A diciembre del 2023. El 55 % de los proyectos estancados se ejecutaron por “administración directa” y en su mayoría corresponden a municipalidades provinciales y distritales.

Según el último reporte de la Contraloría General existe un total de 2,298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre 2023. En estos proyectos truncos se ha invertido más de 26 mil 992 millones de soles y se necesitaría más de 13 mil 772 millones de soles, para concluirlos.

El Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023, revela que las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, 23.5 %) así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, 22.4 %). En menor medida, mencionan las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7 %) y los conflictos sociales (101), entre otros motivos, según el registro realizado por las mismas entidades públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) de la Contraloría General.

Los sectores de intervención que acumularon la mayor cantidad de proyectos inconclusos son Transportes y Comunicaciones con 628 obras, donde se han invertido más de 8,522 millones de soles; Vivienda, Construcción y Saneamiento donde se registran 529 obras por un monto de 4,497 millones de soles; y Agricultura con 281 obras por más de 4,042 millones de soles.

En relación a los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas, se tienen a: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). Mientras que Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5), son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas.

Principales obras paralizadas

En Arequipa, el proyecto Majes Siguas II, se encuentra paralizado debido a controversias entre la empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa, lo que ha dado lugar a un proceso de arbitraje. La obra está paralizada desde diciembre de 2017. El 12 de julio de 2022 se firmó la adenda N° 13 que incrementó el costo de la obra en 104 millones de dólares, pero no se reiniciaron los trabajos. La obra está valorizada en 655 millones de dólares, permitirá generar 145 mil empleos y contar con 38,500 hectáreas de riego en la zona agrícola.

Mientras que, en Moquegua, el mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa que empezó en agosto del 2017 se paralizó tres años después, en el 2020, debido a una controversia entre la empresa contratista y Provías Nacional. La inversión inicial en la obra fue de 420 millones de soles, pero el monto actualizado ahora supera los 813 millones de soles. El contrato se resolvió en mayo del 2023, pero la obra aún no se reanuda, perjudicando a cientos de familias que ven frustrada la esperada integración regional.

En Ucayali, la obra “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa”, que inició el 2016 se encuentra paralizada principalmente a falta de personal y la no adquisición de materiales de construcción, entre otros. El monto de inversión, según contrato, asciende a 343 millones de soles y beneficiaría a más de 477 mil personas, permitiendo atender a un total de 4.6 millones de atenciones (durante los 15 años de vida útil de la obra).

Obras por administración directa

Un aspecto relevante del informe de la Contraloría es que el 55.3 % (1,270) de obras paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, es decir, cuando las mismas entidades desarrollan el proyecto utilizando sus propios recursos presupuestales, así como su personal (técnico-administrativo), infraestructura, equipos y/o maquinarias.

Los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) prefieren esta modalidad de contratación y concentran el mayor número de obras paralizadas: 1,184 (93.2 %) del total. Mientras que las entidades a nivel de Gobierno Regional (59, 4.6 %) y Nacional (27, 2.1 %) no suelen utilizar con frecuencia esta modalidad.

En menor cantidad, existen obras paralizadas que son ejecutadas bajo la modalidad de contrata (949), núcleos ejecutores (74), Obras por Impuesto (3) y Asociaciones Público Privadas o concesiones (2).

Nuevas reglas para las obras por administración directa

Con la finalidad de reducir la problemática de las obras paralizadas en el mediano plazo, la Contraloría General ha elaborado un nuevo marco normativo para regular las obras que se ejecutan por administración directa, el cual será de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, a partir del primero de abril del 2024.

La nueva regulación tiene como objetivo contribuir a que las obras por administración directa se ejecuten de manera eficiente y transparente, asegurando las mejores condiciones en términos de calidad, costo, oportunidad y bajo un adecuado control de parte de la Contraloría y la ciudadanía.

En ese sentido, se han regulado diversos aspectos de la ejecución de la obra por administración directa, como la preparación e inicio de la ejecución física de las obras, los requisitos para el perfil del personal clave, la obligación de realizar liquidaciones parciales y disposiciones para la aprobación de modificaciones, tanto significativas como no significativas. Además, establece pautas para el dimensionamiento adecuado del expediente técnico, con el objetivo de evitar los sobrecostos no sustentados que han sido problemas recurrentes que han opacado los resultados en este tipo de obras.

Fuera de juego

A partir del primero de febrero, la Contraloría General brindará capacitaciones presenciales, virtuales o híbridas a los gestores de las entidades públicas sobre el alcance y aplicación de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de obras públicas por administración directa”. La Escuela Nacional de Control tendrá a cargo la capacitación progresiva.