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Fiscal revela cómo operaba red criminal que cobraba por camas UCI – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú
En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público capturaron hoy a nueve integrantes de la organización criminal Los Ángeles Negros, acusada de cobrar hasta 82,000 soles a pacientes covid por una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara. Conoce cómo operaban.
Reynaldo Abia, fiscal anticorrupción a cargo del caso, informó que la investigación se inició en marzo del presente año cuando llegó a su despacho una persona que denunció que estaban vendiendo camas UCI en el Almenara.
Añadió que, pese a la falta de pruebas, su oficina comenzó las indagaciones entre el personal del nosocomio.
Cuando estaban en medio de estas indagaciones, Abia dijo que llegó un segundo caso a través de los canales de denuncia habilitados por EsSalud, luego de lo cual se investiga de manera reservada y se entrevista a las autoridades del Seguro Social.
“En este segundo caso había más evidencia. En ese sentido nosotros tenemos que saludar a un valiente ciudadano que logra grabar a las personas (que le ofrecían la cama UCI) a través de las comunicaciones que sostenía por el Whatsapp”, aseveró.
Relató que el denunciante estaba desesperado, buscando una cama UCI para su hermano que tenía covid-19, cuando fue captado por estos malos elementos que le ofrecen atender a su familiar a cambio de 82,000 soles.
“Inicialmente le habían pedido 85,000 soles, y finalmente le rebajan a 82,000 soles. Obviamente cualquiera no tiene 82,000 soles, razón por la cual ha hecho el pago de manera fraccionada”, señaló.
El fiscal agregó que esta persona denunció a dos personas, sin saber que detrás de este caso de corrupción estaban comprometidas más personas, llegando incluso hasta personal administrativo del hospital Almenara.
“A raíz de esta denuncia se hace un trabajo de inteligencia, de video vigilancia y seguimiento a estas personas para poderlos identificar”, anotó.
Añadió que, ante la desconfianza, el denunciante les dijo a las personas que le ofrecían la cama UCI que no les iba a dar el dinero en la mano porque podría ser estafado.
“Entonces bancarizan la entrega del dinero. Pero, para ello, estas personas que actúan de manera ilícita involucran a sus familiares directos, a sus hijos, esposos, para que les puedan depositar (el dinero)”, relató.
Añadió que, a partir de esta bancarización, se empezó a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante.
Calificó de valioso el apoyo brindado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esta investigación, a través de la cual se pudo hacer un barrido del recorrido del dinero.
“Empezamos a encontrar a las personas, uno por uno, y ahí empezamos a vincular quiénes eran. Se trata de sus familiares, sus hijos, sus esposos. Lamentablemente para ellos los han involucrado”, subrayó.
Explicó que esta organización operaba de manera ilícita desde la parte externa del nosocomio, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital, donde estarían involucrados personal médico y administrativo.
“Según las conversaciones que tenemos, los hechos revelan que les decían que tenían amigos médicos y personal administrativos que lo van a ayudar a cambio de una cantidad de dinero”, relató.
Como parte de la estrategia que tenía para operar, los integrantes de esta organización criminal le enviaban al familiar del paciente fotografías del interior del nosocomio donde era atendido su ser querido para tranquilizarlo.
“Adicional a esta situación, estas personas habían hecho ingresar, de manera irregular, un ventilador mecánico y una cánula de alto flujo, casi ya en la última fase de la enfermedad del paciente”, manifestó.
Penas
Abia indicó que estas personas son investigadas por el delito de tráfico de influencias y que, de ser halladas culpables, podrían recibir una pena de cárcel de entre 4 a 6 años, de acuerdo a la establecido en el Código Penal.
“Y si ellos son funcionarios públicos hay un agravante, se incrementa la pena. Además, está el delito de cohecho activo, que tiene una pena no menor de 4 años”, anotó.
Explicó, sin embargo, que la Fiscalía está pidiendo que las penas por estos delitos se sumen a fin de que estos funcionarios públicos puedan recibir una pena de hasta 8 años de cárcel.
“Porque los delitos de corrupción de funcionarios son gravísimos porque atentan contra el funcionamiento de la administración pública, y eso quedará claro una vez que se pueda verificar y corroborar todos los hechos que se están imputando”, aseveró.
Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos y que tengan confianza en los operadores de justicia para combatir la corrupción.
“No tengan temor. Nosotros los fiscales conocemos todos los mecanismos, incluso, para reservar la identidad”, señaló.
Port su parte, el coronel PNP Arturo Valverde, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, detalló que Sebastián Bazalar Aróstegui compartió el dinero a otros presuntos miembros de la organización: Nery Ochoa Menacho y Pedro Pino Gonzales, del área administrativa del Almenara.
Sin embargo, tal como ocurrió con la captadora, en este caso el dinero no fue depositado directamente a las cuentas de los funcionarios, sino a las de sus hijos.
El alto mando indicó que la participación de médicos y personal de salud en la organización está en investigación.
