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Economía y Finanzas

El acceso a servicios básicos: una deuda pendiente en el Perú

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El 10% de los peruanos no tiene agua potable, y el 23% carece de alcantarillado, mientras que, el 15.5% de las viviendas rurales sigue sin acceso a electricidad.

A pesar de los avances en infraestructura, el Perú aún enfrenta grandes retos en la cobertura de servicios básicos. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el 10% de los peruanos carece de agua potable y el 23% no tiene acceso a alcantarillado, cifras que son más críticas en zonas rurales. Esta carencia afecta directamente la salud y nutrición de los más vulnerables: dos de cada 10 niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, mientras que la mitad de los infantes entre seis meses y tres años padece anemia.

“La falta de agua es una desventaja corrosiva, afecta la salud, la educación, al acceso al trabajo y otras capacidades del ser humano”, advirtió Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, durante el foro “Las Caras del Agua”, organizado junto a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En cuanto a la electrificación rural, aunque la cobertura ha alcanzado un 85.8%, todavía un 15.5% de viviendas rurales carecen de este servicio, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Plan Nacional de Electrificación Rural 2024-2033 busca elevar la cobertura al 96% para 2026, priorizando energías renovables en localidades aisladas. Sin embargo, de acuerdo con Víctor Carlos Estrella, exviceministro de Electricidad del Minem, los retrasos por permisos, los bajos niveles de ejecución presupuestal en gobiernos subnacionales y la falta de recursos financieros representan importantes obstáculos.

El acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad es esencial para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida en el país. Sin embargo, lograrlo exige una planificación eficiente, políticas públicas sostenibles y una mayor inversión estatal que priorice a las comunidades más vulnerables, especialmente frente a los efectos del cambio climático y las brechas históricas que persisten en las zonas rurales del Perú.

Fuente: InfoActiva

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 Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

Fernando Cabezas

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El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.

La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.

Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.

La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.

Fuente: Altavoz

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Actualidad

Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

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Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio

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