Pese a que él y su defensa tratan de negar a los cuatro vientos lo que todo el Perú vio aquel 7 de diciembre del 2022, cuando daba su sorpresivo mensaje a la nación, ayer el expresidente Pedro Castillo recibió un duro revés del Poder Judicial, que amplió por cuatro meses la orden de prisión preventiva en su contra por el fallido golpe de Estado que significó la caída de su régimen.

A través de su cuenta en la red social X, el citado poder del Estado, precisó que esta medida se da en el marco de la investigación por el delito de rebelión y otros. “El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia”, se detalló.

Igualmente, se indicó que esta medida rige hasta el 6 de agosto del 2025. Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios había pedido que la prisión preventiva contra Castillo Terrones sea ampliada por 18 meses.

La audiencia en la que se analizó el requerimiento del Ministerio Público se efectuó la semana pasada, cuando el fiscal explicó que existe peligro de fuga por parte de Castillo, al recordar que su familia está asilada en México y, además, no cuenta con arraigo laboral y obstruye a la justicia en las investigaciones que se le siguen.

Ante el juez Juan Carlos Checkley, el propio expresidente rechazó las afirmaciones de la fiscalía y señaló que nunca ha tratado de obstaculizar este proceso. Sin embargo, vale recordar que tras el fallido golpe Castillo intentó refugiarse en la embajada de México.

Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia pordría ser objeto de reformas por parte del Congreso

La propuesta legislativa presentada por el congresista Wilson Soto Palacios de Acción Popular, ha sido suscrita por representantes de cinco bancadas en el Congreso. Su objetivo es declarar en reorganización tanto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como al Ministerio Público, lo que podría implicar una reforma integral en estas entidades del sistema judicial nacional. Los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tienen la responsabilidad de seleccionar a los fiscales y jueces.

Congresistas de Acción Popular, Perú Libre, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia respaldan el proyecto de ley 8040/2023-CR, titulado «Ley de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público y deroga el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución».

Se propone la inclusión de una Cuarta Disposición Transitoria Especial en la Constitución Política. Esta cláusula indica que, una vez finalizado el período de los miembros actuales de la JNJ, una comisión reorganizadora asumirá temporalmente sus responsabilidades.

Un presidente y un vicepresidente interinos serán seleccionados por los expresidentes del Tribunal Constitucional (TC) para liderar exclusivamente esta comisión.

“Los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia concluyen su mandato con la entrada en vigor de esta Disposición Transitoria Especial. Asume transitoriamente las funciones de la Junta Nacional de Justicia una comisión reorganizadora integrada exclusivamente por los ex presidentes del Tribunal Constitucional, quienes entre ellos eligen a su presidente y vicepresidente”, dice en el primer párrafo del artículo 2 del proyecto de ley.

Cuando los nuevos miembros de la JNJ sean seleccionados, las funciones del grupo de trabajo formado por los expresidentes del TC llegarán a su fin.

La iniciativa legislativa, titulada «Exposición de Motivos», justifica su propuesta argumentando la necesidad de abordar la «grave crisis institucional» que atraviesa el Poder Judicial.

“Las organizaciones referidas motivan titulares a diario en casi todos los medios de comunicación por las conductas de sus miembros que lo involucran en graves actos contrarios a la Constitución y a las leyes, que además los conflictúan entre ellos”.

Se indica además que tanto los miembros del Ministerio Público como del pleno de la JNJ están siendo investigados por presuntos actos ilícitos.

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