfrentar la misma suerte. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que abandonaron el edificio y se dispersaron hacia diferentes puntos, llevando consigo sábanas que envolvían sus escasas pertenencias.

Sin embargo, posteriormente se planteó la hipótesis de que las dos personas que no lograron escapar fueron sometidas a algún tipo de castigo que resultó en su fallecimiento.

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Los familiares de uno de los individuos fallecidos se dirigieron al lugar para identificar los restos. Según su versión, las muertes efectivamente ocurrieron como resultado de agresiones.

«Mi hermano, quien está internado, ha sido asesinado y no entiendo por qué lo han matado. No merecía morir a manos de golpes; se supone que uno viene a este lugar para recuperarse, para estar bien», expresó la hermana de la víctima a Latina. Añadió que su hermano le había informado sobre estos ataques, pero debido a sus adicciones, ella no creía que estuviera diciendo la verdad.

Además, responsabilizó a los presuntos administradores de este centro de rehabilitación, identificándolos como Santiago Jesús Tello y Milagros Rupay. «Cuando venía a visitarlo, todo parecía estar bien. Los culpo porque son los responsables de este centro», detalló.

Esta narrativa fue respaldada por los vecinos del área, quienes afirmaron que este establecimiento operaba sin las condiciones adecuadas durante los últimos dos años. «Los ingresan como si nada cuando llegan», señaló una residente de San Juan de Lurigancho cuya vivienda colinda con este centro.

Sin embargo, también hubo individuos que manifestaron no tener conocimiento de estos incidentes y, de hecho, afirmaron que los internos tenían permiso para ir a las tiendas cercanas a comprar productos.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, acudió al lugar para asegurarse de que se realicen todas las investigaciones pertinentes. «Es una especie de ‘casa de refugio’, entre comillas, donde brindaban atención a personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias y que operaba de manera clandestina», afirmó.

Según la autoridad, en el distrito solo hay 34 de estos centros formales, es decir, aquellos que cuentan con licencia de funcionamiento o que han sido habilitados por Defensa Civil. Para obtener más información, instó a la ciudadanía a acercarse a la sede de la municipalidad para asegurarse de que estos centros operen de manera adecuada.

«Solicitamos encarecidamente su colaboración, ya que operan de forma clandestina y están ubicados en áreas donde no presentan ninguna característica que pueda indicarnos que están ofreciendo este tipo de servicio. También nos gustaría que algunos vecinos pudieran asistir a la municipalidad y proporcionar información relevante», instó a la población.

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SE GASTÓ MÁS DEL 80% DE RECURSOS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD –

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En los últimos cinco años, el promedio de ejecución se ha ubicado por encima del 90%, es decir, de cada S/ 100 asignado para reducir los delitos e inseguridad solo queda sin gastarse S/ 10.

La inseguridad ciudadana está desbordada pese a algunos intentos del Gobierno peruano por controlarla. La falencia principal sería una estrategia clara para combatir la delincuencia, pues cuando se revisa la ejecución del presupuesto público que se asigna para combatir este flagelo, hay avances importantes en el gasto. Los tres niveles de gobierno cuentan con S/ 5,701 millones para atender la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.

De este monto, se ha devengado S/ 4,671.6 millones, es decir, se registra un avance del 81.9% a la fecha. Con esto, quedan pendiente por ejecutar S/ 1,029.4 millones hasta el cierre del año. En los últimos cinco años, el promedio de ejecución se ha ubicado por encima del 90%, es decir, de cada S/ 100 asignados para reducir los delitos e inseguridad ciudadana, solo queda sin gastarse S/10.

Este año, el Gobierno nacional, concentrado en el Ministerio del Interior (Mininter), tiene asignado S/ 3,968.6 millones, de los que ha gastado 86.9% a la fecha. Los gobiernos locales son el segundo nivel de gobierno con mayor presupuesto contra la inseguridad (S/ 1,686.9 millones), de los que ya devengó el 71.8%. Contrariamente, las regiones tienen el menor gasto: de los S/ 45.4 millones con los que cuentan para el fin mencionado, han gastado solo el 29.1%. 

Fuente: Gestión  

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Entregarán más de 1,000 bonos de arrendamiento para familias damnificadas – Realidad.PE

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó dos nuevas convocatorias para otorgar el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a 1017 potenciales familias de Lambayeque, que perdieron sus casas a consecuencia de las intensas lluvias registradas en ambas regiones.

A través de la Resolución Ministerial N° 538-2023-VIVIENDA, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se especifica que para Lambayeque serán 419 potenciales personas del distrito de Túcume, quienes recibirán el subsidio de 500 soles, por un periodo máximo de hasta dos años para alquilar una vivienda segura.

En tanto en Piura, se otorgarán 598 bonos a familias de los distritos de Canchaque (43), El Carmen de la Frontera (17), Huancabamba (115), Huarmaca (259), Lalaquiz (38), San Miguel de El Faique (79), Sondor (18) y Sondorillo (29), de la provincia de Huancabamba, según precisa la Resolución Ministerial N°539 -2023-VIVIENDA.

Los dispositivos legales indican que la relación de beneficiarios se publicará al día siguiente y los documentos aptos deberán ser presentados en un plazo máximo de 30 días hábiles en el caso de Piura y 20 días para Lambayeque.

Los propietarios de las viviendas deberán tener la solicitud de otorgamiento del BAE; declaración jurada de no contar con vivienda distinta a la colapsada o inhabitable en el lugar de origen; contrato de arrendamiento de la vivienda, suscrito con el arrendador de la misma, con firmas legalizadas ante el juez de paz o notario público; de ser el caso, la declaración jurada de los suscribientes del citado contrato declarando el impedimento económico para la legalización de firmas.

Los formularios mencionados pueden descargarse desde el portal web del MVCS, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3zht9xA .

Las personas que se encuentren en esta lista deben acercarse con sus documentos al local según la jurisdicción, y en los centros de atención al ciudadano (CAC) del ministerio, ubicados en Piura y Lambayeque, respectivamente.


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