La organización criminal empresarial brasileño-peruana denominada el “Club de la construcción”, que fue descubierta por el equipo especial fiscal del caso Lava Jato, ha vuelto resucitar, pero esta vez bajo una fachada e infraestructura oriental: Se trata del “Club Chino de la Construcción”, al que hoy se le han adjudicado la mayoría de las megaobras que existen en el Perú, con la “ayuda” de funcionarios nacionales.

Este nuevo consorcio nació de la fusión de empresas peruano-chinas, y otras puramente chinas, todas las cuáles cuentan ahora con el “respaldo” financiero de millonarias cartas fianza de la banca asiática autorizada en Lima.

Su funcionamiento se hizo más palpable a partir del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), y a raíz de la confesión de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López Arredondo, quien se benefició de favores y prebendas.  Tal es así que en la obra del Puente Tarata, la Fiscalía a cargo del caso Provías Descentralizado verificó otros cobros durante gobiernos anteriores, rastreando a la empresa china Gezhouba Group Company, la cual tendría nexos con la lobista Karelim López. Además, según la Fiscalía, esta empresa junto a otra del país asiático, ganaron contratos por S/363’200,000 durante el período del expresidente  Castillo.

En tal sentido, los 77 proveedores y subcontratistas estafados por las dos empresas China Railway 10 y China Gezhouba. reclaman el pago de S/44 millones por servicios prestados. El reclamo fue presentado a la comisión que investiga los contratos que las compañías habrían logrado desde el año 2018 hasta la actualidad.

Modus operandi del Club de la Construcción chino en el Perú

El modus operandi de este club asiático sería el mismo que su antecesor, el «Club de la Construcción» peruano-brasileño, integrado principalmente por la compañía nacional Graña y Montero, y las extranjeras Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Correa, entre otras. Junto al grupo peruano que se empoderó por muchos años en el MTC, conformado por las empresas Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Grupo Plaza, por solo nombrar a las más conocidas.

Su accionar era muy simple: Cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban y “arreglaban” el “negocio”, a cambio de repartir porcentajes en forma de coimas (sobornos).  Usualmente, ilícitas “comisiones” que suponían entre el 1 y el 3 % del valor de los millonarios contratos.

En la actualidad, el llamado «Club Chino de la Construcción», también conocido como el «Club del Dragón», toma conocimiento de cada licitación y “limpia la cancha” de competidores. Ésta última distinción, es su especialidad de marca. Presenta garantías fabulosas, que solo pueden conseguir en bancos chinos que funcionan en nuestro país, con permiso oficial de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Fuentes crediticias locales han confirmado que se trata, principalmente, de tres bancos asiáticos instalados en el centro financiero de San Isidro. Estos empezaron a funcionar entre el año 2020 y el 2022, y desde entonces han entregado millonarios avales, solamente a empresas chinas, con el único propósito de que se adjudiquen varias importantes obras públicas.

No hay forma de que las pequeñas y medianas empresas constructoras peruanas, u otras extranjeras, compitan con las chinas, pues las bases de los concursos públicos en estas obras le exigen al constructor que demuestre contar con una espalda financiera inmensa, con líneas de crédito o depósitos de hasta el 50 % del valor de la carta fianza estipulada para cada obra. Es como si las bases estuvieran hechas como un traje a la medida para las empresas y/o consorcios chinos.