Un funcionario del Gobierno Regional (Gore) de Junín fue inhabilitado con cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por la Contraloría General de la República al haber cometido irregularidades en la obra de mejoramiento de la carretera departamental JU-103, que une las provincias de Jauja y Tarma, y que ocasionaron un perjuicio superior a 673,000 soles.

Luego de las investigaciones del caso, la Contraloría emitió la resolución N° 000296-2023-CG/OSAN, en la cual se determinó responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conductas infractoras previstas en los numerales 21 y 32 del artículo 46 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

La sanción al funcionario ha sido declarada consentida y, en consecuencia, firme señala la Contraloría.

Luego explica que las disposiciones del numeral 21 y 32 establecen que el obtener o procurar beneficios indebidos haciendo uso del cargo, autoridad o influencia o incumpliendo el ejercicio de sus funciones, ocasionan perjuicio al Estado; así como también incumplir de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones son infracciones muy graves.

Al referido funcionario, quien asumió el cargo de subgerente de supervisión y liquidación de obras del GORE Junín desde setiembre del 2020 hasta julio del 2022, se le abrió un procedimiento administrativo sancionador por los hechos irregulares evidenciados en el Informe de Auditoría N° 22433-2022-CG/GRJU-AC relacionados al contrato para una obra de mejoramiento de la carretera departamental JU-103, cuyo costo ascendía a más de S/ 149 millones.

En el informe de control se determinó que el ahora exsubgerente, solicitó de manera irregular e injustificada la contratación de nueve servicios por S/ 235 mil, cuyos resultados no fueron de utilidad para los intereses de la entidad.

Además, dio su conformidad a la prestación de los citados servicios y al contenido de un “expediente de liquidación de corte”.

De esta manera, ratificó que existía un saldo a favor del contratista de más de S/ 14 millones, a pesar de que para la elaboración de dicho expediente no se consideraron aspectos técnicos relevantes para la cuantificación de las partidas ejecutadas.

El citado subgerente solicitó en reiteradas oportunidades al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín que la aprobación del “expediente de liquidación de corte” se realice mediante un acto resolutivo, pedidos que se concretaron con la emisión de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 369-2021-G.R.-JUNÍN/GRI de 25 de octubre de 2021.

En esta se determinó un saldo a favor del contratista de 14 millones 431,613,76 soles que incluyen partidas por S/ 3 millones 862,379 que fueron valorizadas por el contratista a pesar de inobservar las especificaciones del expediente técnico, disposiciones y parámetros de medición aprobados durante la ejecución de la obra.

Cabe señalar que son doce los funcionarios del gobierno regional con responsabilidad penal y administrativa quienes continúan llevando su proceso en las entidades de justicia competente por ocasionar un perjuicio superior a los S/ 673 mil a la entidad. Otras seis personas tienen responsabilidad penal como terceros partícipes relacionados al ámbito privado.

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