“Reducir las condiciones de pobreza e inequidad en el Perú es hoy una prioridad”.

Es clave analizar la evidencia para entender cómo evolucionan las condiciones de vida y el bienestar. Si queremos seguir elaborando y proponiendo medidas para mejorar la calidad de vida, es importante conocer y comprender cómo evolucionan las variables de pobreza y los indicadores de equidad. Hace poco, el Banco Mundial presentó un informe que evalúa precisamente la pobreza y la equidad en nuestro país, revelando cifras que nos deben llamar a la reflexión.

Entre el 2004 y el 2019, sabíamos que el Perú había avanzado de manera sostenida en la reducción de la pobreza –del 58,7 % al 20,2 %–, lo que se explica sobre todo por el crecimiento económico del país en ese período. Aunque insuficientemente, en dichos años se mejoró la provisión de servicios públicos; tras la pandemia, la evidencia apunta a un retroceso. Según el Banco Mundial, al 2021, la tasa de pobreza en el país subió al 25,9 % y hoy siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables. Además, la pobreza se ha urbanizado (siete de cada diez pobres viven en zonas urbanas).

Superada la pandemia, nos enfrentamos a una situación compleja y de largo plazo: la presencia de eventos climáticos extremos, que agravan la situación de vulnerabilidad que atraviesa nuestra población, volviéndola una vulnerabilidad permanente. Si bien nuestra geografía hace del Perú un país diverso y con ventajas competitivas, son estas mismas condiciones las que suponen enormes retos en términos de acceso a servicios básicos, conectividad y otros. Asimismo, dificultan prevenir y reducir los impactos de eventos climáticos extremos. Tomar decisiones en un entorno de cambio climático ya no es una opción, es una necesidad.

Debemos seguir trabajando para impulsar el acceso a servicios públicos de calidad, considerando que casi el 60% de los hogares peruanos carece de uno o más servicios esenciales. Además, hay que tomar acciones para cerrar las brechas de género, impulsando una mayor participación laboral de las mujeres, que en las últimas dos décadas no ha crecido y sigue siendo muy inferior a la de los hombres (61,5 % vs. 78,1 % al 2021).

También es clave tomar medidas efectivas para reducir la informalidad y la precariedad laboral, pues se observa una caída en la calidad del empleo post pandemia, afectando la capacidad redistributiva fiscal (solo ocho de cada 100 trabajadores tributan sobre sus ingresos laborales, recayendo la carga de recaudación en el IGV). La simplificación tributaria es una reforma urgente.

Tomar acciones para reducir las condiciones de pobreza e inequidad en el Perú es hoy una prioridad. Para ello, la formulación de políticas públicas debe involucrar a distintos actores: autoridades de todos los niveles de gobierno, academia, sociedad civil, organismos multilaterales y la población en general. Es responsabilidad de todos.

Fuente: El Comercio – Joanna Kámiche Zegarra