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EE. UU. protege a cerca de 500,000 migrantes venezolanos
Protección de 18 meses para venezolanos llegados hasta julio de 2023 en EE.UU, los que llegaron después serán expulsados
Estados Unidos ha anunciado que concederá a cerca de medio millón de migrantes venezolanos la posibilidad de acogerse a una protección contra deportaciones, otorgando permisos de residencia y trabajo por un período de 18 meses.
El gobierno del presidente Joe Biden ha extendido y reasignado el Estatus de Protección Temporal (EPT) para 472,000 venezolanos que se encontraban en el país antes del 31 de julio de 2023, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, tomó esta decisión debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela.
Actualmente hay alrededor de 242,700 beneficiarios del EPT bajo la designación actual, y gracias a esta reasignación, aproximadamente 472,000 venezolanos adicionales podrían solicitar esta protección, detalló en un comunicado.
Este programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones excepcionales.
Estados Unidos cuestiona la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro en 2018 y otorgó por primera vez el EPT a Venezuela en 2021.
El EPT «brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro», declaró Mayorkas.
«Esta es la situación de los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de este año, sin embargo, es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que arribaron después del 31 de julio de 2023 no serán elegibles para esta protección», advirtió.
«Aquellos que se determine que no tienen una base legal para permanecer serán sujetos a expulsión», añadió.
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¿Cuáles son los requisitos para evitar la deportación en Estados Unidos?
Los aspirantes al EPT bajo la nueva designación deberán demostrar su condición de ciudadanos venezolanos (o individuos sin nacionalidad pero con residencia previa en Venezuela), y haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos a partir del 31 de julio de 2023, además de cumplir con otros requisitos que serán detallados próximamente, según informó el gobierno.
El presidente Joe Biden se encontraba bajo presión desde hace semanas, especialmente por parte de diversas ciudades como Nueva York, que se veían desbordadas por el flujo de migrantes, muchos de ellos de origen venezolano.
En agosto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, solicitó al gobierno federal una aceleración en la emisión de permisos de trabajo. Esto se debe a que la ciudad se enfrenta a una crisis sin precedentes, con más de 100,000 solicitantes de asilo llegados desde abril del año anterior, y está obligada por ley a proveer refugio a quienes lo soliciten.
Además, en julio, un grupo de veinte senadores, mayoritariamente demócratas, instaron a Joe Biden a reasignar el EPT para ciudadanos de Venezuela y Nicaragua. Los senadores acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la detención de «aproximadamente 245 prisioneros políticos» y la descalificación de opositores políticos para que no puedan participar en elecciones.
Aunque la relación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano es tensa, Washington ha mostrado disposición a levantar gradualmente las sanciones financieras impuestas al país, siempre y cuando se tomen medidas que conduzcan a elecciones libres y justas el próximo año. Según la Casa Blanca, Joe Biden reiteró este punto durante una reunión con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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