A diciembre del 2023. El 55 % de los proyectos estancados se ejecutaron por “administración directa” y en su mayoría corresponden a municipalidades provinciales y distritales.
Según el último reporte de la Contraloría General existe un total de 2,298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre 2023. En estos proyectos truncos se ha invertido más de 26 mil 992 millones de soles y se necesitaría más de 13 mil 772 millones de soles, para concluirlos.
El Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023, revela que las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, 23.5 %) así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, 22.4 %). En menor medida, mencionan las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7 %) y los conflictos sociales (101), entre otros motivos, según el registro realizado por las mismas entidades públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) de la Contraloría General.
Los sectores de intervención que acumularon la mayor cantidad de proyectos inconclusos son Transportes y Comunicaciones con 628 obras, donde se han invertido más de 8,522 millones de soles; Vivienda, Construcción y Saneamiento donde se registran 529 obras por un monto de 4,497 millones de soles; y Agricultura con 281 obras por más de 4,042 millones de soles.
En relación a los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas, se tienen a: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). Mientras que Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5), son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas.
Principales obras paralizadas
En Arequipa, el proyecto Majes Siguas II, se encuentra paralizado debido a controversias entre la empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa, lo que ha dado lugar a un proceso de arbitraje. La obra está paralizada desde diciembre de 2017. El 12 de julio de 2022 se firmó la adenda N° 13 que incrementó el costo de la obra en 104 millones de dólares, pero no se reiniciaron los trabajos. La obra está valorizada en 655 millones de dólares, permitirá generar 145 mil empleos y contar con 38,500 hectáreas de riego en la zona agrícola.
Mientras que, en Moquegua, el mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa que empezó en agosto del 2017 se paralizó tres años después, en el 2020, debido a una controversia entre la empresa contratista y Provías Nacional. La inversión inicial en la obra fue de 420 millones de soles, pero el monto actualizado ahora supera los 813 millones de soles. El contrato se resolvió en mayo del 2023, pero la obra aún no se reanuda, perjudicando a cientos de familias que ven frustrada la esperada integración regional.
En Ucayali, la obra “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa”, que inició el 2016 se encuentra paralizada principalmente a falta de personal y la no adquisición de materiales de construcción, entre otros. El monto de inversión, según contrato, asciende a 343 millones de soles y beneficiaría a más de 477 mil personas, permitiendo atender a un total de 4.6 millones de atenciones (durante los 15 años de vida útil de la obra).
Obras por administración directa
Un aspecto relevante del informe de la Contraloría es que el 55.3 % (1,270) de obras paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, es decir, cuando las mismas entidades desarrollan el proyecto utilizando sus propios recursos presupuestales, así como su personal (técnico-administrativo), infraestructura, equipos y/o maquinarias.
Los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) prefieren esta modalidad de contratación y concentran el mayor número de obras paralizadas: 1,184 (93.2 %) del total. Mientras que las entidades a nivel de Gobierno Regional (59, 4.6 %) y Nacional (27, 2.1 %) no suelen utilizar con frecuencia esta modalidad.
En menor cantidad, existen obras paralizadas que son ejecutadas bajo la modalidad de contrata (949), núcleos ejecutores (74), Obras por Impuesto (3) y Asociaciones Público Privadas o concesiones (2).
Nuevas reglas para las obras por administración directa
Con la finalidad de reducir la problemática de las obras paralizadas en el mediano plazo, la Contraloría General ha elaborado un nuevo marco normativo para regular las obras que se ejecutan por administración directa, el cual será de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, a partir del primero de abril del 2024.
La nueva regulación tiene como objetivo contribuir a que las obras por administración directa se ejecuten de manera eficiente y transparente, asegurando las mejores condiciones en términos de calidad, costo, oportunidad y bajo un adecuado control de parte de la Contraloría y la ciudadanía.
En ese sentido, se han regulado diversos aspectos de la ejecución de la obra por administración directa, como la preparación e inicio de la ejecución física de las obras, los requisitos para el perfil del personal clave, la obligación de realizar liquidaciones parciales y disposiciones para la aprobación de modificaciones, tanto significativas como no significativas. Además, establece pautas para el dimensionamiento adecuado del expediente técnico, con el objetivo de evitar los sobrecostos no sustentados que han sido problemas recurrentes que han opacado los resultados en este tipo de obras.
Fuera de juego
A partir del primero de febrero, la Contraloría General brindará capacitaciones presenciales, virtuales o híbridas a los gestores de las entidades públicas sobre el alcance y aplicación de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de obras públicas por administración directa”. La Escuela Nacional de Control tendrá a cargo la capacitación progresiva.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.
Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.
Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.
Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.
Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.
Con el firme compromiso de seguir promoviendo la participación activa de la mujer en la vida política y democrática del país, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, bajo la dirección de la Dra. Milagros Salazar, organiza el Plenario Regional de Lima Metropolitana del Parlamento Mujer 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo.
Durante dos jornadas, decenas de mujeres representantes de diversos distritos de Lima asumirán simbólicamente el rol de congresistas, debatiendo, proponiendo y aprobando iniciativas legislativas en un ejercicio democrático que fortalece su liderazgo y su presencia en el espacio público.
Esta experiencia única no solo visibiliza el potencial transformador de las mujeres, sino que también reafirma el compromiso del Congreso con la construcción de una ciudadanía activa, inclusiva y comprometida con el futuro del país.
“Con este programa, el Congreso abre sus puertas a las voces femeninas que, desde sus comunidades, lideran cambios reales y proponen soluciones concretas”, destacó la Oficina de Participación Ciudadana.
El evento incluirá espacios de formación, diálogo directo y reflexión colectiva, con el objetivo de inspirar a más mujeres a involucrarse activamente en los asuntos públicos.
