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EE. UU. protege a cerca de 500,000 migrantes venezolanos
Protección de 18 meses para venezolanos llegados hasta julio de 2023 en EE.UU, los que llegaron después serán expulsados
Estados Unidos ha anunciado que concederá a cerca de medio millón de migrantes venezolanos la posibilidad de acogerse a una protección contra deportaciones, otorgando permisos de residencia y trabajo por un período de 18 meses.
El gobierno del presidente Joe Biden ha extendido y reasignado el Estatus de Protección Temporal (EPT) para 472,000 venezolanos que se encontraban en el país antes del 31 de julio de 2023, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, tomó esta decisión debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela.
Actualmente hay alrededor de 242,700 beneficiarios del EPT bajo la designación actual, y gracias a esta reasignación, aproximadamente 472,000 venezolanos adicionales podrían solicitar esta protección, detalló en un comunicado.
Este programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones excepcionales.
Estados Unidos cuestiona la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro en 2018 y otorgó por primera vez el EPT a Venezuela en 2021.
El EPT «brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro», declaró Mayorkas.
«Esta es la situación de los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de este año, sin embargo, es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que arribaron después del 31 de julio de 2023 no serán elegibles para esta protección», advirtió.
«Aquellos que se determine que no tienen una base legal para permanecer serán sujetos a expulsión», añadió.
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¿Cuáles son los requisitos para evitar la deportación en Estados Unidos?
Los aspirantes al EPT bajo la nueva designación deberán demostrar su condición de ciudadanos venezolanos (o individuos sin nacionalidad pero con residencia previa en Venezuela), y haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos a partir del 31 de julio de 2023, además de cumplir con otros requisitos que serán detallados próximamente, según informó el gobierno.
El presidente Joe Biden se encontraba bajo presión desde hace semanas, especialmente por parte de diversas ciudades como Nueva York, que se veían desbordadas por el flujo de migrantes, muchos de ellos de origen venezolano.
En agosto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, solicitó al gobierno federal una aceleración en la emisión de permisos de trabajo. Esto se debe a que la ciudad se enfrenta a una crisis sin precedentes, con más de 100,000 solicitantes de asilo llegados desde abril del año anterior, y está obligada por ley a proveer refugio a quienes lo soliciten.
Además, en julio, un grupo de veinte senadores, mayoritariamente demócratas, instaron a Joe Biden a reasignar el EPT para ciudadanos de Venezuela y Nicaragua. Los senadores acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la detención de «aproximadamente 245 prisioneros políticos» y la descalificación de opositores políticos para que no puedan participar en elecciones.
Aunque la relación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano es tensa, Washington ha mostrado disposición a levantar gradualmente las sanciones financieras impuestas al país, siempre y cuando se tomen medidas que conduzcan a elecciones libres y justas el próximo año. Según la Casa Blanca, Joe Biden reiteró este punto durante una reunión con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
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Operaciones de factoring cerraron el primer cuatrimestre con un monto de más de S/ 15 700 millones
Esta cifra es superior en 22.3% en comparación con el mismo periodo del 2024.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que entre enero y abril del 2025 se negociaron un total de 643 305 facturas por un monto de S/ 15 776 millones, lo que representó un crecimiento de 21 % en número de facturas y de 22.3 % en montos negociados, respecto al mismo período del año anterior.
El titular de PRODUCE, Sergio González Guerrero, destacó el notable crecimiento de los montos negociados y del número de facturas, así como el creciente uso del instrumento al interior del país, lo que evidencia la importancia de este mecanismo como fuente de financiamiento de corto plazo para la micro y pequeña empresa (MYPE).
“Las cifras nos indican que dentro del grupo de empresas que se financian con facturas negociables, las MYPE representa el 81.5%, un porcentaje bastante alto que nos indica que este mecanismo es clave para los emprendedores”, sostuvo.
Por zona geográfica y sectores económicos
El ministro González Guerrero sostuvo que la región Lima concentra el 81.5 % del monto negociado de las facturas negociables (S/ 12 858 millones) durante el primer cuatrimestre del 2025.
Luego de la capital, le siguen el Callao, La Libertad, Arequipa, Piura e Ica, regiones que en conjunto representan el 11.6 % del monto total negociado entre enero y abril de este año. En tanto, las regiones con menor participación son Huancavelica y Madre de Dios.
Asimismo, por sectores económicos, el monto negociado de las facturas se concentra en el rubro servicios (S/ 5062 millones), seguido de comercio (S/ 4285 millones). Entre ambos suman el 59.3 % del total de movimientos registrado.
Por último, también destacó el crecimiento acumulado del monto de facturas negociables en los sectores minería, construcción y agropecuario de 9.4%, 15.4%, y 26.9% respectivamente.
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Urge mayor inversión, crecimiento económico y generación de empleo formal para reducir la pobreza en el país
Sin oportunidades laborales, la reducción de la pobreza será lenta y limitada, señaló Mónica Muñoz-Nájar, economista de REDES. Además, advirtió que al ritmo actual podrían pasar hasta 20 años para recuperar los niveles previos a la pandemia.
Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), enfatizó que para reducir la pobreza de manera sostenible el país necesita mayor inversión, crecimiento económico y generación de empleo formal, especialmente para los jóvenes. “Se necesita mucho más empleo, que los jóvenes puedan chambear, que las personas de cualquier edad puedan encontrar una buena chamba bien remunerada”, afirmó. Pues, sin oportunidades laborales, la reducción de la pobreza será lenta y limitada, advirtiendo que al ritmo actual podrían pasar hasta 20 años para recuperar los niveles previos a la pandemia.
Según los datos del INEI, la tasa de pobreza bajó de 29 % a 27,6 % en 2024, una disminución de 1.4 puntos que representa casi 400 mil personas. Sin embargo, Muñoz-Nájar señaló que aún hay más de 9 millones de peruanos en situación de pobreza y alertó que el rostro de este problema ahora es mayoritariamente urbano. “Más del 76 % de los pobres están en ciudades, y no hay programas sociales enfocados en esta realidad”, explicó. También mencionó que en regiones como Cajamarca, Loreto, Puno y Arequipa la pobreza sigue siendo crítica o ha empeorado.
La especialista indicó que una familia de cuatro personas necesita gastar al menos S/1.816 al mes para no ser considerada pobre, cifra que ha aumentado por la inflación. “Si su gasto es menor, esa familia se considera en pobreza”, precisó. Finalmente, dijo que el crecimiento económico debe convertirse en una prioridad nacional para garantizar mejoras reales y duraderas en los niveles de bienestar.
Fuente: RPP
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