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Fiscal revela cómo operaba red criminal que cobraba por camas UCI – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú

En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público capturaron hoy a nueve integrantes de la organización criminal Los Ángeles Negros, acusada de cobrar hasta 82,000 soles a pacientes covid por una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara. Conoce cómo operaban.
Reynaldo Abia, fiscal anticorrupción a cargo del caso, informó que la investigación se inició en marzo del presente año cuando llegó a su despacho una persona que denunció que estaban vendiendo camas UCI en el Almenara.
Añadió que, pese a la falta de pruebas, su oficina comenzó las indagaciones entre el personal del nosocomio.
Cuando estaban en medio de estas indagaciones, Abia dijo que llegó un segundo caso a través de los canales de denuncia habilitados por EsSalud, luego de lo cual se investiga de manera reservada y se entrevista a las autoridades del Seguro Social.
“En este segundo caso había más evidencia. En ese sentido nosotros tenemos que saludar a un valiente ciudadano que logra grabar a las personas (que le ofrecían la cama UCI) a través de las comunicaciones que sostenía por el Whatsapp”, aseveró.
Relató que el denunciante estaba desesperado, buscando una cama UCI para su hermano que tenía covid-19, cuando fue captado por estos malos elementos que le ofrecen atender a su familiar a cambio de 82,000 soles.
“Inicialmente le habían pedido 85,000 soles, y finalmente le rebajan a 82,000 soles. Obviamente cualquiera no tiene 82,000 soles, razón por la cual ha hecho el pago de manera fraccionada”, señaló.
El fiscal agregó que esta persona denunció a dos personas, sin saber que detrás de este caso de corrupción estaban comprometidas más personas, llegando incluso hasta personal administrativo del hospital Almenara.
“A raíz de esta denuncia se hace un trabajo de inteligencia, de video vigilancia y seguimiento a estas personas para poderlos identificar”, anotó.
Añadió que, ante la desconfianza, el denunciante les dijo a las personas que le ofrecían la cama UCI que no les iba a dar el dinero en la mano porque podría ser estafado.
“Entonces bancarizan la entrega del dinero. Pero, para ello, estas personas que actúan de manera ilícita involucran a sus familiares directos, a sus hijos, esposos, para que les puedan depositar (el dinero)”, relató.
Añadió que, a partir de esta bancarización, se empezó a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante.
Calificó de valioso el apoyo brindado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esta investigación, a través de la cual se pudo hacer un barrido del recorrido del dinero.
“Empezamos a encontrar a las personas, uno por uno, y ahí empezamos a vincular quiénes eran. Se trata de sus familiares, sus hijos, sus esposos. Lamentablemente para ellos los han involucrado”, subrayó.
Explicó que esta organización operaba de manera ilícita desde la parte externa del nosocomio, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital, donde estarían involucrados personal médico y administrativo.
“Según las conversaciones que tenemos, los hechos revelan que les decían que tenían amigos médicos y personal administrativos que lo van a ayudar a cambio de una cantidad de dinero”, relató.
Como parte de la estrategia que tenía para operar, los integrantes de esta organización criminal le enviaban al familiar del paciente fotografías del interior del nosocomio donde era atendido su ser querido para tranquilizarlo.
“Adicional a esta situación, estas personas habían hecho ingresar, de manera irregular, un ventilador mecánico y una cánula de alto flujo, casi ya en la última fase de la enfermedad del paciente”, manifestó.
Penas
Abia indicó que estas personas son investigadas por el delito de tráfico de influencias y que, de ser halladas culpables, podrían recibir una pena de cárcel de entre 4 a 6 años, de acuerdo a la establecido en el Código Penal.
“Y si ellos son funcionarios públicos hay un agravante, se incrementa la pena. Además, está el delito de cohecho activo, que tiene una pena no menor de 4 años”, anotó.
Explicó, sin embargo, que la Fiscalía está pidiendo que las penas por estos delitos se sumen a fin de que estos funcionarios públicos puedan recibir una pena de hasta 8 años de cárcel.
“Porque los delitos de corrupción de funcionarios son gravísimos porque atentan contra el funcionamiento de la administración pública, y eso quedará claro una vez que se pueda verificar y corroborar todos los hechos que se están imputando”, aseveró.
Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos y que tengan confianza en los operadores de justicia para combatir la corrupción.
“No tengan temor. Nosotros los fiscales conocemos todos los mecanismos, incluso, para reservar la identidad”, señaló.
Port su parte, el coronel PNP Arturo Valverde, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, detalló que Sebastián Bazalar Aróstegui compartió el dinero a otros presuntos miembros de la organización: Nery Ochoa Menacho y Pedro Pino Gonzales, del área administrativa del Almenara.
Sin embargo, tal como ocurrió con la captadora, en este caso el dinero no fue depositado directamente a las cuentas de los funcionarios, sino a las de sus hijos.
El alto mando indicó que la participación de médicos y personal de salud en la organización está en investigación.
Valverde aseguró que, hasta el momento, no se tienen denuncias de casos similares en otros hospitales del país; pero exhortó a la ciudadanía a denunciar si se presentan este tipo de solicitudes de dinero a cambio de camas UCI.
La operación, realizada esta madrugada en La Molina, Breña, Magdalena y San Miguel, contó con la participación de 114 policías y 10 fiscales, además de personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter).
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MINJUSDH lanza nuevos servicios digitales de Sunarp para proteger el patrimonio de familias y facilitar acceso a la justicia registral