Valverde aseguró que, hasta el momento, no se tienen denuncias de casos similares en otros hospitales del país; pero exhortó a la ciudadanía a denunciar si se presentan este tipo de solicitudes de dinero a cambio de camas UCI.
La operación, realizada esta madrugada en La Molina, Breña, Magdalena y San Miguel, contó con la participación de 114 policías y 10 fiscales, además de personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter).
Noticias
La salud rural llega al Congreso
La diputada por Huánuco Yuli Liliana Ambrosio Domínguez afirmó que una de las prioridades de su labor parlamentaria será fortalecer el primer nivel de atención en salud, al considerar que constituye el pilar para garantizar servicios oportunos y de calidad, especialmente en las zonas rurales del país.
Su experiencia durante años como enfermera en un establecimiento de salud del distrito de Pachas, provincia de Dos de Mayo, le permitió conocer de primera mano las dificultades que enfrentan tanto las familias como el personal sanitario en las comunidades más alejadas.
«No voy a legislar desde un escritorio. Voy a legislar desde la experiencia de haber recorrido nuestras comunidades, de haber atendido a las familias más vulnerables y de conocer las necesidades del Perú rural», afirmó.
Desde esa perspectiva, impulsa proyectos de ley orientados a reforzar el primer nivel de atención, dignificar las condiciones laborales del personal de salud y cerrar las brechas que aún afectan a miles de peruanos del ámbito rural. Su agenda también incorpora iniciativas para mejorar la educación, la infraestructura vial y las oportunidades de desarrollo de las once provincias de Huánuco, mediante un trabajo articulado con los gobiernos locales, el Gobierno Regional, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Como parte de ese proceso, mantiene reuniones con diversas instituciones, entre ellas el Colegio de Enfermeros del Perú, con el propósito de recoger aportes técnicos que contribuyan a fortalecer el sistema de salud y enriquecer las propuestas legislativas.
En tal sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en su trabajo parlamentario. «Trabajaré para que las necesidades de nuestras comunidades se conviertan en leyes y soluciones concretas. Huánuco necesita un Congreso que escuche, conozca el territorio y actúe con responsabilidad», concluyó.
Actualidad
Negocio comprometido: Suero defectuoso de Alkofarma, el entramado en CENARES y el hilo rojo que conduce a APP
Pese a las alertas de calidad emitidas por la DIGEMID sobre un suero de procedencia china, CENARES otorgó a Alkofarma una ampliación contractual por S/ 7,660,872.00 millones adicionales, tras la compra directa previa de suministros por S/ 31,217,061.50 millones realizada en 2025. La empresa, vinculada como sponsor de la UCV, también impidió una conciliación que representaba un ahorro de S/ 1.7 millones para el Estado.
Una presunta trama de serias irregularidades administrativas, direccionamiento de compras públicas y sospechosas conexiones políticas sacude al Ministerio de Salud (MINSA).
Documentos oficiales internos revelan que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) ha otorgado un trato privilegiado a la empresa ALKOFARMA E.I.R.L. que a su vez es financista y sponsor oficial del Club Universidad César Vallejo (UCV), propiedad de César Acuña.
El suero fisiológico (cloruro de sodio de 1Lt) importado de China por el mencionado laboratorio presentó deficiencias en la calidad que fueron reportadas por diversos hospitales y formalizadas por la propia DIGEMID pero a pesar de eso CENARES le aprobó un millonario contrato como prestación adicional de S/ 7.6 millones y también rechazó una conciliación con otro proveedor aduciendo un insólito «sobrestock”.
1. El origen: compra «no competitiva» por más de s/ 31 millones
En setiembre de 2025, CENARES convocó el proceso no competitivo (Contratación Directa N.° 22-2025-CENARES/MINSA) para la adquisición de 7,176,336 unidades de Cloruro de Sodio de 1Lt.; el contrato N.° 313-2025-CENARES/MINSA fue otorgado a ALKOFARMA E.I.R.L. por un monto de S/ 31,217,061.60 (a S/ 4.35 por unidad). El producto suministrado no era de origen peruano, sino importado de China del fabricante Shijiazhuang N°4 Pharmaceutical Co., Ltd. con Registro Sanitario EE-13689.

2. La alerta de DIGEMID que el MINSA prefirió «ignorar»
El producto que fue repartido en toda la red hospitalaria nacional no tardó en presentar problemas, varios hospitales reportaron estar inconformes con las especificaciones técnicas del suero recibido además de que este presentó fallas de calidad.
El 22 de julio de 2026, mediante la Carta N.º 644-2026-DG-DIGEMID-MINSA, la Directora General de DIGEMID, Dra. Lida Esther Hildebrandt Pinedo, notificó oficialmente al Viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre, sobre la crítica situación técnica del suero de ALKOFARMA; la nota da cuenta de que CENARES conocía formalmente estos fallos desde el 15 de junio de 2026 (Nota Informativa N.° D000504-2026-CENARES-DAD-MINSA).
