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Economía y Finanzas

Empresarios piden plan integral para combatir la inseguridad en el país

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El presidente de Capeco, Jorge Zapata Ríos, se pronunció sobre la creciente ola de violencia y extorsión en el país, destacando la urgencia de un plan de seguridad coordinado entre poderes.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), abordó en una entrevista la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Señaló que «hay un desborde de la violencia que no permite progresar ni trabajar y pone en peligro la vida». Para el empresario, el gobierno de Dina Boluarte debe presentar «una ruta y un plan articulado» para enfrentar el crimen organizado, que afecta tanto a la sociedad civil como al empresariado. Además, enfatizó la importancia de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial para detener la violencia de manera efectiva.

Respecto a las protestas por la inseguridad que se han producido en las últimas semanas, Zapata Ríos explicó que «la población, transportistas y gremios empresariales están afectados por la violencia y la extorsión». En su opinión, estos reclamos son justificados, ya que la inseguridad compromete tanto los negocios como la integridad de las personas. El líder gremial también consideró que desde el Ejecutivo se debería escuchar a la ciudadanía en lugar de desestimar las manifestaciones, y sugirió la convocatoria de un Consejo de Estado donde los tres poderes trabajen unidos en una estrategia de seguridad.

En cuanto a la participación de Capeco en paros convocados, el presidente del gremio aclaró que «Capeco no se sumará a la paralización del 12 de noviembre», pero afirmó que apoyan iniciativas como la marcha organizada por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que busca impulsar políticas efectivas contra la criminalidad. Además, Zapata Ríos destacó el impacto del crimen organizado en el sector construcción, señalando que «las extorsiones en este sector han causado 24 muertes de dirigentes en los últimos años», y mencionó que es esencial actuar con discreción en las denuncias, pues la violencia afecta mayormente a proyectos en zonas alejadas de los centros urbanos.

Fuente: El Comercio

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 Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

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El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.

La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.

Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.

La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.

Fuente: Altavoz

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Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

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Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio

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