“Alerta Registral” y “Apelaciones vía SID-Sunarp” permiten a los ciudadanos prevenir fraudes y ejercer sus derechos desde casa, sin papeleos ni demoras.

1 de julio de 2025 – 10:20 a. m.
En el marco de su política de inclusión y modernización de los servicios públicos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), presentó hoy oficialmente la ampliación del servicio digital “Alerta Registral” y la implementación del servicio de “Apelaciones vía SID-Sunarp” con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en beneficio de la ciudadanía.
Durante la ceremonia, encabezada por el ministro Enrique Alcántara Medrano, se resaltó que ambos servicios no solo consolidan la digitalización de trámites registrales, sino que fortalecen la seguridad jurídica, previenen actos delictivos como la suplantación de identidad, acercan la justicia al ciudadano y garantizan el acceso igualitario a la justicia.
“No se trata solo de digitalizar, sino de humanizar el servicio público. Hoy acercamos el Estado a la gente con hechos, con prevención, con servicios que simplifican la vida”, subrayó el ministro.

Señaló que este servicio gratuito y 100 % digital permite a los titulares registrales recibir alertas por correo o mensaje de texto ante cualquier movimiento que afecte sus bienes inscritos en Sunarp, desde la presentación de títulos hasta la expedición de publicidad registral. Con sus nuevas funcionalidades, también advierte sobre duplicados de placas (alerta de clonación), inclusión de vehículos como garantías mobiliarias y solicitudes de consulta a través del sistema “Conoce Aquí”.
Refirió que, a la fecha, solo en 2025 se han generado más de 3.2 millones de alertas, lo que evidencia la alta acogida de este servicio como una herramienta efectiva de prevención ante posibles fraudes o transferencias irregulares.
Por su parte, el Superintendente Nacional de la Sunarp, Armando Subauste Bracesco, informó que el servicio de “Apelaciones vía SID-Sunarp” permite, desde junio, que cualquier ciudadano pueda impugnar resoluciones registrales electrónicamente, validando su identidad con la plataforma ID-Perú y utilizando su firma electrónica, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.
Ambas iniciativas se enmarcan en la política del gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte para procurar una gestión pública moderna, abierta y centrada en las personas. Finalmente, se invitó a todos los ciudadanos a afiliarse al servicio “Alerta Registral” desde https://alertaregistral.sunarp.gob.pe y a utilizar los nuevos canales digitales que Sunarp ha puesto a disposición para mejorar su experiencia registral y proteger su patrimonio.

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Disponen la suspensión de la captura de pota en busca de la sostenibilidad de su pesquería

La medida entró en vigor a partir de las 00:00 horas del 30 de junio de 2025 y fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 00112-2025-PRODUCE/DGSFS-PA.
En una decisión que busca equilibrar las necesidades económicas de la pesca de pota con la sostenibilidad del recurso, el Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de las actividades extractivas del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), tras un periodo de altos desembarques por la participación de numerosas embarcaciones, lo que fue ocasionado por la gran concentración de este recurso en áreas muy cercanas a la costa, que hicieron más fácil su captura.
“Esta medida no solo obedece a criterios de conservación del recurso, sino también a una gestión responsable que busca garantizar la continuidad de la actividad pesquera en el tiempo. Cuidar la pota es cuidar el sustento de miles de familias peruanas”, señaló el Viceministerio de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.
De acuerdo con la normativa, solo podrán realizar desembarques aquellas embarcaciones que cuenten con autorización de zarpe emitida antes de la entrada en vigencia del cierre.
La publicación oficial de esta resolución se encuentra en el portal institucional del Ministerio de la Producción, reafirmando así su compromiso con la transparencia y el ordenamiento pesquero.
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