¿Qué es lo que se debió hacer? DIGEMID estaba en la obligación de suspender o cancelar el Registro Sanitario y emitir una alerta pública para retirar el lote defectuoso, paralelamente CENARES debió resolver el contrato y convocar a una licitación pública, pero nada de eso ocurrió.
3. La jugada del adicional y la «mejora» de fachada
Pese a tener conocimiento de que el suero chino tenía defectos, CENARES emitió el 1 de julio de 2026 la Resolución N.° 161-2026-OA-CENARES-MINSA, otorgándole a ALKOFARMA una prestación adicional por el monto de S/ 7,660,872.00 para entregar 1.76 millones de unidades más.
En una posición insostenible debido a los cuestionamientos en la calidad del producto, ALKOFARMA envió la Carta N° 0061-LEGAL-ALKOFARMA-2026 (24 de julio de 2026) solicitando un cambio de fabricante para entregar el producto de la marca B. Braun Medical Perú S. aduciendo «problemas logísticos» con el proveedor de China, pero en el mismo escrito admitió que el producto de B. Braun representaba una «mejora en el bien».
De esta manera ALKOFARMA confirmó tácitamente que el suero chino con el que abasteció a miles de peruanos carecía de la calidad requerida, pero en lugar de sancionar a la empresa proveedora, funcionarios de CENARES (como José Antonio Vargas Molina, de Programación) tramitaron aceleradamente la solicitud para añadir una adenda al contrato.
4. Doble rasero en CENARES: se niegan a ahorrar s/ 1.7 millones
La evidencia de un eventual direccionamiento queda al descubierto con el caso MEDIFARMA S.A.:
- El 22 de julio de 2026, mediante el Informe N° D000693-2026-CENARES-OAL-MINSA, el Jefe de Asesoría Legal de CENARES, Francis William Bermejo Juárez, le recomendó al Director General de CENARES, Javier Iván Henostroza Cáceres, NO conciliar con el laboratorio MEDIFARMA S.A. en un proceso arbitral por suero de litro.
- El pretexto de CENARES: Argumentaron que el sistema CISMED registraba «sobrestock» de suero de 1Lt y que no había necesidad de abastecimiento.
- La contradicción criminal: CENARES adujo «sobrestock» para cerrarle la puerta a MEDIFARMA, lo que le hubiese generado un ahorro de S/ 1.7 millones de soles al Estado, pero simultáneamente firmaba un adicional de S/ 7.6 millones para seguir comprándole a ALKOFARMA. ¿Acaso es probable que tengan “sobrestock” de producto pero que se encuentran inmovilizados por falla de calidad? Si el producto permanece inmovilizado, el impacto económico no se limita al costo de esta compra por prestación adicional. También representa un mayor gasto para el Estado, ya que se suma el valor del inventario inmovilizado que, eventualmente, tendría que ser dado de baja por merma, motivo de su falla de calidad.
5. El hilo rojo que llega hasta Alianza para el Progreso (APP)
Detrás de las decisiones administrativas de CENARES opera una estructura política que estaría fuertemente conectada con el partido de César Acuña:
- ALKOFARMA es el Sponsor Oficial de la UCV: El laboratorio financia formalmente al Club Universidad César Vallejo (propiedad de la familia Acuña) en las temporadas 2024 y 2026, figurando en el pecho y espalda de su camiseta.
- Dirección de CENARES: El Director General del CENARES, Javier Iván Henostroza Cáceres, figura en los fueros políticos como un cuadro técnico estrechamente vinculado a las cuotas de poder desplegadas por APP en el Ministerio de Salud desde gestiones anteriores y fue Henostroza quien validó la postura institucional contra la conciliación con Medifarma y respaldó los actos administrativos en favor de Alkofarma.
- Desembarco en la Secretaría General del MINSA: la toma de posiciones dentro del sector se selló formalmente en el Diario Oficial El Peruano el pasado 31 de julio de 2026; mediante la Resolución Ministerial N° 661-2026/MINSA, suscrita por el nuevo Ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, se designó como Secretario General del Ministerio de Salud al señor Juan Carlos Gonzales Hidalgo, ampliamente conocido por haberse desempeñado como Personero Legal Nacional de Alianza Para el Progreso (APP).

Interrogantes para la fiscalía y contraloría
- ¿Por qué DIGEMID no canceló el registro sanitario ni alertó a la población sobre los lotes de cloruro de sodio con problemas de calidad?
- ¿Por qué CENARES insistió en otorgar una prestación adicional de S/ 7.6 millones a una empresa con un producto observado?
- ¿Cómo se justifica rechazar un ahorro de S/ 1.7 millones aduciendo «sobrestock» y al mismo tiempo comprarle casi 2 millones de unidades de sueros más a Alkofarma?, ¿Será acaso que existe inmovilización de unidades de suero de procedencia china proveído por Alkofarma?
- ¿Existen responsabilidades penales por negociación incompatible y tráfico de influencias entre los directivos de CENARES y los operadores de APP?
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