En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público capturaron hoy a nueve integrantes de la organización criminal Los Ángeles Negros, acusada de cobrar hasta 82,000 soles a pacientes covid por una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara. Conoce cómo operaban.
Reynaldo Abia, fiscal anticorrupción a cargo del caso, informó que la investigación se inició en marzo del presente año cuando llegó a su despacho una persona que denunció que estaban vendiendo camas UCI en el Almenara.
Añadió que, pese a la falta de pruebas, su oficina comenzó las indagaciones entre el personal del nosocomio.
Cuando estaban en medio de estas indagaciones, Abia dijo que llegó un segundo caso a través de los canales de denuncia habilitados por EsSalud, luego de lo cual se investiga de manera reservada y se entrevista a las autoridades del Seguro Social.
“En este segundo caso había más evidencia. En ese sentido nosotros tenemos que saludar a un valiente ciudadano que logra grabar a las personas (que le ofrecían la cama UCI) a través de las comunicaciones que sostenía por el Whatsapp”, aseveró.
Relató que el denunciante estaba desesperado, buscando una cama UCI para su hermano que tenía covid-19, cuando fue captado por estos malos elementos que le ofrecen atender a su familiar a cambio de 82,000 soles.
“Inicialmente le habían pedido 85,000 soles, y finalmente le rebajan a 82,000 soles. Obviamente cualquiera no tiene 82,000 soles, razón por la cual ha hecho el pago de manera fraccionada”, señaló.
El fiscal agregó que esta persona denunció a dos personas, sin saber que detrás de este caso de corrupción estaban comprometidas más personas, llegando incluso hasta personal administrativo del hospital Almenara.
“A raíz de esta denuncia se hace un trabajo de inteligencia, de video vigilancia y seguimiento a estas personas para poderlos identificar”, anotó.
Añadió que, ante la desconfianza, el denunciante les dijo a las personas que le ofrecían la cama UCI que no les iba a dar el dinero en la mano porque podría ser estafado.
“Entonces bancarizan la entrega del dinero. Pero, para ello, estas personas que actúan de manera ilícita involucran a sus familiares directos, a sus hijos, esposos, para que les puedan depositar (el dinero)”, relató.
Añadió que, a partir de esta bancarización, se empezó a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante.
Calificó de valioso el apoyo brindado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esta investigación, a través de la cual se pudo hacer un barrido del recorrido del dinero.
“Empezamos a encontrar a las personas, uno por uno, y ahí empezamos a vincular quiénes eran. Se trata de sus familiares, sus hijos, sus esposos. Lamentablemente para ellos los han involucrado”, subrayó.
Explicó que esta organización operaba de manera ilícita desde la parte externa del nosocomio, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital, donde estarían involucrados personal médico y administrativo.
“Según las conversaciones que tenemos, los hechos revelan que les decían que tenían amigos médicos y personal administrativos que lo van a ayudar a cambio de una cantidad de dinero”, relató.
Como parte de la estrategia que tenía para operar, los integrantes de esta organización criminal le enviaban al familiar del paciente fotografías del interior del nosocomio donde era atendido su ser querido para tranquilizarlo.
“Adicional a esta situación, estas personas habían hecho ingresar, de manera irregular, un ventilador mecánico y una cánula de alto flujo, casi ya en la última fase de la enfermedad del paciente”, manifestó.
Penas
Abia indicó que estas personas son investigadas por el delito de tráfico de influencias y que, de ser halladas culpables, podrían recibir una pena de cárcel de entre 4 a 6 años, de acuerdo a la establecido en el Código Penal.
“Y si ellos son funcionarios públicos hay un agravante, se incrementa la pena. Además, está el delito de cohecho activo, que tiene una pena no menor de 4 años”, anotó.
Explicó, sin embargo, que la Fiscalía está pidiendo que las penas por estos delitos se sumen a fin de que estos funcionarios públicos puedan recibir una pena de hasta 8 años de cárcel.
“Porque los delitos de corrupción de funcionarios son gravísimos porque atentan contra el funcionamiento de la administración pública, y eso quedará claro una vez que se pueda verificar y corroborar todos los hechos que se están imputando”, aseveró.
Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos y que tengan confianza en los operadores de justicia para combatir la corrupción.
“No tengan temor. Nosotros los fiscales conocemos todos los mecanismos, incluso, para reservar la identidad”, señaló.
Port su parte, el coronel PNP Arturo Valverde, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, detalló que Sebastián Bazalar Aróstegui compartió el dinero a otros presuntos miembros de la organización: Nery Ochoa Menacho y Pedro Pino Gonzales, del área administrativa del Almenara.
Sin embargo, tal como ocurrió con la captadora, en este caso el dinero no fue depositado directamente a las cuentas de los funcionarios, sino a las de sus hijos.
El alto mando indicó que la participación de médicos y personal de salud en la organización está en investigación.
Valverde aseguró que, hasta el momento, no se tienen denuncias de casos similares en otros hospitales del país; pero exhortó a la ciudadanía a denunciar si se presentan este tipo de solicitudes de dinero a cambio de camas UCI.
La operación, realizada esta madrugada en La Molina, Breña, Magdalena y San Miguel, contó con la participación de 114 policías y 10 fiscales, además de personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter).
